Ante el inicio de la COP30, organizaciones civiles alertan sobre la alta dependencia del gasto público mexicano hacia sectores intensivos en carbono, la priorización de megaproyectos sobre la acción climática y la crisis presupuestaria para el cuidado de las áreas naturales protegidas

Texto: Laura Buconi

Foto: Duilio Rodríguez / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – México se está quedando atrás en la carrera para hacerle frente al cambio climático. Cayó un puesto y ocupa el lugar 39 en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático (CCPI) de este año, con un desempeño general bajo. La deforestación y la degradación forestal siguen siendo problemas recurrentes, así como los conflictos territoriales.

En un ejercicio de diálogo con medios de comunicación, el 17 de octubre, la Coalición México Resiliente, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), Wildlands Network Programa México y Oxfam México compartieron sus análisis sobre el Paquete Económico 2026, con el propósito de examinar sus implicaciones para la acción climática y la justicia fiscal. Es importante señalar que las contribuciones que México está preparando en la actualidad van a ser presentadas ante la COP30, que tendrá lugar en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre.

Las organizaciones coincidieron en un diagnóstico común: el presupuesto mexicano sigue estando desalineado con los compromisos climáticos nacionales e internacionales —como la adherencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la firma del Acuerdo de París en 2016—, prioriza inversiones en obras con alto impacto climático y carece de una visión estructural que coloque la sostenibilidad en el centro de la política económica.

En un contexto de vulnerabilidad climática creciente, advirtieron que el gasto público mexicano mantiene una alta dependencia de sectores intensivos en carbono, y que la ausencia de criterios de sostenibilidad en la planeación financiera pone en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

México debe actualizar su NDC para el año 2025, como parte del tercer ciclo de revisión global. Esta actualización, conocida como NDC 3.0, requerirá que los países demuestren una mayor ambición climática, bajo el principio de progresión y basado en evidencia científica. El informe de GFLAC señala que México depende de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, como la exportación de petróleo —once veces mayores que los ingresos sostenibles— y, además, gasta cinco veces más en actividades contaminantes que en acciones para atender la crisis ambiental. Esta situación pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos climáticos del país.

Un presupuesto que prioriza megaproyectos sobre la acción climática

En el ámbito federal, el Anexo Transversal 16 (AT16) del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 contempla 212 mil 569 millones de pesos para acciones relacionadas con el cambio climático. Sin embargo, buena parte de estas acciones no están asociadas al cambio climático y algunas, como la expansión de infraestructura del gas fósil, lo exacerban.

De acuerdo con Gina Ileana Chacón, de Wildlands Network Programa México, el AT16 ha perdido su propósito original de fortalecer la política climática nacional.

“El Anexo 16 se ha convertido en un instrumento para financiar megaproyectos, en lugar de fortalecer las capacidades institucionales para la conservación, la restauración y la adaptación al cambio climático”, subraya Chacón.

El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024, desarrollado por GFLAC, estima que solo el 0.57 % del gasto público podría considerarse explícitamente atribuible a la acción climática, lo que lleva a GFLAC a considerar que el AT16 estaría inflando las acciones que provocan el cambio climático, en lugar de las que lo podrían mitigar. El programa Infraestructura en materia de seguridad nacional, que se enfocará en ampliar las capacidades de una granja solar en instalaciones militares de SEDENA, recibirá 9.75 veces más recursos que todos los programas enfocados en la gestión sustentable del agua y políticas hídricas contenidos en el AT16.

Desigualdad climática en los territorios

Según el Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional (IFSS) aplicado a las 32 entidades federativas de México, creado por GFLAC, no hay ningún estado de la república mexicana que tenga balance en sostenibilidad en sus finanzas. Se realizó una comparativa entre las variables de Ingresos y Presupuestos Sostenibles contra los Ingresos y Presupuestos Intensivos en Carbono. Zacatecas presenta el mejor desempeño con 2.4 de 4 puntos (nivel medio alto), mientras que Chihuahua obtiene apenas 0.5 de 4 puntos, el nivel más bajo del país. Por su parte, la Ciudad de México, con 1.9 de 4 puntos, se sitúa en un nivel medio. Esto demuestra la necesidad de diversificar y descarbonizar las finanzas a nivel estatal, creando y mejorando la recaudación y asignación de recursos.

“El 4.59 % del presupuesto de la Ciudad de México se dedica a la atención al cambio climático, mientras se invierte el 15 % de su presupuesto en actividades que incrementan las emisiones, y en promedio las 32 entidades federativas tienen 4.8 veces más ingresos para actividades que incrementan el problema que para acciones que lo solucionen. Un ejemplo es la construcción de tramos carreteros, acción que va a fomentar que haya más transporte. Sin embargo, lo están midiendo como algo que va a ayudar a reducir las emisiones”, denuncia Sandra Guzmán.

Señala que estas diferencias muestran la falta de capacidades y recursos en los territorios para impulsar la acción climática, que es precisamente donde ocurre la implementación real de las políticas ambientales.

Crisis presupuestaria para el cuidado de las áreas naturales protegidas

La situación es particularmente crítica para las Áreas Naturales Protegidas, que en 2026 recibirán apenas 1002 millones de pesos para conservar ecosistemas, lo que equivale a 10.22 pesos por hectárea.

“Sin recursos suficientes para la vigilancia, el manejo y la conservación, las áreas naturales protegidas serán solo líneas en un mapa condenadas a desaparecer”, advierte Chacón. Se trata de un monto 30 veces inferior al presupuesto asignado al Tren Maya, según los estudios de la asociación civil NOSSA para la Sostenibilidad Ambiental.

Según el informe de NOSSA, solo el 0.2 % del presupuesto total del Anexo Transversal 16 se destinaría a las áreas naturales protegidas. En 2021, tuvo una asignación de 540 millones de pesos y para 2025 el presupuesto se redujo a 93 millones de pesos. Chacón subraya que precisamente desde este año se comenzó la elaboración de programas de adaptación al cambio climático en áreas naturales protegidas.

El Tren Maya, señala, recibiría un monto 30 veces superior, y esto evidencia que la protección de las áreas naturales no es una prioridad para el Gobierno mexicano. A la infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros se destinará el 22 % de los recursos, la sección más amplia del presupuesto, seguida por Defensa de la Integridad, Independencia y Soberanía del Territorio Nacional, Infraestructura en materia de seguridad nacional, enfocada a programas de transición climática de las instalaciones de defensa militar (21 %) y Sembrando Vida (18 %).

Sin justicia fiscal no habrá justicia climática

Para Oxfam México, la raíz del problema está en la estructura fiscal. Jorge Martínez, coordinador del programa de justicia climática, explicó que México se mantiene como una anomalía fiscal, con una recaudación aproximada del 16 % del PIB, de las más bajas entre los países de la OCDE y una de las menores de América Latina.

Esta debilidad fiscal reduce el margen de maniobra del Estado para financiar la transición energética, fortalecer la protección ambiental y reducir las desigualdades. Sin embargo, el problema no es solo la falta de recursos, sino también su orientación. Oxfam advierte que el gasto público mexicano sigue siendo regresivo y desalineado con los objetivos climáticos, destinando grandes montos a subsidios y obras con alta huella de carbono, como construcción de edificios y carreteras con materiales de bajo carbono, mientras las instituciones ambientales y sociales permanecen subfinanciadas.

Según Oxfam, el 10 % más rico del planeta es responsable del 50 % de las emisiones de carbono, mientras que el 50 % más pobre es responsable de tan solo 10 % de las emisiones.

“El 80 % de las personas en el país se mueven en el transporte público y estamos destinando el 80 % del recurso público para el auto, que es la forma de moverse que más contamina y que, de nuevo, usan las personas que más dinero tienen. La mayoría del gasto de la población es en alimentación y después en transporte. Pero es muy desproporcionado con respecto a sus ingresos. ¿Cómo podemos apoyar a que las familias tengan seguridad alimentaria, puedan transportarse, que son gastos básicos del día a día, si no estamos creciendo el presupuesto público en las personas? ¿Y con qué dinero?”, cuestiona Jorge Martínez.

Frente a este panorama, Oxfam presenta alternativas para financiar la acción climática:

• 1.7 billones de dólares anuales podrían recaudarse con un impuesto global sobre la riqueza de millonarios y multimillonarios.
• 6.4 billones de dólares podrían provenir de un impuesto del 60 % sobre los ingresos del 1 % más rico del mundo.
• Y 941 mil millones de dólares podrían obtenerse mediante un impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones.
• En México, un precio justo al carbono, que esté alineado con las metas climáticas anunciadas, podría recaudar hasta 2 billones de pesos hacia 2030 y casi 7 billones de pesos de aquí a 2035.

“Ese presupuesto podría ser destinado a la acción climática, para proteger a los más desfavorecidos, para ayudar a las personas a enfrentar, no nada más los impactos directos de la crisis climática, sino los indirectos en el alza de precio de alimentos, acceso al agua y en general para poder pagar sus gastos del día a día”, propuso Martínez.

“Los pocos recursos que se tienen están mal enfocados. Sin una política fiscal verde y progresiva, no habrá transición justa ni posibilidad de enfrentar la emergencia climática de forma justa”, afirmó Jorge Martínez.

El presupuesto como espejo de prioridades

Las tres organizaciones coinciden en que la acción climática no puede depender de la retórica, sino de presupuestos coherentes, progresivos y con base en evidencia. Mientras los recursos públicos sigan concentrándose en sectores intensivos en carbono o desvinculados de la sostenibilidad, México continuará profundizando sus brechas económicas, sociales y ambientales.

“Sí hay poco presupuesto y espacio fiscal, pero eso es porque México tiene una recaudación baja a comparación de todos sus pares por decisión política y el gasto del presupuesto no solo es regresivo, va completamente desalineado con las metas y discurso político de esta administración. Hay alternativas viables que alinearán la recaudación, el ejercicio del gasto con las metas climáticas y la reducción de desigualdades. Tenemos opciones y tenemos que impulsarlas”, sostiene Jorge Martínez.

Desde la Coalición México Resiliente, se enfatiza que el presupuesto es un espejo político: revela en qué se invierte, a quién se prioriza y qué se deja fuera. Las organizaciones civiles sostienen que el país necesita un presupuesto para la vida, capaz de financiar soluciones climáticas, proteger la naturaleza, reducir desigualdades y garantizar el ejercicio efectivo de toda la población al derecho humano a un medio ambiente sano.

“Alinear las finanzas públicas con los compromisos climáticos no es una aspiración futura, sino una condición para la estabilidad y la justicia del presente”, concluye su comunicado.