Un grupo de personas de la Ciudad de México, integrado por miembros de los pueblos originarios, aficionados a distintas tradiciones, profesionistas que trabajan día a día con animales y ciudadanos comprometidos con su herencia cultural, iniciaron el proceso para presentar una Iniciativa Ciudadana de reforma de ley, con el objeto de preservar las culturas y tradiciones que enriquecen la composición pluricultural de la capital del país.
Por: Salvador F. Arias Ruelas*
Como bien afirma el filósofo Rob Riemen en su interesante libro Nobleza de espíritu, ¨Destruir la cultura significa destruir la verdad. Y destruir la verdad no es otra cosa que privar al hombre de su dignidad”. De acuerdo con la UNESCO, estamos frente a un patrimonio cultural a partir del momento en que este es reconocido por una comunidad humana, ya que pertenece a su memoria colectiva y constituye una herencia que conserva toda su vigencia presente.
Lamentablemente, en nuestras sociedades actuales hay grupos con un enorme poder económico que pretenden imponer un pensamiento único, una cultura uniforme y una moral ramplona, basada en la corrección política y en lo que ellos llaman “proceso civilizatorio”, que no es otra cosa que su forma de entender la vida. Para estos grupos, algunas de las manifestaciones culturales y de las tradiciones que conservan los pueblos deben ser destruidas, a efecto de imponer su modelo de sociedad.
Conscientes de ello, un grupo de personas de la Ciudad de México, integrado por miembros de los pueblos originarios, aficionados a distintas tradiciones, profesionistas que trabajan día a día con animales y ciudadanos comprometidos con su herencia cultural, iniciaron el proceso para presentar una Iniciativa Ciudadana de reforma de ley ante el Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de preservar las culturas y tradiciones que enriquecen la composición pluricultural de la capital del país.
La reforma propuesta a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México tiene dos grandes objetivos, el primero de ellos es armonizar dicha norma jurídica con la Constitución de la Ciudad de México, en la que acertadamente los constituyentes, en su artículo 13, apartado B, establecieron la obligación de las autoridades capitalinas de regular los espectáculos con animales, de acuerdo con la naturaleza, las características y la relación que estos han tenido con los seres humanos a lo largo de la historia.
El segundo objetivo es que los poderes públicos de la Ciudad de México presten especial atención en la regulación, promoción y autorización de espectáculos tradicionales de los pueblos originarios, afro descendientes y equiparables, incluyendo espectáculos de charrería, tauromaquia, gallística y otros espectáculos tradicionales con animales de tradición cultural local o nacional.
Apoyar esta iniciativa no sólo implica respaldar que los habitantes de la Ciudad de México puedan disfrutar de su patrimonio cultural y ejercer sus libertades, sino también supone hacer realidad lo señalado en el artículo 2o. de la Constitución capitalina que manifiesta lo siguiente: “1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales”. (El énfasis es nuestro).
Los grupos promotores han iniciado ya con el proceso de recaudación de firmas, a efecto de presentar la iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México. Para quien esté interesado en apoyar esta causa, puede ingresar al portal www.porlatauromaquia.com donde se explica el objetivo de la reforma propuesta, las formas de apoyarla a través de la recaudación de firmas, cuál es el formato requerido para tal efecto y los sitios donde se reciben formatos y/o firmas de apoyo.
Una firma por esta causa es, en términos de Riemen, una firma en favor de la cultura, la verdad y la dignidad.
*El autor de esta columna es abogado, especialista en derecho constitucional.
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