Ahora que la capital puede hacer un cambio de paradigma a través de las elecciones y ver el poco suelo disponible en la capital como un lugar de encuentro y no como un montón de dólares.

Por: Nelly Segura*

Tienen razón los desarrolladores al decir que, en la Ciudad de México, hablamos más del Cártel
Inmobiliario que del cártel de la droga. No se podría decir que uno es menos malo que otro: ¿a
qué le temerías más, a una extorsión o a que junto a tu hogar inicien obras -sin permisos
completos u obtenidos con corrupción-, que durarán cuatro años o más, de un edificio donde se
alojarán 600 familias, y que te dejarán sin agua, con un tránsito imposible, una colonia gentrificada
y sin identidad?

La aversión hacia el sector inmobiliario en la Ciudad de México tiene raíces profundas, que
combinan aspectos culturales, experiencias históricas y problemas urbanos y sociales específicos.

Muchos desarrollos modernos han provocado el desplazamiento de comunidades locales,
generando resentimiento entre sus residentes que ven cómo sus vecindarios tradicionales se
transforman y pierden su identidad. Por otro lado, la construcción de grandes edificios a menudo
implica la tala de árboles, la reducción de áreas verdes y un aumento en la contaminación del aire
y el ruido, lo que lleva a los habitantes a asociar estos proyectos con la degradación ambiental.

La ciudad enfrenta serios problemas de infraestructura, incluyendo tráfico intenso y sistemas de
agua y electricidad sobrecargados. La construcción de nuevos edificios puede agravar estos
problemas, especialmente en áreas densamente pobladas.

La antipatía puede venir de nuestra memoria del devastador terremoto de 1985 y de los sismos de
2017 que sigue presente, haciendo que los edificios altos sean percibidos como peligrosos.

Una de las razones que más duelen es la falta de respeto de los gobernantes hacia la Ley de
Pueblos Originarios, quienes no son consultados adecuadamente cuando se construyen edificios
en sus territorios, violando sus derechos fundamentales.

Panorama poco alentador

Ahora que la capital tiene la posibilidad de hacer un cambio de paradigma a través de las
elecciones para definir a la persona que se ostentará como jefa de Gobierno y dejar de ver al poco
suelo disponible en la capital como un lugar por el que se obtienen dólares y no lugares de
recreación, oxígeno e identidad y cultura, el panorama no es alentador.

Santiago Taboada, quien aspira a la jefatura de gobierno de la capital, niega tener vínculos con el
Cártel inmobiliario, a pesar de la imagen que los chilangos conservan de él inaugurando el
complejo Mítikah, un desarrollo que se apropió de una calle, taló árboles y ahorcó definitivamente
al pueblo de Xoco. La Fiscalía de la Ciudad de México ha respaldado sus declaraciones tras diversas
investigaciones, pero la desconfianza persiste.

Además, 16 funcionarios públicos han sido procesados por su presunta participación en el Cártel
inmobiliario, acusados de permitir la construcción de pisos extra a cambio de dinero o
departamentos en los desarrollos. Entre los implicados hay un exalcalde, tres exdirectores
generales, dos exdirectores, un exsubdirector, un particular, un contratista, un trabajador por
honorarios y una gestora, además de cinco servidores públicos. Todos ellos trabajaron en la
alcaldía Benito Juárez, donde Taboada fue alcalde.

Por otro lado, Clara Brugada propuso, recientemente, en la Expo Desarrollo Inmobiliario anual,
The Real Estate Show, en Santa Fe, la creación de mesas de trabajo para evaluar las zonas donde
se puede construir y dónde no. Sin embargo, estas mesas de trabajo entre desarrolladores y el
gobierno de la Ciudad de México excluyen a los vecinos y a las organizaciones de Pueblos
Originarios, lo que sugiere que las decisiones ya están tomadas sin considerar sus voces.

En resumen, el sector inmobiliario en la Ciudad de México es percibido como una fuerza que, lejos
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, contribuye a la gentrificación, la degradación
ambiental y la violación de derechos, todo ello bajo un manto de corrupción e impunidad que
sigue generando desconfianza y rechazo.

*Nelly Segura es periodista galardonada con el Premio Nacional e Internacional de Periodismo que otorga el Club de periodistas de México, categoría Crónica 2018 así como del Premio Nacional de Comunicación que otorga la fundación José Pagés Llergo, entre otros