14 febrero, 2026

En Azcapotzalco se realizó un foro sobre agua rumbo al Plan General de Desarrollo 2025-2045, donde habitantes denunciaron el acaparamiento y exigieron que sus demandas queden registradas para evaluar lo que el gobierno cumpla —o no—. En paralelo, pueblos y barrios originarios se organizan para construir un plan que los incluya, en medio de protestas por la defensa del territorio y el acceso al agua
Texto: Camilo Ocampo
Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – La Ciudad de México se prepara para construir y presentar el Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, en el que se delinean programas, políticas públicas, proyectos, ejecución presupuestal, lineamientos y metas en temas estratégicos para la capital. Para ello, el gobierno local ha puesto en marcha una serie de foros de consulta en los que se recaban las demandas y necesidades históricas de quienes habitan la ciudad.
El objetivo del PGD es garantizar la cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la transformación económica y la reducción de la desigualdad.
Uno de estos foros, enfocado en la gestión hídrica y sus desafíos, se llevó a cabo el pasado 6 de febrero en la alcaldía Azcapotzalco. Ahí, vecinas y vecinos de distintas zonas de la capital se reunieron para exponer, ante representantes de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), las problemáticas que han identificado en sus comunidades, así como para compartir experiencias y proyectos.
Aunque cada zona enfrenta necesidades y realidades distintas, entre las y los participantes se identificó un problema común: el acaparamiento del agua por parte de grandes usuarios, como nuevas unidades habitacionales, fábricas, plazas comerciales y desarrollos de gran escala.
En una de las mesas participó Fernando Chávez, habitante del ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, quien denunció que desde 2013 su comunidad comenzó a resentir los efectos de la construcción de un edificio de aproximadamente 400 departamentos.
Chávez narró que el predio donde antes operaba una empresa refresquera fue transformado en un complejo habitacional que impactó de manera significativa —y paulatina— el suministro de agua en la zona. “Terminamos en un estrés hídrico tan grande que en 2024 nos quedamos 15 días sin agua. Además, el uso de suelo cambió de H2 a H5, lo que permitió un mayor número de niveles de construcción”, explicó.
El vecino también señaló que la operación previa de la fábrica dejó el suelo contaminado con vanadio, un metal pesado, lo que afectó incluso al pozo que les fue concedido como medida de mitigación, debido a que el desarrollo cuenta con autorización oficial para extraer alrededor de medio millón de litros de agua diarios.
Su reclamo se centra, además, en la nula asistencia por parte del gobierno para resolver el tema de la contaminación del agua y el suelo de la zona: “El vanadio no aparece como un riesgo para los sistemas hídricos de la zona, solo para el suelo; no se han hecho los estudios necesarios”, mencionó.
En otra mesa participó Germán, habitante de Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la ciudad. Su reclamo fue similar: el crecimiento desmedido de los desarrollos inmobiliarios y, en su caso, la construcción de un proyecto de movilidad, el Cablebús, que recorre cerca de 25 kilómetros desde San Juanico hasta Indios Verdes.
De acuerdo con el vecino, se logró imponer una medida de mitigación que calificó como relevante: un sistema de absorción instalado a 80 metros de profundidad, alimentado por bombas pluviales colocadas de manera estratégica. Luego de tres años de operación, el sistema funciona en un 70 por ciento; el agua captada se filtra hacia el subsuelo en un periodo de tres años, lo que representa un ahorro de hasta siete años en el proceso de recarga, con un nivel de pureza del 70 por ciento.
Otro de los participantes fue Carlos Muñoz, consultor en medio ambiente y desarrollo sustentable, quien identificó diversas presiones sobre los bienes hídricos y los ecosistemas, entre ellas las demográficas y territoriales, ambientales, sociopolíticas y económico-tecnológicas.
De acuerdo con Muñoz, entre los problemas que urge atender dentro del Plan General de Desarrollo se encuentran “el enfoque en los asentamientos ‘irregulares’, el persistente crecimiento del número de hogares y de la mancha urbana, la desigualdad en el suministro de agua, el alto promedio de consumo por habitante y la asimetría en el otorgamiento de asignaciones y concesiones”.
Para enfrentar estos retos, aseguró, es indispensable establecer una comunicación constante entre la ciudadanía y los distintos niveles de gobierno.

Cuando finalizaron las ponencias, los representantes del gobierno local y de SEGIAGUA escucharon las preguntas, propuestas y demandas de las personas asistentes al foro. Mientras intervenían, personal de SEGIAGUA escribió en un papel bond, pegado en un pizarrón, palabras clave que sintetizaban lo que cada persona decía o demandaba. Posteriormente, aseguraron, esa información será trasladada a una base de datos para analizar su viabilidad y, en caso de ser procedente, integrarla al PGD.
Habitantes de varias alcaldías participaron en la ronda de preguntas. El primero en tomar la palabra fue un vecino de Iztapalapa que cuestionó la función de los foros: “¿Para qué sirve? ¿Qué harán con todo esto? Yo vengo de Iztapalapa y no tenemos agua, nos cae por tandeo y en muchas ocasiones el Cutzamala nos deja hasta tres o cuatro días sin agua. Yo lo que quiero es que de verdad se mejore mi comunidad y que tengamos agua, ojalá integren todo”.
Después, una mujer de la zona participó: “Estos foros no sirven para mucho, ya escuchamos las problemáticas con el acaparamiento, pero también hay que decirlo: ya fuimos sede de un Foro Mundial sobre la crisis hídrica en el sexenio de Fox y sirvió para concesionar a las refresqueras. Lo que necesitamos de verdad es una coordinación efectiva entre el Estado de México y la Ciudad, que se involucre también al poder federal. No podemos seguir dándole agua a Estados Unidos y que nos ahorque con eso; mientras no tengamos soberanía no podemos hacer nada, hay que hacer todo para otro foro mundial”.
Cuando finalizó su participación, en el papel bond solo escribieron la palabra “soberanía”.
Otro hombre de Azcapotzalco también participó y denunció las afectaciones por las construcciones excesivas que hay en la zona; le continuó una vecina de Coyoacán, quien hizo la misma denuncia junto con la falta de mantenimiento.
Para profundizar en este escenario, Juan Manuel García, profesor y geógrafo, explicó en entrevista para Pie de Página la relevancia de estos espacios de participación y los retos estructurales que enfrenta la capital para construir un Plan General de Desarrollo verdaderamente eficaz.
—¿Qué importancia tienen los foros de consulta en la gestión del agua y en la planeación de la ciudad y qué pasa con los grandes acaparadores?
—Para que todo sea efectivo necesitamos una coordinación institucional entre el Estado de México y la Ciudad de México. Esta infraestructura está ocupada por los sectores económicos. Por ejemplo, en el caso del agua potable tiene que haber un trámite para conectarse a la red; como sistema productivo se necesita la aprobación de las concesiones. Los grandes frenos también tienen que ser articulados con la Conagua.
La pretensión que se tiene con estas actividades es que no venga desde arriba, con imposiciones, sino empezar a escuchar y ver cómo articular las acciones al futuro, pero también la construcción de una sociedad civil fortalecida, que escuche a especialistas y las problemáticas y propuestas con otros vecinos. Es un ejercicio de fortalecer sujetos individuales y colectivos.
—¿Qué se debe tomar en cuenta?
—Primero, la regulación del suelo. No podemos pensar un tema de solución en lo que tenga que ver con agua potable, drenaje o pluvial si no hay una regulación del suelo. En gran parte de las zonas de recarga hay muchos asentamientos humanos; necesitamos tener regulación sobre eso, porque nuestras zonas de recarga, que son nuestras partes del sur y poniente, están también ya ocupadas. Tenemos un problema: no se puede plantear un tema hídrico sin la relación con la tierra.
Se tiene que tomar en cuenta un plan de cemento cero. Necesitamos darle espacio al agua, no a las grandes edificaciones; construyamos más resumideros, más lagunas artificiales, vasos reguladores, y todo eso nos permitirá que en época de lluvias, que sufrimos tanto, esa agua se quede almacenada y sea tratada.
Además, se debe pensar en un plan urbano que esté a la par de nuestros ritmos biofísicos. Ahorita estamos en invierno, en estiaje; de aquí a que comience el verano, luego a finales de mayo, cuando comienzan las lluvias, y después que acaban hasta octubre. Esos son nuestros ritmos biofísicos. Que se desarrolle la ciudad bajo esa lógica —y cuestiona—: ¿cómo le haces para tener alternativas en fuentes de agua cuando estemos en estiaje? No podemos seguir pensando en trasvases; son lo peor, hay desastres sociales, socioambientales e incluso es caro.
—¿Qué tiene que hacer el gobierno con la información recabada con quienes habitan la ciudad?
—Lo que se tiene que hacer es una gran síntesis y empezar a delinear ejes estratégicos para orientar y saber qué quiere la ciudadanía a futuro.
La pretensión que se tiene con estas actividades es que no venga desde arriba, con imposiciones, sino empezar a escuchar y ver cómo articular las acciones al futuro, pero también la construcción de una sociedad civil fortalecida, que escuche a especialistas y las problemáticas y propuestas con otros vecinos. Es un ejercicio de fortalecer sujetos individuales y colectivos.

Mientras las discusiones se llevan a cabo, los pueblos y barrios originarios que resisten en todas las alcaldías también realizan foros y consultas para formular propuestas y mecanismos para la administración del agua.
Uno de estos foros se llevó a cabo en San Pedro Cuajimalpa para estudiar y conocer qué es el Plan General de Desarrollo y los distintos frentes de organización.
Mientras tanto, este 15 de febrero se hizo un llamado al pueblo de San Lorenzo Huipulco para asistir a la reunión informativa “PGD: ¿cómo nos afecta y cómo vemos el futuro y desarrollo territorial dentro de la CDMX como pueblo originario?”.
En un desplegado difundido por redes sociales, el Frente asegura que el lunes sostuvieron reunión con el Instituto de Planeación en la que propusieron una ampliación en el plazo de consulta y aseguran: “Requerimos tiempo para analizar minuciosamente el contenido del PGD, a fin de no aprobar estrategias o proyectos que puedan afectarnos. Actualmente, en términos generales, en los pueblos y barrios se desconoce la existencia misma de la consulta y sobre los alcances de un Plan General de Desarrollo”.
Asimismo, mencionan que dentro del PGD existen apartados que no responden a sus necesidades, como lo es el de Pueblos y Barrios, y agregan: “un análisis sobre el capítulo de pueblos y barrios muestra deficiencias, imprecisiones conceptuales y, sobre todo, un documento que no abona con proyectos concretos para avanzar en la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Nos preocupan sus versiones ‘remasterizadas’ de polos de desarrollo que vienen desde los tiempos de Mancera y la turistificación de los territorios”.
Sobre el proceso que se está llevando a cabo, mencionan que: “En menos de dos semanas no se tendrá el tiempo suficiente para realizar la etapa de acuerdos que debe tener cualquier consulta. Es decir, nosotros podríamos enviar propuestas y, como el plazo está pronto a terminar, la viabilidad o inviabilidad de las mismas serían determinadas unilateralmente por el Instituto de Planeación, sin que se permita llegar a los acuerdos o consensos sobre el contenido final del proyecto. No sería legal ni legítimo que mandemos propuestas y que nos enteremos sobre su rechazo ya con un documento aprobado”.
Y finalizan:
“Por lo anterior, ante la constante negativa del Instituto y de la Jefa de Gobierno de dar el tiempo suficiente para participar adecuadamente en la consulta, hacemos un llamado a los pueblos y barrios originarios a suspender de facto la consulta en los territorios, no llevar a cabo reuniones, foros o talleres con el gobierno, hasta en tanto no se tenga la certeza jurídica de la ampliación solicitada. Mientras tanto, al mismo tiempo, convocamos a los pueblos y barrios a tener nuestras propias reuniones para analizar el contenido del PGD y generar nuestra propia visión para lograr la plena efectividad de los derechos de territorio y libre determinación”.
Junto con estas propuestas de participación y demandas específicas, los llamados a las protestas en torno a la defensa del territorio, el derecho a la vivienda y el respeto a los pueblos y barrios originarios son parte de la antesala de la presentación del PGD, que definirá los proyectos durante 20 años en la Ciudad de México.
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