Nayib Bukele, presidente de El Salvador, emprendió una guerra en contra de las pandillas salvadoreñas con un costo inimaginable. Este es el testimonio gráfico de la guerra.

Texto y fotos: Fred Ramos*

La vida del señor M no fue la misma desde el momento en que entró caminando a la prisión, luego de que lo arrestaran en El Salvador. Seis meses después, cuando lo liberaron, sus dos piernas habían sido amputadas. En su casa lo esperaba un nuevo miembro de su familia, un hijo de cuatro meses.

Afuera de esa prisión, El Salvador también había cambiado. La guerra del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las poderosas pandillas produjo una caída histórica del número de homicidios, pero a un costo muy alto, como el  que sufrió el Señor M. Tras un año del régimen de excepción en este país centroamericano hay 62 mil personas en prisión, muchas de ellas arrestadas en condiciones irregulares. Muchas de ellas pobres e inocentes, como el Sr. M.

Durante tres décadas, las guerras entre pandillas convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo, en marzo de 2022, la guerra de pandillas alcanzó un nivel de violencia que no se había vivido desde los tiempos de la guerra civil: miembros de la pandilla MS-13 asesinaron indiscriminadamente a 87 personas en tres días, incluido un vendedor de frutas, un trabajador doméstico y un empleado del gobierno. El presidente Nayib Bukele, quien estaba por cumplir tres años en el poder, respondió a esta escalada de violencia declarando un régimen de excepción que suspendió cuatro  garantías  constitucionales fundamentales:  libertad de asociación (Art. 7); derecho a ser informado(a) de las razones para la detención, prohibición de obligar a una persona a declarar y derecho a la defensa (Art. 12 inciso 2); duración máxima de la detención administrativa (Art, 13 inc. 2) e inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones (Art. 24).

Adicionalmente, el régimen de excepción otorgó a las autoridades amplios poderes para realizar arrestos. Incluso cuando las pruebas fueran débiles o inexistentes. También lo facultó a interceptar comunicaciones sin orden judicial e ignorar las garantías del debido proceso. Durante el último año, la población carcelaria, que antes ya era de 4 mil personas privadas de libertad, ha superado las cien mil, dando al pequeño país centroamericano la distinción de tener la tasa de reclusos más alta del mundo (1% de la población). El presidente Bukele construyó una mega cárcel  llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para albergar 40 mil reclusos, la cárcel más grande de Latinoamérica. En un año, El Salvador pasó de ser uno de los países con más personas asesinadas a ser uno con más personas encarceladas.

Los homicidios se han reducido en un 50 % debido al régimen de excepción, pero miles de personas inocentes que viven en barrios marginales han sido atrapadas en arrestos masivos. La corrupción, las investigaciones no calificadas y un sistema judicial saturado ha dejado a esa población languideciendo en prisiones superpobladas.

Poco se sabe sobre las condiciones en el interior. El gobierno prohíbe las visitas de familiares y niega el acceso a periodistas y ONG. Los únicos testimonios disponibles provienen de las pocas personas que han sido liberadas en las últimas semanas, la mayoría con medidas sustitutivas a la prisión. Los testimonios dan cuenta de torturas, mala alimentación y condiciones de vida insalubres. Según la organización de derechos humanos, Cristosal, al menos cien personas han muerto bajo custodia porque les negaron medicamentos o los golpearon brutalmente. Familiares de los fallecidos han denunciado que no fueron informados del deceso de sus seres queridos hasta que las funerarias los llamaron ofreciendo sus servicios.

La represión de Bukele contra las pandillas tiene un amplio apoyo, no solo en El Salvador donde según la última encuesta de Cid Gallup el 90% de la población aprueba la gestión del presidente.

A pesar de eso, están surgiendo grietas en la percepción de la población salvadoreña. En los barrios aterrorizados por la MS-13 y su rival Barrio 18, el miedo de muchos residentes a las pandillas ha sido reemplazado por el miedo a la policía.

*Fred Ramos, nació en Santa Ana, El Salvador en 1986, estudió y ejerció como diseñador gráfico en agencias de publicidad durante cuatro años, pero luego se cambió al periodismo en un esfuerzo por comprender y contar historias impulsadas por humanos sobre la violencia, la pobreza y las fuerzas migratorias que lo rodeaban. Su trabajo ha sido publicado en El Faro, The New York Times, The Washington Post, New Yorker, Bloomberg, The Economist, Time Magazine, entre otros.