Texto y fotos: Lydiette Carrión y Ximena Natera

Este año, los seis presos políticos de Tlanixco fueron reconocidos con el premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”, pero continúan en la cárcel. Se abre la posibilidad, sin embargo, de que por fin se reconozcan las irregularidades en su proceso judicial, así como el compromiso que han tenido por la defensa del agua y el territorio

TENANGO DEL VALLE. ESTADO DE MÉXICO.- La mañana del 1 de abril de 2003 las mujeres estaban lavando, cuando vieron pasar un grupo de 12 personas: ingenieros, dueños floricultores, avecindados del municipio vecino de Villa Guerrero, con quienes mantenían un conflicto por años. Los vieron dirigirse camino abajo, rumbo al río.

El río Texcaltenco –o río Grande, como lo llaman los pobladores– nace en el fondo de un barranco de unos 100 metros de profundidad. A medio camino entre la cima y el fondo, a la altura de San Pedro Tlanixco, municipio Tenango del Valle, se encuentran unos lavaderos públicos alimentados por un manantial de agua cristalina. Ahí estaban ellas, recuerda Roberto Pérez González, hermano de Dominga.

En ese 2003 los lavaderos tenían tiempo abandonados, pero ese año las mujeres de San Pedro Tlanixco se juntaban ahí para lavar la ropa y platicar. Y es que la región, que es bendecida con riachuelos, manantiales –además de Río Grande–, tiene casas en donde escasea el agua. En aquel año, las llaves de las casas servían cada 15 días.

A pesar de que el Río Grande nacía en el municipio de San Pedro Tlanixco y sus pobladores ostentaban legalmente su usufructo desde muchos años atrás, la Comisión Nacional del Agua canceló su concesión el 14 de mayo de 2001, sin ninguna explicación. Pocos meses después, los habitantes se enteraron que sus aguas habían sido entregadas al municipio de Villa Guerrero, unos 8 o 10 kilómetros río abajo, y sede de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi), donde radican las empresas floricultoras de capital extranjero más grandes del país.

Las autoridades estatales, para apaciguar al pueblo, les ofreció un pozo artesanal. Pero la disponibilidad del agua era imprecisa y cambiante para su siembra y necesidades.

Para 2003, los pobladores de Tlanixco estaban movilizados. Sus representantes (elegidos por usos y costumbres) interpusieron un amparo, y sus comisionados del agua luchaban por recuperar el usufructo total del río.

Por su parte, los empresarios de Villa Guerrero acusaron a los pobladores de Tlanixco de contaminar o ensuciar el agua del río Grande a propósito.

Así que el primero de abril de 2003, cuando las mujeres vieron a 12 personas bajar con rumbo al río, se apresuraron a avisar en el pueblo. Tocaron las campanas de la iglesia, se reunieron unas 300 personas y fueron a buscar a quienes calificaron de intrusos.

Una parte de los pobladores bajó por el camino de los lavaderos, y otra parte, por otra vereda –bastante más alta, empinada y peligrosa–, unos 3 kilómetros río arriba. Y ahí fue donde hallaron al grupo de floricultores, encabezados por Alejandro Isaak Basso, floricultor de ascendencia española.

Para cuando ambos grupos se encontraron eran aproximadamente las dos de la tarde, y se hicieron de palabras. Acordaron subir al poblado y comenzaron a recorrer la vereda empinada y peligrosa. Aquí es cuando las versiones se dividen:

Los empresarios aseguraron que los amenazaron con colgarlos, y que el empresario fue arrojado a la barranca.

Los pobladores sostienen que éste se resbaló.

Alejandro Isaak Basso murió aquella tarde en el fondo de la barranca.

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Las primeras declaraciones de los 11 testigos que señalan a personas con nombre y apellido no fueron de inmediato. Pasaron 15 días, y están fechadas el 16 de abril de 2003. Antes de esa fecha -después se sabría-, los testigos se habían reunido con autoridades, revisaron videos de los encuentros entre líderes indígenas y funcionarios del gobierno de Arturo Montiel. De ahí sacaron nombres y rostros.

Al inicio, los testigos señalaron hasta en tres ocasiones, a cuatro personas “sin temor a equivocarse” como responsables del “linchamiento”. Una de esas cuatro personas fue Venancio Zetina González, dijeron. Pero éste había muerto un año antes de los hechos.

Otro de los acusados era un profesor de nombre Faustino Trujillo Perdones, éste tiene una discapacidad motriz y no puede caminar sin muletas, mucho menos subir o bajar por veredas y patear repetidamente a Isaak, como aseguraron en declaraciones.

El tercer y cuarto sentenciado fueron Benito Álvarez Zetina y Eva Olimpia Álvarez Tejeda, pero ellos acreditaron que se encontraban haciendo unos trámites al momento de los hechos: presentaron videos oficiales y documentos que los situaban en otro lugar.

Faustino, Benito y Eva -además de Venancio que había muerto un año antes de los hechos- fueron liberados por falta de pruebas en su contra y por lo inverosímil de la acusación.

Pero bajo las declaraciones de los mismo testigos, halló la defensa, otras seis personas fueron detenidas:

• Pedro Sánchez Berriozábal, campesino de entonces 38 años y miembro saliente del Comité de Agua Potable de San Pedro Tlanixco, fue detenido el 22 de julio por policías estatales.
• Teófilo Pérez González, albañil de 33 años y miembro entrante del Comité de Aguas, fue detenido el mismo día 22 de julio.
• Marco Antonio Pérez González, un albañil de 24 años, fue detenido tres años después, el 14 de diciembre de 2006. Él era miembro entrante del Comité de Aguas al momento de la muerte.
• Lorenzo Sánchez Berriozábal, un obrero de 42 años, quien era miembro saliente del Comité de Agua potable, también fue detenido el 14 de diciembre.
• Rómulo Arias Mireles, de 36 años y mecánico del pueblo, y quien era miembro entrante del Comité de agua al momento de la muerte violenta del floricultor, también fue detenido. Él era un actor clave de la comunicación al interior del pueblo y por ello, su persona era relevante en el movimiento por la defensa del agua.
• La madrugada del 9 de julio de 2007, una treintena de patrullas invadieron la calle sobre la que se encontraba el hogar de Dominga González Martínez, una campesina de 45 años, que había formado parte del comisariado ejidal durante varios años y en su momento firmó un amparo contra el despojo del agua. Tres años después de los hechos, un testigo declaró haber visto a una señora “morena y chaparrita”. Eso fue suficiente para que el juez determinara su culpabilidad. Así que ese 9 de julio se la llevaron en medio de un despliegue de fuerza policial monumental, que dejó a su hija de entonces 17 años y al resto de su familia, aterrados.

Todos los detenidos eran miembros activos en contra de la privatización del agua, resume Roberto Pérez González, hermano de Dominga.

A estas seis personas se les encarceló. El 13 de junio de 2006, Teófilo, Pedro y Rómulo Arias Mireles, sentenciados el día 13 de junio del año fueron sentenciados al menos a 50 años de cárcel. En un segundo momento y tras 10 años de proceso judicial, el 27 de noviembre del 2017, Marco Antonio, Lorenzo y Dominga recibieron una sentencia similar. Actualmente se encuentran en el penal de Santiaguito, Estado de México.

“Nuestros presos, en este caso Pedro, Lorenzo, Teófilo, Rómulo y Marco Antonio, eran representantes del agua potable. Y lógicamente ellos asistían a muchas mesas de negociación con Gobernación [del Estado de México]. Se llevaban muchas mesas de diálogo con gobernación, pero Gobernación siempre hizo caso omiso de eso. Arturo Montiel era gobernador, nos citaban a cada rato”, explica Roberto, hermano de Dominga.

“Dominga, por ejemplo, firmó un amparo para proteger las tierras y el territorio, y en este caso como es ejido, esto tiene poder muy diferente”.

Las detenciones arbitrarias, los rondines de policías estatales en el pueblo desarticularon el movimiento en contra de la privatización del agua. Desde aquel 2003 hasta la fecha, los pobladores de San Pedro Tlanixco no pueden aprovechar el caudal de su Río Grande.

El caso quedó en el silencio durante muchos años. Las autoridades del Estado de México se referían a San Pedro Tlanixco como un pueblo conflictivo. Sin embargo, el caso fue tomado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el cual determinó que la sentencia del juez no sólo estaba basada en declaraciones inducidas, sino también era racista y discriminatoria. Actualmente el caso se discute entre organizaciones internacionales de derechos humanos.

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