La transición, tersa y sin estridencia como en los hechos ya ocurre, también debe ser clara, transparente y auditable. Quienes se van están obligados a rendir cuentas de la administración que culminan.

Por: Ernesto Núñez Albarrán / X: @chamanesco

En esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluirá el análisis de las impugnaciones de la elección presidencial, declarará la validez de los comicios y entregará a Claudia Sheinbaum la constancia que la acredita como presidenta electa.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México acudirá el jueves a una sesión solemne del Tribunal, para recibir el documento de manos de la presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, y a partir de ese día podrá comenzar —ahora sí— el proceso formal y legal de transición.

Los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes se apresuraron a la redacción de un proyecto de resolución de 133 fojas, en el que desestiman los agravios que alegaron Xóchitl Gálvez y los equipos jurídicos del PRI y de PAN-PRD, que por separado presentaron tres juicios para impugnar las elecciones.

Según el proyecto que este lunes será discutido y votado en la Sala Superior, se declararán infundados los diez agravios que alegaron la ex candidata presidencial y los partidos que la postularon:

• Violencia generalizada e intervención del crimen organizado.
• Intervención de sindicatos.
• Intervención indebida de servidores públicos (conferencias mañaneras, publicación del libro Gracias del presidente
• Andrés Manuel López Obrador, entrevistas y acciones de gobernadores de Morena y otros funcionarios del gobierno federal).
• Uso indebido de programas sociales.
• Coacción y compra de votos.
• Actuar indebido de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
• Intervención de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para favorecer a Morena.
• Indebida integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que desde noviembre opera sólo con cinco de siete integrantes.
• Adquisición de tiempo en radio y televisión.
• Irregularidades ocurridas en las casillas.

Ya la semana pasada, la Sala Superior resolvió 240 Juicios de Inconformidad con los que el PR y Movimiento Ciudadano pretendían anular el resultado de cientos de casillas argumentando irregularidades ocurridas el día de la jornada electoral, principalmente por la mala integración de Mesas Directivas con funcionarios no autorizados para recibir y contar los votos.

Pese al intento del magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Janine Otálora —ambos ex presidentes de la Sala Superior— para anular alrededor de 50 casillas, con lo que al menos se habría sentado un precedente de sanción a las irregularidades denunciadas, la mayoría conformada por los Felipes, Mónica Soto, y la sexta magistrada Claudia Valle decidió no anular una sola casilla.

Así, la elección presidencial será declarada válida como si hubiese sido absolutamente limpia, legal e íntegra de principio a fin.

Legalmente, la elección quedó rechinando de limpia, gracias a las deliberaciones y conclusiones de los magistrados De la Mata y Fuentes, y de Mónica Soto, la presidenta que llegó al cargo en diciembre del año pasado, luego de una maniobra para echar de la presidencia de la Sala Superior a Reyes Rodríguez, un magistrado que le resultaba incómodo al oficialismo

Y ahora qué sigue

La transición es un proceso político que se ha ido regulando poco a poco, sobre todo a partir de que en el año 2000 el PRI perdió la Presidencia de la República, y Ernesto Zedillo tuvo que entregar el poder a Vicente Fox.

Desde entonces, la Secretaría de Hacienda incluyó una partida para los gastos del presidente electo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año de las elecciones. En 2006, 2012 y 2018, la Cámara de Diputados incluyó una partida para la transición, que hace seis años ascendió a 150 millones de pesos, que López Obrador utilizó en su mayoría para financiar el “censo del bienestar”.

Es decir, entre septiembre y noviembre de 2018 se erogaron 132 millones de pesos para pagarle a 17 mil “servidores de la nación” para levantar el censo sobre los programas sociales que demandaba la población.

Sin embargo, para 2024 no se aprobó dicha partida en el Presupuesto de Egresos, por lo que Claudia Sheinbaum no dispondrá de recursos para financiar sus actividades previas a la toma de protesta programada para el 1º de octubre.

Ella misma ha dicho que no gastará recursos en este periodo; son embargo, es claro que sus actividades requieren financiamiento: desde la oficina que ocupa en la colonia El Prado de la alcaldía Iztapalapa, la renta de hoteles para reuniones o eventos como los que tuvo cuatro días de la semana pasada con gobernadores; el pago de vehículos, combustibles, boletos de avión; la producción de mensajes video grabados, las conferencias de prensa y los sueldos de las personas que trabajan en su equipo.

Suena bien que la próxima presidenta electa diga que no va a gastar recursos, pero lo cierto es que se están gastando, y ahora será necesario que transparente el origen y monto de lo ejercido.

Es cierto que la transición entre López Obrador y Claudia Sheinbaum es pública y totalmente tersa; se van de gira juntos, visitan estados, municipios y obras en construcción, y seguramente cortarán juntos varios listones de inauguración de las últimas obras del sexenio.

No basta con que las secretarias salientes y entrantes se tomen una foto y digan que ya está en marcha la transición -como lo han hecho sin contar aún con la declaración de validez y la constancia de presidenta electa.

El proceso de transición implica entrega de archivos, libros blancos y un acto de rendición de cuentas por parte de quienes dejan el gobierno, aunque lo dejen en manos de sus amigos y compañeros de partido-movimiento.

Es cierto -y notorio- que Sheinbaum ha apostado completamente por la continuidad del proyecto, obras, una decena de funcionarios del lopezobradorismo y hasta de las conferencias “mañaneras”.

Pero la transición, tersa y sin estridencia, también debería ser clara, transparente y auditable.