Dos estudios diferentes revelan una cara ignorada por el debate politiquero: la creciente pobreza y riesgos de reclutamiento del narco de los niños y adolescentes mexicanos

Tw: @anajarnajar

Los datos son contundentes: el 52.2 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de México son pobres.

De ellos, el 10.6 por ciento se encuentran en situación de pobreza extrema, es decir, que carecen de prácticamente todo, hasta de comida diaria.

El problema es grave en la población infantil urbana, pero es peor en comunidades indígenas, donde se registran los datos más alarmantes.

La información es parte del informe Pobreza infantil y adolescente en México 2020, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

La situación se agravó durante la etapa más intensa de la pandemia de la covid-19, cuyo impacto real en el mundo apenas empieza a conocerse.

Así, es probable que las cifras reales de la pobreza en esta población sean mayores a las registradas en 2020, cuando se llevó a cabo el informe.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), en el año que se recabaron los datos en México había 38.2 millones de personas menores de 17 años.

Es decir, casi 21 millones eran pobres, y de ellos al menos cuatro millones vivían en condición de pobreza extrema.

La cantidad aumentó en los últimos tres años, porque las condiciones económicas del país tras la emergencia sanitaria apenas empiezan a recuperarse.

No es el caso de los pueblos indígenas, donde el proceso es lento, casi imperceptible.

Es decir, las consecuencias en los niveles de marginación de niñas, niños y adolescentes todavía no se conocen en su totalidad.

Es previsible un incremento en la desigualdad de esta población, no solamente en el acceso a una nutrición adecuada sino al ejercicio de sus derechos a la salud y educación, entre otros.

Pero hay también un saldo poco conocido, que desde hace casi dos décadas es una cara más de la cruda realidad para los menores de edad en el país:

La posibilidad de caer en las redes de la delincuencia. Algo muy real de acuerdo con el estudio Más allá del dinero, el poder y masculinidad: Hacia una perspectiva analítica sobre el reclutamiento para las organizaciones narcotraficantes mexicanas.

El documento establece que la pobreza es uno de los factores de mayor riesgo para la incorporación de miles de adolescentes a la delincuencia organizada.

La investigadora Elena Azaola, una de las autoras del documento, advierte que las bandas se convierten en el atractivo “de un estilo de vida y de aspiraciones económicas que los jóvenes no creen que puedan satisfacer con un trabajo legal”.

De acuerdo con el estudio, publicado en la revista International Sociology, un común denominador entre los adolescentes reclutados es que abandonaron la escuela.

Muchos rompieron con sus familias o provienen de hogares bajos ingresos. A esto se añade su entorno social: barrios o comunidades marginadas con presencia importante de bandas de delincuencia.

“Hay personas que colaboran en esos grupos y ellos están familiarizados con eso” explica la investigadora.

“Sus familias ganan salarios precarios, no ven otra manera de tener un buen ingreso en su entorno”.

Están desvinculados de su familia, se apartan de la escuela, de la familia y a la vez hay grupos delictivos en su entorno. Son los factores que mayormente propician que estos chicos sean reclutados” advierte Azaola.

“Están ansiosos de tener una identidad, de pertenecer a algo que les ofrecen estos grupos, un entorno donde se sienten parte y además ofrecen un incentivo económico”.

Es claro que la pobreza no es causal del reclutamiento en bandas de tráfico de drogas, pero sí representa un factor de alto riesgo.

Por eso el informe de UNICEF y CONEVAL no son buenas noticias. En la medida que aumentan las tasas de marginación crece también el terreno fértil para la delincuencia organizada.

Un círculo que no ha logrado romperse, ni siquiera con los programas sociales del gobierno actual.

Porque no basta con becas o subsidios, coinciden especialistas. Entregar dinero de forma directa es poco útil sin escuelas o servicio de salud adecuado.

Para rescatar a los adolescentes reclutados por el narco es necesario, además, contar con programas suficientes para atender adicciones a drogas que son frecuentes entre ellos.

Un problema complejo de resolver. Pero encontrar la salida requiere, fundamentalmente, empezar por reconocer lo que no se ha hecho bien hasta el momento, y escapar del viejo paradigma sin resultados.

Es decir, aceptar que repartir dinero, de forma directa, en subsidios o programas sociales no basta.

La respuesta debe ser desde múltiples ángulos y al mismo tiempo. Uno de ellos es desterrar la visión clientelar hacia los pobres, especialmente los niños, niñas y adolescentes.

Aquí no hay banderas políticas. En esa mirada, todos los gobiernos de México se parecen.