Las protestas que iniciaron los transportistas en Ecuador lograron la simpatía de miles que salieron a las calles para oponerse a las medidas tomadas por el presidente Lenin Moreno, quien quitó el subsidio a los combustibles desde Octubre

Por Gabriela Ruiz Agila

Fotos: Karen Alejandra Toro

QUITO, ECUADOR.- Tanquetas en las veredas y militares armados en las calles del Centro Histórico. La fuerza pública intenta disuadir a los manifestantes que se acercan a pie al Palacio de Carondelet, sede del Poder Ejecutivo. Rechazan las medidas económicas del presidente Lenín Moreno, vigentes desde el 01 de octubre con el Decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles. El gremio transportista suspendió actividades y convocó a un paro nacional que hizo eco en otros sectores sociales. 

Son las 11 am y una cortina gris abultada por la acumulación de gases, se difumina con el cielo invernal de la capital. En la Av. 10 de Agosto por donde circula el Trolebús y la Metrovía, hay columnas de humo que se pueden ver desde arterias viales que corren paralelas en la ciudad. Los pasajeros bajan de los vagones en medio de las avenidas. Las barricadas improvisadas con quema de llantas impiden la circulación normal de al menos unas 250 unidades de transporte. 

Tres explosiones de una escopeta lanzagranadas nos regresan al pasado. “La última vez que vine a protestar frente al Palacio de Gobierno fue para botar a Lucio Gutiérrez (entonces presidente) en 2005”, recuerda uno de los transeúntes anónimos. Él y otro grupo de personas con quienes camino, me piden expresamente no colocar sus nombres por temor a represalias. 

“Es que ya no somos unos niños que esperaban la suspensión de clases. Ahora tenemos hijos y un empleo que cuidar”–dice tocándose la cara una mujer de treinta y tantos años, servidora pública y parte de la Población Económicamente Activa (PEA), de 7,5 millones de personas según reporta el INEC en 2019.

Caminar largos tramos la mañana del jueves 3 de octubre, refrescó la memoria de los manifestantes (a los que me refiero con nombres protegidos), de experiencias vívidamente sufridas. Ocho presidentes en una década pasando por tres golpes de Estado y la dolarización de la economía. 

Guillermo tenía 15 años cuando ocurrió la caída de Lucio Gutiérrez. Caminó 6,8 kilómetros desde el peaje al puente cinco de la Autopista General Rumiñahui ese 20 de abril de 2005. Los hijos de la crisis crecieron y ahora son los asalariados que viajan en el autobús, pagan pensiones alimenticias y gozaron de un breve periodo de bonanza petrolera entre 2007 y 2013 donde el precio del crudo llegó a $ 117 USD por barril. 

¿Cómo no sentir que la crisis se repite? No es la caída de un presidente pero hay quienes quisieran que lo fuera. 

El paquetazo afecta “a los que más tienen”

En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno anunció las medidas económicas que empezarían a regir desde el 01 de octubre sosteniendo que afectan “a los que más tienen”: La eliminación del subsidio al combustible por el que el gobierno ahorrará $ 1,300 millones de dólares, emisión de bonos de deuda, incrementar el bono solidario con $ 15 dólares mensuales adicionales (300 mil familias), reducción de aranceles para maquinaria y equipos, devolución automática de tributos a exportadores, eliminación del anticipo del impuesto a la renta, suprimir los impuestos a la importación de aparatos tecnológicos como teléfonos celulares y tablets. 

Pero quizá el golpe más sentido es a los derechos de los trabajadores. Los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración, el tiempo de vacaciones se reduce de 30 a 15 días, y los trabajadores de empresas públicas aportarán con un día de su salario. 

Se espera la salida de 10 mil servidores públicos hasta fin de año. Se creará un contrato para quienes inician emprendimientos, reemplazo por licencias de maternidad y paternidad, teletrabajo, y hay un cambio en el cálculo de la jubilación patronal. 

Tras el anuncio, la reacción de los transportistas fue inmediata. Los trabajadores sufren el abuso de precios para recorrer tramos cortos y pagan desde $ 1 dólar y los que recurren a las empresas de taxis ejecutivos, deben pagar precios altos por la demanda. 

Largas filas de taxis franquean de amarillo en Av. Patria o la Calle Versalles. Uno de los taxistas con los que hablo en la Av. Colón considera que los precios debieron fijarse diferenciadamente, dependiendo del uso del vehículo, cilindraje, año de fabricación, entre otros factores.  

En la década de los 90, el Ecuador destinaba tres cuartas partes de su dinero al pago de la Deuda Externa. En 1999, la crisis financiera durante el gobierno de Jamil Mahuad llevó al Ecuador a asumir la deuda de los bancos privados conocido como Feriado Bancario. 

Ese año, el Fondo Monetario Internacional (FMI)  avaló el programa económico con la firma de una décima quinta Carta de Intención para devaluar el sucre en 15%, incrementar la tarifa eléctrica, la gasolina subió al 71% y el gas pasó de 6.000 a 25.000 sucres el cilindro. En consecuencia, miles de migrantes ecuatorianos huyeron del país para buscar una mejor vida en España y Estados Unidos. 

En febrero de 2019, el gobierno del presidente Lenín Moreno llegó a un nuevo acuerdo con el FMI para el financiamiento por 4 mil 200 millones de dólares. El FMI felicitó al mandatario por las reformas anunciadas. 

Pasajes, combustibles y subsidios

Incidentes en la Morán Valverde, Quicentro Sur, Maldonado, el puente de Guajaló complican el funcionamiento de la Ecovía según reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). 

El transporte interprovincial se vio afectado y las terminales de Quitumbe y Carcelén lucían atiborradas de pasajeros pero sin autobuses en los embarques. Las motos y los autos van en contravía por la Autopista General Rumiñahui. El Consejo Provincial de Pichincha decidió cerrarla, así como tres carriles de la Av. Simón Bolívar, y dos carriles de la Av. Panamericana.

El costo de un pasaje en autobús en Quito es de 25 centavos de dólar. Los transportistas (buses urbanos e interprovinciales) piden que se derogue el Decreto 883. 

El gobierno amenaza con retirar los permisos operacionales a las compañías. Se calcula que el 60% de los traslados en transporte público dejan 2.1 millones de dólares diariamente en Quito, y a escala nacional, superan los 7.5 millones de dólares. 

La eliminación del subsidio incrementó el precio del galón de gasolina extra a  2.30 dólares y del diésel a 2.27 dólares. En comparación con el valor promedio regional según Global Petrol Prices, Ecuador tiene el tercer precio más bajo de gasolina entre 10 países de la región donde los extremos ubican a Uruguay con 5.64 dólares y Cuba con 0.34 dólares, el precio más alto y el más bajo, respectivamente. 

El alza de combustibles afecta el precio de todos los servicios pero mucho más de los alimentos. El gobierno argumenta que se trata de una medida para combatir el contrabando, uno de los principales problemas que afecta a la venta de gasolina sobre todo en las fronteras con Colombia y Perú donde el combustible cuesta entre 2 y 4 dólares. 

El combustible se usa además como precursor químico en la elaboración de cocaína y drogas sintéticas, en los que ambos países son productores internacionales en las rutas del narcotráfico. 

¿Por qué ahora se pretende solucionar el contrabando? El papel del Ecuador es estratégico tanto por su ubicación entre los grandes cultivadores de marihuana y el corredor del Pacífico, así como el uso de dólares americanos para el lavado de dinero. 

Estado de Excepción: el miedo a la pobreza

Caminar en las calles de Quito, pasado el mediodía, se siente como transitar un territorio sin gobierno. ¿Cómo contener el conflicto en varios puntos en el país? En cuestión de horas los reportes registran entre 50 a 150 puntos de conflicto donde hay barricadas y la cantidad de manifestantes supera por mucho al número de policías. 

Civiles y policías se enfrentan y hay daños contra la propiedad privada, el patrimonio y los bienes públicos. Solo en la capital se registraron 27 puntos conflictivos, uno de ellos frente a la Universidad Central del Ecuador. 

El Decreto 884 emitido por el presidente Lenín Moreno, faculta a la Policía y Fuerzas Armadas el control de las calles. Durante 60 días se suspende el derecho a la libertad de asociación y reunión, libertad de tránsito y el destino de fondos para sustentar los operativos, que según afirmó el mandatario son para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y controlar a quienes pretenden provocar el caos. 

Pasar bajo el puente del Consejo Provincial de Pichincha asemeja entrar a una ‘boca de lobo’ donde la policía fácilmente puede acorralar a los manifestantes. Ahora es un sitio de refugio para indigentes y migrantes venezolanos sin techo.  

Entre las calles oriente y García Moreno, una joven venezolana de unos 19 años me pregunta:

 –¿Quiénes protestan? ¿Los venezolanos? –preocupada dirige su mirada al tumulto de gente. Las banderas tricolores con amarillo, azul y rojo se confunden entre el humo y los gritos. También hay estrellas blancas en las banderas.  

 “Así está diseñado el modelo económico, así está diseñada la estrategia para reactivar la economía” argumentaba el Vicepresidente, Otto Sonnenholzner en rueda de prensa, frente al segundo día de protestas. La eliminación del subsidio es solo una medida del paquete completo. 

Siguen plegados al paro nacional el Frente Unitario de Trabajadores y el Movimiento Indígena que anuncian que continuarán con las movilizaciones. La tarde del 04 de octubre, el gremio transportista dio por finalizado el paro de actividades, quedando pendiente el incremento de tarifas.