Con su crítica a la Reforma Judicial el embajador de Estados Unidos muestra su verdadera faceta: defender los multimillonarios intereses que están en riesgo con la mayoría calificada de Morena y aliados

Por Alberto Nájar / X: @anajarnajar

Viernes 16 de agosto. El embajador de Estados Unidos Ken Salazar apoya la iniciativa de Reforma Judicial porque “es una herramienta para acabar con la corrupción”.

Añade: el actual sistema jurídico “es un obstáculo para llevar a la cárcel a los líderes de los carteles de la droga”.

Jueves 22 de agosto. El mismo Ken Salazar rechaza la misma iniciativa de ley. La propuesta, asegura, “no resolverá el problema de la corrupción” y representa “un riesgo para la democracia”.

Añade: los carteles de la droga “se aprovecharían de los jueces inexpertos” para que la justicia juegue en su favor.

Dos posiciones distintas, un mismo embajador. ¿Qué pasó? Simple: una noche antes le cayó un baño de realidad.

La Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral aprobó la mayoría calificada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Cámara de Diputados.

En la asignación de escaños en el Senado esa fuerza política quedó a tres votos de contar con esa misma mayoría, algo relativamente alcanzable dada la realidad que enfrentan los partidos de oposición.

Al día siguiente el dictamen fue avalado por el Consejo General del INE, a pesar del intento de la consejera Claudia Zavala de cambiar la asignación de posiciones en el Congreso.

Una realidad que al parecer no esperaba el diplomático estadounidense ni, por la forma dramática como reaccionó, tampoco los intereses que representa.

Porque el diplomático no sólo habló en nombre del Departamento de Estado, sino también de los grandes consorcios estadounidenses que serán afectados con la nueva realidad de México.

La mayoría calificada permitirá a Morena y sus partidos aliados aprobar las iniciativas de reforma constitucional enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.

La atención se concentra en la propuesta de cambiar al Poder Judicial donde se lleva a cabo un enconado debate porque, en los hechos, los jueces, ministros y magistrados representan el último bastión de poder real que tiene la oposición.

Ha sido allí, por ejemplo, donde consorcios internacionales de generación de energía han conseguido victorias importantes, como la cancelación de la Ley Eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero ésta reforma no es la única. En la lista de iniciativas que se votarán a partir de septiembre se encuentra la propuesta de establecer el agua como un derecho humano y no como mercancía, como implícitamente permite la Ley General de Aguas vigente desde 1992.

Esto significa que empresas como Femsa, Grupo Modelo, la Cervecería Cuauhtémoc o Lala, entre otros, terminen con la depredación de los mantos freáticos del país.

Esto implica grandes pérdidas para consorcios internacionales que son propietarios de las compañías cerveceras, y que tienen en Estados Unidos su principal mercado.

Otra reforma constitucional se refiere a la prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otras sustancias tóxicas donde también existen enormes ganancias de empresas estadounidenses.

Las iniciativas presidenciales contemplan los derechos de pueblos y comunidades indígenas a, por ejemplo, ser consultados obligatoriamente por las grandes compañías mineras o que explotan hidrocarburos.

Una más se refiere a la consolidación definitiva en la prohibición del maíz transgénico, lo que afectaría a los grandes productores de la gramínea de la región central de Estados Unidos que dependen en más del 80% del mercado mexicano.

En el debate legislativo se contempla desaparecer los organismos autónomos, entre ellos las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos.

Se trata de órganos que desde su fundación favorecieron a compañías trasnacionales de electricidad y petróleo. Varias son estadounidenses.

La desaparición de éstos organismos, por cierto, ya fue avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Son algunos de los intereses multimillonarios que están en riesgo con la Reforma Judicial, y por eso el cambio de actitud de Ken Salazar quien en menos de una semana se vio obligado a mostrar su verdadera faceta.

Más allá de la actitud injerencista del embajador y su gobierno, es importante revisar el detrás de cámaras de la puesta en escena del 22 de agosto.

Eso nos permite entender lo que está en juego con la mayoría calificada en el Congreso.

No son curules y escaños, ni la lucha por salarios y dietas como simplonamente se pretende enfocar la narrativa.

Es el nuevo rumbo del país y el cambio del nocivo paradigma que ha dominado desde 1986.