No involucrarse, no vigilar o, como ya plantean algunos, llamar a no votar, puede ser un nuevo error en la ya larga cadena de pifias cometidas por la oposición frente al régimen

Por Ernesto Núñez Albarrán / X: @chamanesco

Nuevamente, Morena y el gobierno han puesto a la oposición contra las cuerdas; esta vez, con la elección del Poder Judicial, que obliga a los partidos y a los críticos de la 4T a definirse: o se involucran y vigilan el proceso, o le hacen el vacío total y dejan libre al oficialismo de actuar a sus anchas.

No es un dilema menor, y remite a un pasado en el que tanto la derecha como la izquierda tuvieron largos debates internos sobre participar o no en las elecciones. En varios momentos del siglo XX, una fracción del PAN sostuvo que no debían postular candidatos a la Presidencia, para no convalidar los fraudes del PRI. En los años 70, después de la reforma de Reyes Heroles, la izquierda se dividió entre quienes vieron en la participación electoral la vía para cambiar gradualmente el sistema y quienes consideraban que los comicios eran una trampa, una vía burguesa que terminaría por cooptarlos.

En condiciones diametralmente distintas, la oposición (formal y legal, y también la que opina y se activa en contra de la reforma judicial) se encuentra frente a la misma disyuntiva. “Abstenerse como acto de protesta, o participar como acto de resistencia”, ha dicho el panista Roberto Gil Zuarth, uno de los pocos militantes de la oposición que decidió participar como candidato en las elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La opción de participar es vista con reservas por la mayoría de los dirigentes y legisladores de los partidos políticos, así como los intelectuales, académicos y opinadores críticos del lopezobradorismo y de la reforma judicial.

Tampoco fue vista como alternativa por las y los trabajadores del Poder Judicial. Aunque el Senado decidió mantener el dato en la opacidad, se sabe que muy pocos de los actuales jueces, magistrados y ministros decidieron inscribirse en el proceso, a pesar de que tenían pase automático a la boleta electoral.

Excluir a los partidos fue una decisión deliberada

Si se lee la reforma que aprobó la mayoría legislativa de Morena, PVEM y PT, salta a la vista un detalle: el legislador decidió excluir del proceso a los partidos políticos bajo un argumento que más bien parece pretexto: como no serán la plataforma para promover las candidaturas, tampoco podrán participar en ninguno de los pasos y procedimientos de la elección.

Esta decisión del Legislativo es grave, y extraña que algunas consejeras y consejeros electorales no se hayan inmutado ante ello, empezando por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien ahora parece hasta divertida cuando celebra que el Consejo General tenga sesiones “en paralelo” a las ordinarias; es decir, todas aquellas en las que se tratan asuntos de la elección judicial transcurren sin la presencia de los representantes de los partidos que, según la Constitución, forman parte del Consejo.

Pero excluir a los partidos políticos no sólo los saca de las sesiones del Consejo General, sino también de los Consejos Estatales y Distritales, lo que se traduce en que no podrán llevar a cabo ninguna vigilancia de procesos como la fiscalización, el cumplimiento de normas de paridad de género e inclusión y, lo que es peor, no estarán representados en las casillas.

Ya el viernes se planteó un problema en una sesión del Consejo General del INE, cuando se iba a votar un acuerdo sobre el uso del Padrón Electoral en la elección judicial, pues la ley prevé la existencia de una Comisión de Vigilancia -de la que forman parte los representantes de los partidos- para dar certeza sobre los listados de votantes.

Siendo la Lista Nominal de Electores una de las principales garantías de certeza electoral, suena insólito que ahora se pretenda excluir a los partidos de su vigilancia. 

Las consecuencias de excluir a los partidos políticos de la elección del Poder Judicial pueden ser tan graves, que parece una decisión deliberada del oficialismo, para tener un mayor control de estos comicios.

Los dirigentes y autoridades emanadas de Morena saben perfectamente que, cuando eran oposición, su presencia en las casillas y en los órganos de dirección del INE fue clave para ir avanzando en la mejora del sistema electoral.

Desde la creación del IFE, en 1990, la vigilancia mutua entre los contendientes se convirtió en la mejor arma en contra del fraude electoral y por ello, de cara a la elección del 1º de junio de 2025, vale la pena preguntarse: ¿quién va a vigilar que nadie se meta en los comicios, que no haya acarreo de votantes, presiones y cooptación, o que se alteren boletas, actas y paquetes electorales?

El INE dirá que ése es el papel de las ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, pero a todas luces eso no es suficiente para garantizar que nadie se meta, que nadie amedrente o presione a los votantes, o que el aparato oficial no se mueva para darle ventaja a las candidaturas cercanas al régimen.

“Hacer el vacío” parece la peor opción   

En este contexto, “hacerle el vacío” al proceso electoral de 2025 parece la peor opción para los partidos de oposición, para los críticos de la reforma del Poder Judicial e incluso para aquellas asociaciones de juzgadores que se han movilizado desde hace meses en contra del proceso.

La elección va a ocurrir, y en eso ni el gobierno, ni las mayorías legislativas, ni Morena y sus aliados darán un solo paso atrás.

Con o sin tiempo, con o sin presupuesto, con o sin garantías de respeto al voto libre y secreto, con o sin un INE dispuesto a jugar un papel real de organizador y árbitro, el 1º de junio de 2025 habrá jornada electoral, y los votos emitidos (muchos o pocos) llevarán a 881 personas a los cargos más importantes del Poder Judicial a nivel federal, y otros cientos a nivel local.

Abstenerse, en este caso, no parece un acto eficaz de protesta, pues al régimen no le importará que sus opositores “le hagan el vacío”, y la reforma tampoco establece mínimos de participación para validar las elecciones.

No involucrarse, no vigilar o, como ya plantean algunos, llamar a no votar, puede ser un nuevo error en la ya larga cadena de pifias cometidas por la oposición frente a la 4T. 

No participar de alguna manera implica dejar al oficialismo actuar a sus anchas y permitirle hacerse de todas las posiciones que se elegirán, con personajes afines. En una palabra, es rendir la plaza sin dar una mínima batalla.

Lo dicho: nuevamente, la oposición está contra las cuerdas.