El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abierto una puerta para localizar a las personas desaparecidas entre 1965 y 1990, el periodo conocido como la Guerra Sucia. Después de 33 años, Tomas Pérez Francisco será buscado en el municipio de Pantepec. Pero el camino para encontrarlo aún está lleno de obstáculos

Texto: Kau Sirenio
Foto: Huellas de la Memoria y Kau Sirenio

PANTEPEC, PUEBLA. – Antonia Rodríguez escucha atenta los funcionarios del gobierno de Puebla y de la Comisión Nacional de Derechos Humanaos (CNDH) que llegaron a la comunidad totonaca Munixkan (Mecapalapa) a presentar el plan de búsqueda de su yerno, Tomás Pérez Francisco, desaparecido en la tarde del 1 de mayo de 1990.

Frente a ella, la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, María del Carmen Carabarin Trujillo, luce imponente: Pantalón y camisa color caqui, botas nuevas. Quien no conoce a los militares pensaría que la funcionaria viene de ahí.

A la presentación del plan de búsqueda de Tomás Pérez Santiago llega la familia: su hijo, Guadalupe Pérez Rodríguez; su esposa, Juana María Rodríguez Agustín; su suegro, José Agustín Rodríguez; y su hermana menor, María del Pilar Pérez Santiago. Todos escuchan a los funcionarios.

El único que habla por parte de la familia es Guadalupe Pérez Rodríguez.

“Podemos sembrar la esperanza de la justicia, si todos salimos a buscar a mi papá. Él fue desaparecido hace 33 años en la comunidad de Ameluca, municipio de Pantepec”, dice.

La reunión ocurre el viernes 16 de junio en un hotel que acondicionó la junta municipal auxiliar de Pantepec en Munixkan. Asisten funcionarios municipales, estatales y federales. La comisionada de Búsqueda presenta al presidente municipal de Pantepec, Porfirio Castro Mateos; al director de personas desaparecidas de la CNDH, Guillermo Alfonso Casas Colín; a la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas de la Fiscalía General de Puebla, Mayra Rico Rojas; también hay funcionarios del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Puebla.

Es un día importante para la familia de Tomás Pérez Francisco y para los campesinos totonacos de la comunidad de la Sabana. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto una puerta para localizar a las personas desaparecidas en el periodo de represión social conocido como la Guerra Sucia. Es parte del trabajo que realiza la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.

Así que, después de 33 años, por fin las autoridades organizarán la búsqueda de Tomas Pérez Francisco.

Será buscado en el municipio de Pantepec. Sin embargo, el camino para encontrarlo aún está lleno de obstáculos. El primero se observa este día: Aunque todos saben quienes son los perpetradores de la desaparición, la Comisión de Búsqueda no contempla en el plan de búsqueda en las propiedades de los hermanos Cabrera, los terratenientes que ocupan las tierras por las que peleó Tomás.

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El 1 de mayo de 1990, Tomás Pérez Francisco caminaba por el camino a Ameluca e Ignacio Zaragoza, Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla cuando fue detenido y desaparecido. Han pasado 33 años y, hasta ahora, nadie sabe de su paradero.

“Cuando empezamos a buscar, las instituciones nos cerraron la puerta, pero eso no nos impidió mantener viva la lucha por la presentación de mi padre”, cuenta Guadalupe Pérez Rodríguez.

La última vez que vio a su papá, Guadalupe tenía seis años. Lo que ha logrado investigar es que Tomás empezó apoyar al movimiento campesino totonaco que gestionaban la tierra para la siembra cerca de la comunidad de la Sabana, municipio de Pantepec.

Un viernes de otoño de 1989, la policía judicial de Puebla, acompañado de guardias blancas y hombres con uniforme militar incursionaron a la comunidad totonaca de la Sabana. Ante la zozobra de las mujeres y niños, los agresores incendiaron casa y destruyeron los cultivos.

De acuerdo con los datos recabados, los perpetradores tenían el aval de los representantes de los gobiernos municipales de Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Jalpan y la delegada de la Secretaría de Gobierno de Puebla que trabajaba en Xicotepec de Juárez.

Meses después, entre febrero y marzo de 1990, hubo un segundo ataque. En esta agresión fueron detenidos todos los campesinos que se encontraban resguardando el campamento. Antes de que fueran atacados, habían nombrado a los representantes de cada comunidad para que realizaran los trámites ante el gobierno de Puebla.

En la asamblea nombraron Tomás Pérez Francisco como representante. “En el acta de asamblea está el nombre de mi papá como representante”, narra Guadalupe.

La policía judicial de Puebla y la guardia blanca se llevaron detenidos a los campesinos al rancho Las Palmas, en un camión de redilas. Ahí los tuvieron todo el día, otros fueron torturados en el sótano de la casa propiedad de la familia Cabrera.

De acuerdo con los sobrevivientes de la tortura, en el rancho Las Palmas parecía una fiesta; alcanzaron a escuchar el nombre de una persona a quien llamaban Papaqui, un alias que coincide con el nombre del comandante de la Policía Judicial en Xicotepec de Juárez, Mario Romero Papaqui.

Dos meses después, Tomás Pérez Rodríguez fue desaparecido y el pueblo completo tuvo que desplazarse. En lo que alguna vez fue una comunidad, ahora no queda más que un pequeño muro de lo que fue una escuela primaria. La tierra de la Sabana está ahora en posesión de unos terratenientes, los hermanos Abraham, Venustiano y Jesús Cabrera.

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A partir de que se reactivó la búsqueda de Tomás Pérez, los Cabrera reforzaron la seguridad en su propiedad. Pero Guadalupe y su familia piensan que ellos son los responsables de la desaparición de Tomás.

“Son los perpetradores de la desaparición forzada de mi padre”, dice Guadalupe.

La presentación del plan de búsqueda dura una hora y 20 minutos, tiempo que Antonia Rodríguez escucha cada exposición sobre la búsqueda de su yerno Tomás Pérez Francisco, sin intérprete en totonaco. El Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas prometió que la atención sería con perspectiva indígena, pero sus representantes llegaron sin traductores.

Juana María Rodríguez Agustín regresa a su casa. Como hace 33 años, las instituciones le prometieron una búsqueda de su esposo, pero esto aún no se concreta. Ahora, su hijo Guadalupe es el que lleva la batuta.

“Vamos a revisar de nuevo el plan de búsqueda porque la cartografía que presentó la Comisión Estatal de Búsqueda no contempla investigar en la propiedad de los Cabrera. Además, los polígonos donde se prevé buscar no es el lugar donde desapareció mi papá”, dice Guadalupe Pérez.

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