Estas últimas dos semanas el Instituto de Planeación de la Ciudad empezó a realizar reuniones con organizaciones civiles y vecinales para consultar el Plan general de desarrollo de la Ciudad de México a 20 años. El Congreso extendió el lapso para aprobar el plan y mejorar su contenido

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Duilio Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- El proceso para planear el crecimiento de la ciudad a 20 años parecía un proceso apropiado por el gobierno de la Ciudad de México que se aprobaría sin más, sin embargo, la oficina encargada de realizarlo, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad, recibirá una prórroga de seis meses para presentarlo, mientras que su aprobación y consulta podría tardar más de un año.

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad (a 20 años) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (a 15 años) son un par de instrumentos de planeación que se tienen que crear por mandato de la Constitución de la Ciudad de México, que entró en vigor en 2018. Ambos pretenden desarrollar una serie de lineamientos para que la ciudad sea sostenible en el futuro, que se evite la expulsión de sus habitantes y la especulación del precio del suelo urbano. Actualmente no existe un plan de desarrollo de la urbe y sus lineamientos de ordenamiento territorial más recientes datan de 2003, mientras que los de ordenamiento ecológico son de hace más de 20 años.

Según la Constitución, la elaboración de dicho Plan debió haber contado con la participación de amplios sectores sociales como académicos, organizaciones de vecinos, especialistas en el tema y otros. Sin embargo, en octubre del 2019 la Jefatura de Gobierno presentó un plan que elaboró por sí misma. Después anunció que crearía una plataforma digital para que la ciudadanía pudiera contribuir con críticas y comentarios, sin embargo, dicho sitio no ha recibido ninguna propuesta desde entonces.

Una prórroga para mejorar el Plan

Hace una semana, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que mandaría una solicitud al Congreso de la Ciudad para modificar el artículo transitorio de la Constitución que establece que el Congreso debe someter a consulta el Plan para su posterior entrada en vigor, por lo que se prorrogó esa fecha a abril del próximo año. 

“La propuesta se mandó al congreso para tener una prórroga al 1 de octubre del año que viene.  Esto nos da suficiente tiempo para poder trabajar”, asegura Pablo Benlliure, el director del Instituto de Planeación de la Ciudad, un organismo que se supone debía ser ciudadano y autónomo y pareciera que terminó supeditado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. “Nosotros creemos que si tenemos más tiempo no es apretar el paso, sino para llegar más lejos”, aseguró después Benlliure. 

Según dice Benlliure, este viernes el Congreso debería dejar sin efecto el artículo transitorio que obliga a los legisladores a someter a consulta pública el plan. Esto significa que el Instituto de Planeación tendrá hasta abril de 2022 para modificarlo con las propuestas de ciudadanos, vecinos y activistas, y después de esa fecha, el Congreso podrá someter el plan a una consulta pública y a una consulta aparte entre los pueblos y barrios originarios de la ciudad. 

Según parece, el Instituto tomó esta oportunidad en serio y desde hace dos semanas ha realizado unas seis reuniones, algunas de ellas de más de 4 horas, entre organizaciones sociales, vecinales y académicos a las que se les deberá de dar seguimiento para recoger nuevas visiones sobre el desarrollo de la ciudad. Pie de Página acudió a una de estas reuniones llevada a cabo en la sala de juntas de las oficinas que comparten la Seduvi y el Instituto de Planeación.

La voz de los vecinos

“Lo que queremos con ustedes es dejar un borrador que se va a plantear junto con otros vecinos y Copacos (Comisiones de Participación Ciudadana). Hoy empezamos con esta revisión, pero me gustaría que esta reunión terminara con un plan de trabajo. La idea es: nos reunimos, traen sus observaciones y propuestas directas, las revisamos y nos volvemos a reunir”, dijo el director del Instituto a una treintena de habitantes de la Ciudad.

Después, prosiguió a hacer una lectura resumida de los puntos del Plan, que en su propuesta original consta de 300 páginas, y al final, pidió a los asistentes a reunirse de nuevo una semana después, para seguir debatiendo el documento. 

Esta reunión, como las 5 anteriores, se dieron por presión de los propios asistentes, quienes preocupados por la celeridad con la que se aprobaría el Plan, buscaron al Instituto para poder tener una oportunidad de hacer escuchar su voz, como explicó durante la sesión Ernesto Jiménez, de la Unión Popular Valle Gómez, un grupo de vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza.

“Nos preocupaba que no hubiera un mínimo debate. Cuando hablamos de este evento, nos preocupaba la proximidad de la consulta”. Después, menciona su principal crítica al proyecto: la falta del término de vivienda adecuada. 

Según la Organización de las Naciones Unidas los nuevos planes urbanos en el mundo deben contemplar la vivienda adecuada: que dé seguridad de su propiedad, que tenga servicios como luz y agua, que sea asequible, habitable, que esté en una buena ubicación y que sea adecuada a la cultura de las personas que en ella habitarán. Sin embargo, en la propuesta del plan solo se incluye el término de vivienda incluyente, que viene de las empresas constructoras y es una deformación al término de vivienda social planteada en México,  

“No estamos de acuerdo con eso, porque estamos buscando una vivienda adecuada que se compone de siete atributos y ninguno de ellos dice incluyente, por lo que si se deja así, entonces probablemente la vivienda que se cree no sería adecuada bajo términos internacionales”, sentencia.

Otra de sus críticas es que el Plan se centra en siete ejes estratégicos, lo que al gusto de Ernesto parece demasiado tecnócrata. “¿No sería mejor hablar de derechos? En muchas partes del texto habla de ellos, pero no sería mejor enumerar los ejes así?. Además hace falta señalar la parte de construcción de comunidad. No solo nos interesa vivir bien, sino que los lugares en los que vivimos se presten para construir más comunidad”. 

Por su parte, Ameyali Magallón Vergara, maestra en proyectos para el desarrollo urbano, asesora de mejoramiento barrial, activista, ambientalista y docente, criticó el lenguaje técnico con el que está construido el Plan. “Antes de hablar de los ejes de transformación, hay que dejarlos claros. No creo que todos tengamos claro qué es eso y cómo esos ejes cuentan con objetivos estratégicos que se dividen a su vez, y van bajando los objetivos en algo más tangible, pero la gente no sabe eso”.

En otra intervención, Iván Cervantes Ortega, vecino de Cuajimalpa, señaló que antes de crear un plan de gestión de la ciudad, sería necesario contar con una evaluación de gestión de riesgos de la ciudad, así como con información de la factibilidad hídrica de cada colonia. Al respecto, el director del Instituto acotó que ya se encuentran generando un repositorio de datos propios que recopile esa información.

El reto de recopilar opiniones

Si bien el Instituto empezó a abrir el proceso de creación del Plan de Desarrollo de la Ciudad, aún no se tiene un plan para sistematizar las aportaciones que vayan haciendo los ciudadanos al mismo, como acepta su propio director, el maestro Pablo Benlliure.

“El reto es: cómo y quién sistematiza todo esto que obtengamos. Nos van a faltar manos, somos muy poquitos en el Instituto, por lo que las manos que quieran participar son bienvenidas. No es broma, lo digo en risa porque es un tema que hemos discutido y platicado. Estamos muy preocupados en la trazabilidad, porque es importante darles seguimiento a las propuestas. Queremos garantizar eso, es lo que estamos analizando”.