La embajada de Canadá en México intervino varias ocasiones en nombre de la minera Blackfire ante funcionarios del gobierno mexicano, para garantizar su actividad en la mina de barita que operó durante cuatro años y hasta el asesinato de Mariano Abarca.

Texto y fotos por: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

OTTAWA, CANADÁ.- La denuncia contra la embajada de Canadá en México que realizó la familia del activista chiapaneco Mariano Abarca, asesinado en noviembre de 2009, se analizó este día en la Corte Federal de ese país. Esta instancia deberá determinar si es procedente una investigación de los actos de la diplomacia canadiense a favor de empresa minera canadiense BlackFire, a la que se acusa del asesinato del activista.

El juez de Keith M. Boswell escuchó los argumentos de los representantes legales de la familia Abarca -quien estuvo presente en la audiencia-, en torno a que la embajada de Canadá en México debe ser investigada por haber creado «un peligro sustancial y específico para la vida, la salud y la seguridad» de Mariano Abarca y otros residentes del ejido Chicomuselo, Chiapas, afectados por la mina de Blackfire.

De acuerdo a documentos obtenidos mediante solicitudes de información hechas al gobierno de Canadá, la embajada de ese país en México intervino en numerosas ocasiones en nombre de Blackfire ante funcionarios del gobierno mexicano, para garantizar la actividad de la mina de barita que operó durante cuatro años y hasta el asesinato de Mariano Abarca, quien encabezaba las protestas por la contaminación que estaba causando esa empresa en la sierra de Chiapas.

En febrero de 2018 la familia Abarca, en colaboración con las organizaciones Otros Mundos Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Mining Watch de Canadá, solicitó al Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC), que abriera una investigación a la embajada, a lo que se negó argumentando que no existe una normatividad que regule el actuar de las embajadas. 

Por ello los demandantes pidieron la intervención de la Corte Federal de Canadá, quien a través de la representación del juez de Keith M. Boswell, escuchó a los abogados de la familia.

Que se diga la verdad: abogados

“Para la familia Abarca esta batalla ha sido muy larga. Llegaron a Canadá el año pasado buscando justicia, desafortunadamente no la han tenido hasta ahora. No hay forma de dar justicia al señor (Mariano) Abarca, pero su familia está aquí porque para ellos es importante que las acciones de las embajadas de Canadá sean investigadas y normadas, y esto impida la reparación del dañó para otras personas”, señaló durante la audiencia Shin Imai, quien a través del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa de la Universidad de Osgoode, es uno de los tres abogados que lleva el caso.

Argumentó que es importante que se diga la verdad sobre este asunto, y para ello se debe investigar el actuar de la embajada, “no en situación que un embajador canadiense pueda decir una cosa y hacer otra, se tiene que aceptar la investigación para llegar a la verdad. No aceptar una investigación es negarse a aceptar una verdad”.

Para los abogados de la familia Abarca, la diplomacia canadiense en México tuvo -entre otras faltas- un «incumplimiento grave de un código de conducta» que en ese país es vinculante, y nosiguió las directrices de identificación y apoyo a los defensores de los derechos humanos como el caso de Mariano.

Exigen regular acciones de las embajadas

Antes de la audiencia, ciudadanos canadienses y la familia Abarca sostuvieron una manifestación afuera de las oficinas de la Corte Federal de Canadá.  José Luis, hijo de Mariano, recordó que poco antes de que fuera asesinado, “la embajada de Canadá en México escuchó a mi padre de viva voz relatar las amenazas que había recibido de un grupo de choque de la empresa, y los alertó sobre los demás daños que estaba generando las operaciones de la minera”.

“Sabemos que las embajadas canadienses en diversos países de la región han actuado a favor de las empresas mineras aún cuando la vida y el bienestar de los pueblos estaba bajo amenaza. Sabemos que han intervenido en la elaboración de políticas afines a las empresas en países como Honduras y Colombia. Y sabemos que han ayudado legitimar proyectos mineros frente procesos de resistencia por los graves daños que conlleva la extracción minera para la salud, el agua, las tierras y los territorios que defendemos”

José Luis Abarca pidió al gobierno canadiense establezca protocolos de actuación vinculantes para el personal de las embajadas canadienses con el fin de velar por los derechos humanos. 

“Es por ello que exigimos una investigación plena e imparcial sobre el caso de Mariano Abarca Roblero, y que se aseguren medidas legales para evitar que las embajadas puedan seguir interviniendo para solapar el abuso y la violación a los derechos humanos que las empresas mineras canadienses cometen en otros países”.

Por su parte, al inicio de la audiencia, el juez de Keith M. Boswell reconoció que lo que pasó en Chiapas “es serio e importante”. No informó cuándo dará su veredicto. La familia Abarca espera que este sea el ordenamiento de la investigación del actuar de la diplomacia canadiense en México. En México, 7 de cada diez empresas mineras que operan, son de origen canadiense.