La Unidad de Inteligencia Financiera entregó a la Fiscalía General de la República un expediente que detalla transferencias y movimientos financieros sospechosos por parte del expresidente Enrique Peña Nieto y su familia. Pero hay un largo trecho antes de que el caso llegue a los jueces

Twitter: @anajarnajar

La bomba estalló en la mañanera.

El expresidente Enrique Peña Nieto fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por participar en presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El anuncio lo hizo este jueves Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es la primera vez que un expresidente de México enfrenta de esta manera la posibilidad de un proceso judicial. 

La mayoría de los exmandatarios del país fueron acusados de incurrir en irregularidades, excesos y acciones de corrupción.

Pero en todos los casos las acusaciones se ventilaron en los medios, o en los debates de partidos políticos o legisladores.

Hoy el escenario es otro. Pero la posibilidades de que el expresidente sea encarcelado son, por ahora, remotas.

En todo caso el expediente judicial empieza a elaborarse. La UIF asegura que Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos en transferencias directas a sus cuentas bancarias entre agosto de 2019 y octubre de 2021.

El dinero, informó Pablo Gómez, fue enviado por una familiar del expresidente desde una cuenta bancaria de México hacia España, donde Peña Nieto reside desde hace varios años.

Esta misma persona envió cheques a un hermano del exmandatario por un monto de 29 millones de pesos.

No sólo eso. La UIF detectó que entre 2013 y 2022 la familiar de los Peña Nieto acumuló retiros bancarios por casi 190 millones de pesos.

En ese mismo lapso depositó 47 millones 523 mil pesos, la mayor parte, dijo Pablo Gómez, en efectivo y sin que se conozca el origen de los recursos.

Pero no es todo. De acuerdo con el expediente entregado a la FGR, el expresidente es socio de al menos dos empresas que fueron proveedoras de su gobierno entre 2012 y 2018.

Una de ellas, según datos de la UIF, fue beneficiada con más de 10 mil 533 millones de pesos por distintos servicios y contratos.

A la otra empresa se le detectaron 261 transferencias internacionales a Estados Unidos Irlanda y Reino Unido por más de mil 500 millones de pesos. 

Es decir, el expresidente Enrique Peña Nieto y su familia están vinculados con movimientos de dinero por más de 12 mil 325 millones de pesos.

La UIF cree que las operaciones son irregulares y pueden tener una procedencia ilícita.

Los datos se presentaron ante la FGR que deberá iniciar una investigación y, si encuentra más elementos, solicitar a un juez el inicio de un proceso judicial.

Peña Nieto rompió el silencio de varios meses y en dos mensajes de Twitter respondió a Pablo Gómez:

“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”.

“Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.

El tema fue uno de los más mencionados en redes sociales de internet y la mayoría de los medios.

Y es que la demanda de investigar a Enrique Peña Nieto tiene varios años. De hecho, los escándalos por presunta corrupción le persiguen desde antes de ser elegido presidente.

Durante la campaña electoral de 2012 el entonces candidato fue acusado de promover la compra de miles de votos, a través de la distribución masiva de tarjetas de la empresa Monex.

En 2014 se publicó que su esposa, Angélica Rivera, construía una mansión valuada en 86 millones de pesos financiada por el contratista favorito de Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, Grupo Higa.

Un nuevo escándalo fue cancelar el proyecto para construir un ferrocarril entre Ciudad de México y Querétaro.

La licitación de la obra fue irregular. El consorcio ganador estaba formado por tres empresas estatales de China y el mismo número de compañías mexicanas.

El costo de la obra sería de 60 mil millones de pesos, más de diez mil millones del presupuesto original del Gobierno Federal.

La cancelación del tren rápido provocó un conflicto diplomático con el gobierno de China. El gobierno mexicano tuvo que pagar más de 16 millones de dólares como indemnización al consorcio perjudicado.

Casi a finales del sexenio de Peña Nieto estalló el escándalo internacional por la entrega de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a varios gobiernos de América Latina, a cambio de la asignación de obras públicas.

En el caso de México algunas investigaciones periodísticas -y el testimonio del propietario de la compañía, Marcelo Odebrecht- vincularon a personajes cercanos a Peña Nieto en la trama de corrupción.

El caso se investigó hasta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El exdirector de Petróleos Mexicanos, el principal involucrado, acusó al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haber organizado la trama para obtener al menos diez millones de dólares de Odebrecht.

El dinero se utilizó en la campaña electoral de 2012, así como en la entrega de sobornos de legisladores para aprobar la Reforma Energética, al año siguiente.

El nuevo escándalo es la denuncia promovida por la UIF ante la Fiscalía General de la República. 

Más allá del respaldo que recibió el anuncio de Pablo Gómez, lo cierto es que las posibilidades de que el exmandatario sea enjuiciado y eventualmente recibir una sentencia de prisión son remotas.

Peña Nieto tiene fuero por su calidad de expresidente de la República, porque las modificaciones legales para eliminar esa inmunidad judicial no son vigentes en su caso.

De acuerdo con la Constitución ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva, a menos que sirva para beneficiar a los procesados.

Antes de iniciar algún juicio penal en su contra el expresidente debe ser desaforado en la Cámara de Diputados.

Un proceso complicado por la decisión de los grupos parlamentarios opositores a la 4T de rechazar cualquier iniciativa presidencial.

A esto se suma el rechazo de López Obrador para enjuiciar a sus antecesores.

Hasta ahora, pues, la fotografía de Enrique Peña Nieto tras las rejas de una prisión quedará en el sueño y deseo ampliamente popular de México.