“Hemos sufrido el despojo de nuestra tierra a través de la violencia en la sierra, por lo que pedimos que nos restituyan la tierra, para que podamos vivir en armonía con nuestros hermanos” dijo el gobernador tradicional de Mogotavo en un evento «histórico» donde la presidenta visitó la sierra Tarahumara

Texto: Kau Sirenio

Foto: Presidencia

Los surcos en la frente de Hortensia Palma Palma son los caminos recorridos en el corazón de la Sierra Tarahumara. A pesar del frío que brota debajo de la sombra del pino, no la inmuta; sigue ahí, narrando la historia de muchos años de resistencia para que el Estado mexicano les reconozca lo que durante años fue el lugar sagrado para ella.

Mientras suelta un pedazo de historia, la gobernadora tradicional de Guachochi, Hortensia Palma Palma, comenta que acudió a Mogotavo, Chihuahua, para presenciar la firma de decretos de reconocimiento de la Propiedad Comunal Tradicional de tierras a comunidades rarámuri y la evaluación del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara.

En el rostro de la mujer de 69 años se dibuja una sonrisa como señal de triunfo: 

“Estoy muy contenta de estar en la firma de este decreto presidencial que reconoce la lucha de los compañeros de Bosque de San Elías, municipio de Bocoyna, y Guasachique, municipio de Balleza. Es el primer paso del Plan de Justicia de los pueblos rarámuri; lo veíamos imposible, pero se logró y lo celebramos con la visita de nuestra presidenta”.

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El decreto

El decreto reconoce “la propiedad comunal tradicional en el predio de la comunidad tarahumara de Guasachique, denominado Huasachique, ubicado en el municipio de Balleza, con una superficie de 1,485-30-58 hectáreas; así como de la comunidad tarahumara Bosques de San Elías Repechique, el predio denominado Aguizaina, ubicado en el municipio de Bocoyna, con una superficie de 693-44-96 hectáreas; en ambos casos, a su favor, para su uso, disfrute y disposición”, según se lee en el documento presidencial.

Sin embargo, de acuerdo con Raíchali, el gobierno tan solo entregó el 6.3 por ciento de las tierras de las 11 mil que pelea la comunidad Bosque San Elías Repechique desde hace años, debido a que su territorio fue vendido a 12 particulares – empresarios de la región.

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La gobernadora tradicional de Guachochi, Hortensia Palma, se levantó y caminó unos 30 metros para esperar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Allí, frente a las cruces, se realizó la ceremonia tradicional rarámuri, y luego la acompañó a la mesa para iniciar las actividades programadas para ese día.

Desde ese espacio, la mandataria de México dijo: 

“Para resarcir la justicia, tenemos que regresarle la tierra a los pueblos y comunidades indígenas que durante años fueron despojados, gracias al silencio de los gobiernos neoliberales que permitieron la extrema violencia en esta región”.

Agregó: “Vamos a continuar trabajando para recuperar la dignidad de los pueblos indígenas. Para esto, seguiremos trabajando; desde la apertura de la carretera que comunique la Sierra Tarahumara con el estado de Sinaloa”.

Nunca más el despojo de tierras

Sheinbaum Pardo se comprometió con los planes de justicia, asegurando que no se repetirá nunca más el despojo de tierras y que la justicia se hará realidad: “La justicia social devuelve la dignidad de los pueblos rarámuri, porque son pueblos dignos y valerosos”.

El gobernador tradicional de Mogotavo, Luis González Díaz, fue el encargado de dar la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En su mensaje, aprovechó para hablar de los problemas sistemáticos que padecen sus paisanos: “Tenemos problemas de empleo, nuestros jóvenes se van a trabajar de jornaleros, el agua que tenemos no es la adecuada, nuestra educación no se enseña en nuestra lengua”.

“Hemos sufrido el despojo de nuestra tierra a través de la violencia en la sierra, por lo que pedimos que nos restituyan la tierra, para que podamos vivir en armonía con nuestros hermanos”, denunció Luis González.

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La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, dio respuesta al gobernador: “No están solos, gobernador, aquí estamos para resarcir la justicia y regresarle la tierra de la que fueron despojados, lo cual provocó una profunda huella de exclusión y discriminación”.

Vega Rangel fue enfática al señalar que los gobiernos federal y estatal guardaron silencio cuando se violentaba el territorio rarámuri:

“Fueron sordos, a pesar de la violencia que imperaba en esta región, no hicieron nada para evitar que se cometieran agravios”.

El titular del INPI, Adelfo Regino Montes, sostuvo que la entrega de la tierra a los pueblos rarámuri es un hecho histórico: “El decreto presidencial para la restitución de la tierra a los hermanos rarámuri es el primer paso del Plan de Justicia, porque durante años estuvieron sin tierra. Parece paradójico que Coahuila y Chihuahua, estados donde comenzó la Revolución mexicana, pero en Mogotavo las cosas siguieron en el mismo estado natural del porfiriato”.

En la charla, el director general del INPI adelantó que de los 17 planes de justicia para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, pronto se pondrán en marcha otros 13, lo que sumaría un total de 30 en todo el país. Además, se impulsará el reconocimiento de la propiedad comunal tradicional.

“No es solo la entrega de la tierra, sino el reconocimiento de su propiedad como bienes comunales tradicionales. Eso lo hace especial, porque así lo venían haciendo”, explicó.

En su intervención durante la firma del decreto, Regino Montes dijo: “Como resultado de los abusos e injusticias durante la conquista española, así como de las políticas que favorecieron a empresas madereras, mineras y turísticas, las tierras de las comunidades de la Sierra Tarahumara fueron fraccionadas y transferidas a propietarios privados. Desde entonces, han emprendido una lucha constante por defender y conservar la posesión de sus territorios”.

Adelantó que la comunidad de Mogotavo inició la gestión a finales de 2023, se realizaron trabajos técnicos de avalúo y está programada la entrega de tierra en los primeros meses de 2025. “Una tercera reunión con los particulares que ostentan títulos de propiedad sobre el territorio ancestral de la comunidad (mil 500 hectáreas), tiene como finalidad buscar vías alternativas para la resolución del conflicto agrario a través del COSOMER”.

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Mientras tanto, se espera la publicación de la declaratoria de Tierras Nacionales para entregar a favor de la comunidad de Mala Noche una superficie de aproximadamente 3 mil hectáreas; a las comunidades Tepehuanas del Norte de Mesa Colorada, Cordón de la Cruz y el Tepozán, con poco más de 500 hectáreas; así como la comunidad de Altos de la Garrocha, en el municipio de Balleza, por mil 640 hectáreas.

También está en la lista la comunidad de Bawinokachi, que plantea la recuperación de mil hectáreas ubicadas en el predio Bajío Largo, en el municipio de Bocoyna; la comunidad de Arroyo del Pajarito, por mil hectáreas, y Barrancas de Sinforosa, por mil 888 hectáreas.

Visita presidencial, un parteaguas para la justicia

Para llegar a la firma del decreto presidencial, las mujeres y hombres rarámuri caminaron entre los caminos de serpientes que se extienden en las faldas de la Sierra. Allí, el sonido del viento que mece suavemente las ramas de los abetos suelta los aromas que se esparcen entre los visitantes.

Los coloridos vestidos de los lugareños dibujan un arcoíris que se va perdiendo entre los intrusos que llegaron de las ciudades para la organización de la gira presidencial. Si no fuera porque hay una buena relación con el Estado mexicano, todos pensarían que este viaje no es otra cosa que una invasión al territorio histórico de los rarámuri.

Este lugar, tan olvidado por Dios y por los gobiernos de Chihuahua, solo sabe de talamontes rapaces y asesinos, así como del desprecio de los blancos de la ciudad. Por eso, Hortensia dice con seguridad que la visita es el parteaguas para que el Plan de Justicia aterrice en las escuelas, centros de salud y ponga fin, de una vez por todas, a la exclusión.

En esta tierra acosada por la tala inmoderada e ilegal de los bosques, los asesinatos y la violencia recurrente, donde el gobierno del estado está tan ausente ante los reclamos de las comunidades de la sierra, la segunda gobernadora de Guadalupe y Calvo, Cecilia Jiménez, refuerza la petición de la gobernadora de Guachochi al afirmar que el desarrollo de los pueblos rarámuri debe pasar por el reconocimiento de su cultura, lengua y, sobre todo, el reconocimiento de su territorio: “Viajé casi día y medio para llegar aquí, porque vine a escuchar a nuestra presidenta que viene a entregar la tierra a los hermanos de esta comunidad”.

Agrega: 

“En mi comunidad trabajamos con los niños y jóvenes para reforzar su cultura y lengua materna, porque la justicia tiene que pasar por reconocer lo que somos, dónde vivimos y el espacio ceremonial: nuestro territorio”.

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La gobernadora de Guachochi, Hortensia Palma, no fue la única. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó acompañada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, así como de las secretarias de Bienestar, Sedatu, Ariadna Montiel y Edna Elena Vega Rangel, la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, y el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.