López Obrador supo jugar la carta que anunció tras los comicios del 6 de junio: puso sobre la mesa una iniciativa de reforma eléctrica que puso al PRI contra las cuerdas y que podría poner punto final a la alianza entre sus opositores

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En marzo de 2013, Enrique Peña Nieto se apersonó en la XXI Asamblea Nacional del PRI para coronar con su presencia el cambio a los Documentos Básicos del partido, y celebrar la actualización de sus Estatutos y su Programa de Acción con una frase: “con pragmatismo y sin dogmas, el PRI se transforma para poder transformar a México”.

Corrían los tiempos del Pacto por México, y para el PRI era imperativa una reforma estatutaria que le permitiera a Peña Nieto cumplirle al PAN lo acordado, y a los priistas, aprobar la reforma energética que le negaron a los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Entre las modificaciones al Programa de Acción del tricolor destacaba la del artículo 300, que a la letra decía: “el objetivo de garantizar la seguridad energética del país y ofrecer productos y servicios suficientes, oportunos, de calidad y competitivos para todos los mexicanos, esto implica que es necesario mantener la propiedad, la dirección, el control y el usufructo del Estado en Pemex, CFE y LyFC y transformarlas en empresas paraestatales modernas, para lo cual es indispensable fortalecerlas, innovarlas y actualizar sus marcos legales para que prosiga su aporte al desarrollo del país”.

Este artículo fue modificado para quedar así: “el objetivo de garantizar la seguridad energética del país y ofrecer productos y servicios suficientes, oportunos, de calidad y competitivos para todos los mexicanos, esto implica diseñar mecanismos para favorecer una mayor participación del sector privado en la generación de energía, manteniendo la propiedad y rectoría sobre los hidrocarburos y otras fuentes energéticas por parte del Estado y que sea éste el garante del desarrollo nacional”.

La dirigencia priista del mexiquense César Camacho Quiroz trabajó durante meses para lograr los cambios demandados por el nuevo primer priista del país, un hombre pragmático rodeado por un grupo de economistas y políticos del “nuevo PRI” encabezados por Luis Videgaray.

Camacho y sus operadores apagaron los pocos focos de inconformidad con la actualización de los documentos básicos del partido y lograron que el 3 de marzo de 2013, a mano alzada, 4 mil 300 delegados a la XXI Asamblea Nacional aprobaran los cambios demandados desde Los Pinos.

El cambio más polémico tenía que ver con la reforma hacendaria, pues los priistas eliminaron un candado que había puesto la Asamblea Nacional en 2001, y que a la letra decía: “el PRI defenderá la economía popular y no aceptará el IVA en alimentos y medicinas”. Eso abría la puerta a una reforma fiscal como la que el PRI le negó a Fox en 2005.

Pero, a la larga, el cambio más trascendental había ocurrido en lo energético, al sustituir la frase “mantener la propiedad, dirección, control y usufructo del Estado en Pemex, CFE y LyFC” en su Programa de Acción, por “diseñar mecanismos para favorecer una mayor participación del sector privado en la generación de energía”.

Eso permitió que, a finales de ese mismo año, el PRI y el PAN aprobaran la reforma energética del Pacto por México: una serie de modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que implicaban cambios en las industrias petrolera y eléctrica.

En ese momento, el PRI era la primera fuerza política del país: acababa de regresar a la Presidencia de la República, tenía 52 senadores, 212 diputados federales y gobernaba en 20 entidades.

Bajo el lema de “transformando a México” y con el Pacto por México como carta de navegación, el PRI daba la espalda al nacionalismo revolucionario, a la voz de un presidente que les llamaba a actuar “con pragmatismo y sin dogmas”.

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Hoy, el PRI se enfrenta al mismo dilema en torno a la industria energética, pero en condiciones diametralmente distintas.

Es la tercera fuerza política del país; después de las elecciones del 6 de junio, sólo le quedarán cuatro gobernadores, y cuenta con una minibancada de 13 senadores en la Cámara alta, y un grupo parlamentario de 71 diputados.

Y, nuevamente, la voz de un presidente los pone contra las cuerdas; esta vez para desandar el camino del sexenio peñista.

Cuando Andrés Manuel López Obrador llama al PRI a aprobar su reforma eléctrica y a definirse entre el salinismo o el cardenismo, está pidiéndole, en los hechos, dar marcha atrás a los cambios aprobados por su Asamblea Nacional en 2013.

La reforma eléctrica de la 4T, que volvería a modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, requiere de los 71 votos del PRI en la Cámara de Diputados y de sus 13 votos en el Senado de la República, pues Morena, el PVEM y el PT no cuentan con las dos terceras partes en ninguna de las dos Cámaras.

El presidente lo sabe, y sabe también que la mejor manera de presionar al PRI es apelando a su pasado revolucionario y colocando a sus actuales dirigentes frente a un dilema tan grave como el de 2013: guiarse por el pragmatismo o aferrarse a sus dogmas.

Ésa es la encrucijada de la nueva cúpula priista: el dirigente Alejandro Moreno, el coordinador de los diputados Rubén Moreira (ambos exgobernadores asistentes a aquella Asamblea Nacional de marzo de 2013) y el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, en aquel entonces secretario de Gobernación.

No es fácil su dilema: regresar al nacionalismo revolucionario de antes de Salinas, Zedillo y Peña Nieto, y convertirse en aliados parlamentarios de López Obrador en esta reforma, o mantenerse leales a su compromiso con el PAN y el PRD, partidos con los que firmó el Pacto por México en 2012 y la Alianza por México en 2021.

La decisión que adopte el PRI influirá, sin duda, no sólo en el futuro de la industria eléctrica, sino en el rumbo político electoral del país de aquí a 2024.

De entrada, las alianzas que estaban comenzando a construirse entre PAN, PRI y PRD para los seis estados donde habrá elecciones en 2022: Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca (éstas dos últimas gobernadas por el PRI).

Después, otros dos estados que aún conserva el tricolor: Coahuila y Estado de México, en 2023.

Y, finalmente, la candidatura presidencial de 2024.

López Obrador supo jugar la carta que anunció al día siguiente de los comicios del 6 de junio: puso sobre la mesa una iniciativa de reforma eléctrica que pone al PRI contralas cuerdas y que podría poner punto final a la alianza entre sus opositores.

Cajón de sastre

Hace 10 años, el 16 de octubre de 2021, falleció el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, referente del periodismo mexicano de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

Su trayectoria fue un ejemplo para varias generaciones de periodistas –la mía, desde luego– y su Plaza Pública, un faro que iluminó la vida política del país en aquellas zonas donde políticos y criminales trataron de mantener bajo la oscuridad.

Hoy, hace falta su lucidez, su rigor, su pluma y su constancia. Viva siempre el gran maestro Granados Chapa.