El gobierno de la Ciudad realizó una mesa de diálogo con mujeres de organizaciones civiles para atender el problema de violencia de género. El evento respondió a las protestas por el maltrato institucional a las víctimas, sin que las organizaciones que exigieron justicia fueran invitadas
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Especial, Gobierno de la Ciudad de México
Los programas ordinarios de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres realizados en la Ciudad de México son insuficientes, lo que se necesita es un plan de acción extraordinario para atender la magnitud del problema, advirtió este miércoles la representante de Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido.
“Necesitamos acciones extraordinarias para por lo menos disminuir la violencia feminicida, y tener plazos. Decir de aquí a tres años voy a incrementar el acceso a la justicia en estos casos. Eso es lo que se está solicitando como algo adicional a los programas de política pública que ha propuesto el gobierno”, dijo.
Desde 2017, esta Justicia Pro Persona ha pugnado para que en la Ciudad de México se emita una alerta de género, para cambiar los procesos institucionales que impiden el acceso a la justicia de las mujeres, por no mencionar una vida sin violencia.
“El gobierno no sólo debe tener una reacción coyuntural ante casos específicos o ante la visibilización mediática de una violación o por alguna otra razón. Está bien que ya quieran dar respuestas inmediatas, pero también deben atender estas fallas que hacen que todas las mujeres tengamos casi seguro que vamos a ser revictimizadas por la violencia institucional al interior de estas organizaciones”, señaló.
La activista propuso que no sólo se debe capacitar a los funcionarios públicos sino establecer sanciones para aquellos cuyas fallas propicien impunidad.
Ana Yeli Pérez fue una de las asistentes a la mesa de diálogo que instauró el gobierno de la Ciudad de México con organizaciones civiles para plantear soluciones ante la violencia sexual, dos días después de la marcha #Nomecuidanmeviolan.
Otra asistente fue María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien destacó la necesidad de conocer los avances de las iniciativas gubernamentales, como los de la procuraduría especializada en feminicidio, creada al inicio del gobierno de Sheinbaum.
“¿Qué ha pasado con las abogadas que pusieron a acompañar los procesos judiciales en los Ministerios Públicos?”, cuestionó.
El lunes pasado cientos de mujeres, sobre todo jóvenes, salieron a las calles para exigir seguridad y justicia en el caso de una menor de edad que denunció a cuatro policías por violarla en una patrulla en la alcaldía Azcapotzalco.
Durante la protesta, las mujeres rompieron las puertas de vidrio de la Procuraduría General de Justicia, porque su titular, Ernestina Godoy, no aceptó reunirse con ellas.
Casi una hora después de concluida la protesta, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tildó como una provocación los daños a las instalaciones de la Procuraduría, lo que generó una oleada de críticas y al día siguiente tuvo que emitir un nuevo mensaje para informar que seis policías estaban separados de sus funciones para ser investigados por abusar de dos mujeres en distintos casos.
Este miércoles, en la mesa de diálogo a la que no fueron invitadas las organizaciones que protestaron el lunes pasado, la procuradora Ernestina Godoy y la jefa de Gobierno listaron las acciones emprendidas para combatir la violencia institucional.
Como la creación de la defensoría de las mujeres, que puso en cada Ministerio Público a una abogada para dar acompañamiento legal en el proceso judicial de las mujeres que asisten a denunciar.
Enumeraron los actos emprendidos desde el inicio de su gestión: revisión y reclasificación de carpetas de investigación que cambiaban delitos de género por delitos como robo o amenazas; capacitaciones en perspectiva de género a policías; instalación de centros de atención a mujeres víctimas de violencia.
“Es el principio, pero sabemos que no es suficiente y necesitamos más”, reconoció la jefa de Gobierno.
La mayoría de oranizaciones convocadas por la Jefatura de Gobierno respaldaron a la gobernante y repudiaron los daños en las instalaciones de la Procuraduría.
“Si de algo estoy orgullosa es de pertenecer al movimiento feminista. de construir un mejor momento”, dijo muy convencida Julia Pérez, coordinadora de la organización Defensa jurídica y educación para las mujeres. “Estas luchas las hemos hecho, siempre, desde la propuesta, desde el diálogo, pero siempre sin violencia”.
Por su parte, la académica Marta Lamas dijo: “Estoy orgullosa del gobierno de la ciudad que tenemos. Estoy consciente de lo difícil que es poner orden. Vengo a darle las gracias porque nos abrieron las puertas las feministas”, afirmó sobre la administración que levantó carpetas de investigación por los daños realizados durante las manifestaciones.
Terminada la mesa, en un mensaje ante medios de información, la jefa de gobierno aseguró que esta es solo la primera de varias mesas de diálogo que se llevarán a cabo.
“Estamos formando un convenio con el Centro de estudios de género de la UNAM, con la Universidad de la Policía y con el Instituto de formación de la Procuraduría, para una capacitación y formación integral en temas de género tanto a la Policía, como a la Procuraduría y a cualquier funcionario público.
Aseguró que el diseño de este convenio podría tardar de dos o tres meses y que a partir de él se podrán tener algunas otras acciones para implementar a la brevedad.
Esta mesa de diálogo más bien pareció un ejercicio estéril, aseguró Xóchitl Rodríguez, comunicóloga y feminista que sí asistió a la manifestación del lunes, pues no invitaron al panel a ninguna de las organizaciones y colectivos que formaron parte de la marcha.
“Creo que tal vez si se comprometieran a que las demás mesas sean más sinceras, más abiertas, podría funcionar. La verdad es que yo creo que sí sintió el trancazo mediático de lo que dijo el lunes, y por eso quiso repararlo”.
Para Xochitl, este tipo de mesas no sirven de mucho, pues deberían tomar en cuenta muchas más cosas.
“Hay muchos programas, pero de verdad los procesos (de denuncia) tienen que ser más transparentes y un poco mucho más rápidos”.
“Más que nadie le crea el cambio, este tiene que traducirse en acciones”, sentencia.
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