Hace 8 años la llegada del Huerto solar, proyecto de 120 millones de pesos de Iberia Renovables, auguraba un cambio radical en Canatlán, Durango. El proyecto de casi 400 hectáreas, entregaría a los ejidatarios de la zona una buena renta y una serie de obras en beneficio de la comunidad. Hoy el huerto no opera, la obras no se terminaron y la remediación ambiental no se cumplió

Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Redes sociales del gobierno de Durango

CIUDAD DE MÉXICO.- La promesa de las energías renovables nunca se cumplió en Canatlán, Durango. Ejidatarios de este municipio se sienten estafados por un megaproyecto de energías renovables que se empezó a gestar desde 2015 e incluía una inversión de 120 millones de dólares para instalar una planta de páneles solares en más de 300 hectáreas de la sierra de Durango 

Un grupo de ejidatarios inconformes demandan que se reparen los daños ecológicos que implicó la instalación de la planta (entre ellos la tala de 400 hectáreas de huizaches y mezquites), que terminen las obras prometidas de bienestar que prometieron, que se vuelva a negociar la renta pactada y que se paguen los periodos vencidos. 

El proyecto inició su construcción en febrero de 2019 y suponía iniciar a operar en 2021, pero la planta no se ha conectado a ningún lugar, pues no cuenta con los permisos necesarios por parte de la Comisión Reguladora de Energía.

Originalmente la idea era que la energía del Huerto solar se vendiera a empresas por fuera del mercado de la CFE, sin embargo, este plan se vio truncado con la Reforma Eléctrica de la administración de López Obrador, que prohibió este esquema de operación que propició un mercado alterno de energía para las empresas en México.

“No se han podido conectar a las líneas de transmisión de la Comisión (Federal de Electricidad). Según la ley, cualquiera puede generar energía para autoconsumo, pero como la tirada era vender a Comisión Federal, no les han dado permiso y ahí está el parque ese semiabandonado. Seguido salen con que ya van a empezar, pero nomás nada”, comenta la respecto Gregorio Soto, uno de los ejidatarios que demandan que empresa Ibera Renovables repare los daños provocados en Canatlán. 

En Canatlán no hay certeza de quién es la compañía Iberia Renovable. Inicialmente sus representantes eran unos españoles, sin embargo, ante el retraso del inicio de las operaciones, algunos pobladores aseguran que han visto a personas con rasgos orientales que presumen, son empresarios chinos. 

Promesas rotas

Hace 8 años, cuando se empezaba el rumor de la llegada del Huerto Solar a Canatlán, Gregorio Soto era uno de los ejidatarios convencidos de los beneficios que traería la planta fotovoltáica. “Nos decían que iba a llegar la inversión, el dinero, que íbamos a invertir en el futuro y no sé cuánta cosa más”, comenta en una entrevista por teléfono. 

Según la Manifestación de Impacto Ambiental la instalación de paneles solares en 330 hectáreas de monte debería contemplar la reforestación de 248 hectáreas en un ejido vecino del que albergaría la planta, por supuesto con especies endémicas. En el mismo espacio, Iberia Renovables construiría 1,163 presas filtrantes para la captación de lluvia. Todo en un plazo menor a seis meses desde el inicio de construcción de la planta. 

Un año después de cumplido el plazo, ejidatarios de Canatlán fueron a inspeccionar las obras de mitigación prometidas, pero ninguna se había llevado a cabo. Algunos días empleados de Iberia fueron  a plantar algunas especies, pero no llegaron ni a las tres hectáreas, les informaron. 

“Se supone que también nos iban a hacer un proyecto ejecutivo para traer agua de una presa cercana, entre otros 17 compromisos, de los que solo cumplieron a medias”, recuerda Gregorio. “También iban a ponerle paneles solares al pozo de agua del pueblo, para no pagar esa energía, pero lo hicieron a medias porque lo que generan no alcanza y todavía tenemos que pagar algo de las bombas cada mes, eso les quedó al 50. También se supone que nos iban a traer una retroexcavadora y un camión de volteo, pero trajeron unos mugreros viejos que están descompuestos y no sirven”, dice con enojo. 

Permisos vencidos

Según Gregorio, los ejidatarios firmaron con la empresa un contrato de arrendamiento en enero de 2014 para rentar a Iberia Renovables cerca de 380 hectáreas donde se establecería el huerto solar. De ahí en adelante, la expresión que más se escuchaba en Canatlán era el “ya mero, ya mero”. 

El proyecto era tan importante que el entonces gobernador del estado, Jorge Herrera le encargó el proyecto a su secretario de Agricultura, Carlos Matuk. El primer permiso obtenido por Iberia Renovables para la construcción del parque fotovoltáico se entregó por la Secretaría del Medio Ambiente en 2015 y contemplaba una vigencia de tres años para la preparación y construcción del proyecto, sin embargo, su construcción no inició sino hasta un año después del vencimiento del permiso, en febrero de 2019. 

“La empresa comenzó con los desmontes y trabajos, en febrero de 2019, pero luego un grupo de compañeros nos dimos a la tarea de estar revisando la situación y nos dimos cuenta que no tenían la manifestación de los impactos ambientales vigente ni tampoco otros permisos”, comenta Gregorio. 

Cuando él junto con otros ejidatarios acudieron a las oficinas de delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Durango, su responsable les dijo que en efecto, el permiso no estaba vigente, pero que se encontraba uno nuevo en proceso, por lo que los envió a revisar a la Ciudad de México, directamente. 

Después de meses de investigación y documentación, en agosto de 2019, Gregorio junto con esos ejidatarios enviaron tres denuncias por la falta de permisos, una al entonces titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, otra en la Profepa y una más en las oficinas de atención ciudadana de Presidencia.

Como respuesta a las denuncias, el subdelegado de la Profepa en Durango, aseguró que existía una ampliación de la vigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental, entregada en 2017, sin embargo, según los documentos de esa ampliación, esta se refiere a una ampliación del terreno de operación, no de los plazos autorizados para la construcción de la planta. 

“Nosotros sentimos que se sacó esa ampliación de la manga. Resulta incongruente que si la empresa tenía esta ampliación, no tenía caso que presentara una solicitud de permiso en febrero de 2019, como dijo el de Profepa”, comenta al respecto Gregorio Soto. 

Además de las quejas por la falta de permisos, algunos ejidatarios de Canatlán  piden que se vuelva a negociar la renta que cobra el ejido por el espacio, pues según contempla la Manifestación de Impacto Ambiental, la empresa esperaba tener utilidades cercanas a los 500 millones de pesos al año por la venta de energía y solo entregarían 2.7 millones por la renta del terreno a los ejidatarios.