17 junio, 2022
Durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente López Obrador se comprometió a informar sobre los casos de corrupción dentro del sector agrario nacional; esto, derivado de un informe en el que se muestra que estas prácticas no se han erradicado.
Texto: Reyna Haydee Ramírez
Foto: Presidencia
CIUDAD DE MÉXICO.- Derivado de un diagnóstico de febrero del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a presentar un informe del combate a la corrupción detectada en las dependencias federales que atienden al sector agrario. Tambibién rendirá cuentas de los avances en la resolución de conflictos agrarios y medioambientales en el País.
El informe, dijo, sería en dos semanas, en conferencia de prensa, a la que asistirán también a rendir cuentas al menos los titulares de Sedatu, Semarnat y la Procuraduría Agraria.
El compromiso surgió tras un diálogo circular en la conferencia matutina de este viernes. Ahí se le planteó la preocupación de indígenas, ejidatarios y comuneros de diversos estados del país. Ellos consideran que en dos años más terminará su sexenio y no ven voluntad política del presidente para ejecutar sentencias firmes de añejos conflictos agrarios; con esto esperan que se les pueda dar certeza jurídica de sus tierras.
–Presidente, su voluntad política, ¿de verdad existe o ya se dio por vencido?– cuestionó esta reportera.
–Vamos a seguir luchando por convicción, por principio. Nosotros no nos vamos a cansar, hemos avanzado y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos que no haya cumplido–, respondió.
Los dos años tres meses que restan del sexenio es mucho tiempo, dijo el presidente. Asimismo afirmó que se siente fuerte para seguir apoyando a la gente que necesita justicia.
“Es muchísimo tiempo. Si en el tiempo que llevamos, todavía no llegamos a cuatro años, miren cuánto hemos hecho, imagínense con los dos que nos faltan, dos años tres meses; que, además, tengo más fortaleza que antes, estoy entero, estoy bateando arriba de 300. Entonces, vamos a hacer muchísimo”.
Andrés Manuel López Obrador
El presidente manifestó molestia al ser cuestionado sobre sus resultados. Pidió que se le precisara a qué grupos agrarios prometió resolverle un problema agrario en campaña y aún no lo ha resuelto.
–Yo quiero que me digas en dónde, durante el tiempo que estuvimos en la oposición, hice un ofrecimiento de resolver un problema agrario y no lo he resuelto; al contrario, no sólo he resuelto problemas a los que me comprometí, he resuelto muchísimos más problemas agrarios”, repuso el presidente López Obrador.
En las comunidades de lo largo y ancho del País. En Sonora; Chihuahua; Jalisco; Chiapas; Oaxaca; Puebla; Colima; Morelos… el conflicto agrario, comunal; sumado a no tener certeza jurídica de la tierra, es un problema reconocido. En total existen conflictos en 31 estados de la República, sólo se excluye a Baja California Sur.
El mismo López Obrador, en su reciente visita a Sonora, recordó ante la Nación Mayo cómo, en los años noventa del siglo pasado, el entonces presidente Carlos Salinas impulsó las reformas al artículo 27 Constitucional. Esta acción facilitó la enajenación de tierras indígenas y ejidales. Facilitó el despojo.
Hasta el 6 de enero de 1992 los ejidos y las comunidades eran inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Andrés Manuel López Obrador
Con esta reforma, se explica porque hoy la Nación Mayo prácticamente sólo posee territorio en papel; asimismo, en algunos pueblos como Masiacahui (Masiaca) son ellos los perseguidos por “despojo” y hasta secuestro, con la complicidad de autoridades. Por su parte, para el titular del INPI, Adelfo Regino, los mayos son una etnia “pulverizada”; esto, por la división y los conflictos que provocó el meterlos al comercio legal de tierras.
En el diagnóstico del Plan Estratégico 2021-2024 del Registro Agrario Nacional se reportan: “Más de 500 conflictos agrarios que afectan a 352 núcleos agrarios, siendo 80 por ciento de gran relevancia por su impacto social y medioambiental”.
Los tribunales agrarios, por su parte, indican que en 2017 había 48 mil 73 “asuntos pendientes de atención”.
El informe destaca que, “la mayor parte de los recursos naturales del país se encuentran en ejidos y comunidades. El 70 por ciento de bosques y su rica biodiversidad, así como las dos terceras partes de los recursos hídricos del País se encuentran en los 99.7 millones de hectáreas de propiedad social”.
No obstante, la lucha por la tierra también ha llevado a los defensores hacia la muerte. Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA) reportan el asesinato de 25 personas defensoras del medio ambiente y territorio en 2021.
Este año han sido asesinados:
Pedro Vázquez (Oaxaca); Humberto Valdovinos (Oaxaca); Trinidad Baldenegro (Chihuahua); Julian Carrillo (rarámuri, Chihuahua); Marco Antonio Zarco (Guerrero); Francisco Vázquez (Morelos).
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Hay desencanto en las comunidades indígenas y ejidales. Para ellos impera la corrupción en diversas dependencias, como la Procuraduría Agraria; esta dependencia, acusan, parece más bien defensora de empresarios, mineros, o políticos poderosos. También están inconformes con los Tribunales Agrarios que llevan años sin ejecutar sentencias contra grandes empresas como Grupo Baillères, en Sonora; o Minera La Natividad, en Oaxaca.
La corrupción es un hecho reconocido también en el diagnóstico del Registro Agrario Nacional.
“Al inicio de la presente administración se identificó una estructura administrativa del sector agrario formada por funcionarios de oficinas centrales y delegados que eran operadores políticos del partido en el poder, gran parte de ellos articulados en redes de corrupción. Tanto funcionarios del RAN como de la Procuraduría Agraria y otras dependencias”, se indica.
Actuaban como agentes al servicio de acaparadores de tierras y de grandes empresas inmobiliarias que facilitaban el despojo”.
También se lee que “las formas de corrupción en perjuicio de los usuarios del RAN iban desde el cobro ilegal por servicios de parte de servidores públicos, representantes de ejidos y comunidades, litigantes y gestores”.
Durante la conferencia, también se le indicó al presidente que, una de sus principales banderas de campaña (y por la cual mucha gente confió en él, decepcionada de anteriores gobiernos), fue precisamente su promesa de acabar con la corrupción y la impunidad. Sin embargo, ésta aún impera en tribunales agrarios y en la Procuraduría Agraria.
“Ah, sí, sí, sí, porque era algo que estaba muy enraizado, era el principal problema del país. Pero de que estamos combatiendo la corrupción, no hay duda, mire mi pañuelito blanco, ya no hay corrupción. Sigue habiendo. Si tú dices”, responde.
En el sur de Sonora, Librado Gutiérrrez se encuentra al frente de la Procuraduría Agraria. Gutiérrez ha sido acusado por los indígenas mayos de lo que precisa el diagnóstico del RAN. El funcionario sigue ahí, y, al menos, lleva una década en ese puesto.
“Y puede haber otros casos, porque las escaleras se limpian de arriba para abajo y vamos a continuar. Pero, como tú mismo sostienes, nos quedan dos años, espérense y vamos a continuar luchando”, externó el presidente.
Periodista de Sonora. Colabora para Medios en Internet y noticieros de radio en Sonora y Baja California Sur, y actualmente es beneficiaria del programa de becas para periodistas desplazados de la Red de Periodistas de a Pie. La mayoría de su trabajo está enfocado en temas relacionados con Justicia, corrupción, migración y Derechos Humanos.
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