El gobierno de Michoacán pretende desconocer la Guardia Comunal de Santa María Ostula, quienes desde 2009 defienden su territorio del crimen organizado, y ahora, de los embates gubernamentales

Texto y fotos: Heriberto Paredes

Actualización 22 de diciembre

MICHOACÁN. – El pasado 20 de diciembre de 2023, la comunidad nahua de Santa María Ostula logró, a través de su representación jurídica, una suspensión definitiva, dentro del juicio de amparo 832/2023 en contra de la aplicación de la Ley del Sistema de Seguridad del Estado de Michoacán incluyendo su reglamento, ya que dicha ley actuaría directamente en contra de sus instituciones de seguridad comunal, particularmente la Guardia Comunal. El juez federal Sexto de Distrito, con residencia en la ciudad de Uruapan fue quien concedió esta resolución.

Es mediante una reforma del artículo 104 de dicha ley, publicada el 12 de julio de 2022, que adiciona una fracción III, que se establece que únicamente serán reconocidas las Guardias y Rondas Comunales en las comunidades indígenas que cuenten con autogobierno reconocido por el Instituto Electoral y ejerzan presupuesto directo. Asimismo, el reglamento establece la evaluación y certificación de quienes integren una guardia comunal o ronda.

Esta reforma y nueva reglamentación, a consideración de las autoridades de Ostula –consultadas para esta nota–, “se viola la autonomía de las comunidades indígenas ya que se aprobó sin consultarnos”. Cabe mencionar que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla (MORENA) atacó, en meses pasados, a la Guardia Comunal de Santa María Ostula.

Ramírez Bedolla, en conferencia de prensa, el pasado 14 de agosto de 2023, al ser increpado a raíz del asesinato del guardia comunal de Ostula, Froylán Lorenzo de la Cruz, declaró que: “Quiero ser muy claro, esta ronda comunitaria de Ostula es ilegal, no es una ronda comunitaria de autogobierno, es decir, es de los pocos resabios que quedan de este tipo de grupos armados ilegalmente, para que no nos confundamos. Nosotros le hemos pedido a la comunidad de Ostula que se haga una consulta pública en la población para que decidan si quieren ser autogobierno y entonces poder acceder a todos los derechos y a todas las responsabilidades que tienen los autogobiernos, entre ellas las de seguridad pública”.

No es la primera vez que el gobernador hace alusión a la Guardia Comunal de Santa María Ostula. El 6 de septiembre de 2022, Ramírez Bedolla afirmó que su gobierno “está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas, que a parte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos […], en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley”.

Es claro que el gobernador desconoce, en primer lugar, el marco legal bajo el que se ampara la comunidad de Ostula para tener una Guardia Comunal; en segundo lugar, en sus declaraciones, se mete en la misma bolsa a diferentes tipos de grupos, como son las rondas comunitarias, las guardias comunales y las autodefensas. Y en tercer lugar, aunque no menos importante, hay que señalar que en la región de la sierra-costa michoacana, lugar en donde está la comunidad de Ostula, la violencia ha disminuido considerablemente gracias a la gestión de esta guardia y su colaboración con otros cuerpos de seguridad comunales, tanto en la cabecera municipal de Aquila como en el municipio vecino de Coahuayana, mientras que en municipios de la misma región como Chinicuila y Coalcomán, a pesar de la presencia de Guardia Civil y Guardia Nacional, es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien realmente controla estos sitios e impone escenarios de violencia que parecen no tener fin.

Legalidad de la Guardia Comunal

La medida cautelar provisional obsequiada por el juez federal ordena al Congreso del Estado, al gobernador y a sus secretarios, a no aplicar en perjuicio de la comunidad de Santa María Ostula dicha ley y su reglamento por lo que quedan suspendidos los intentos de frenar la actuación de la Guardia Comunal, quien continúa manteniendo la seguridad y la tranquilidad en Ostula al igual que en otras zonas cercanas a través de apoyos y colaboraciones con otros grupos de seguridad locales.

A pesar de tratarse de una reforma legal profundamente regresiva, Santa María Ostula es la única comunidad en el estado –hasta ahora– que impugnó dicha ley por considerarla inconstitucional y contraria a los tratados y convenios internacionales que protegen los derechos indígenas.

Ostula se ha negado a asumir el modelo de autogobierno que intenta imponer el gobierno estatal, lo que en términos del asesor oficial y miembro de Emancipaciones, Orlando Aragón, es llamado también cuarto nivel de gobierno. Se trata de un modelo ideado a partir de la experiencia de conformación del Consejo Mayor de Cherán, municipio que tras combatir a los talamontes de la Familia Michoacana y expulsar a las autoridades municipales, policía local y partidos políticos, recuperó sus formas tradicionales de cuidado y defensa del territorio.

Gracias a que esta comunidad p’urhépecha retomó su ronda comunitaria fue que comenzó también a organizar su forma de gobierno, siempre a partir de su contexto, historia y tradiciones. Lo que se intenta desde el gobierno michoacano es convertir esta experiencia en un modelo aplicable a todas las comunidades indígenas de la entidad e imponerlo a toda costa. Se confunde la herencia y los aprendizajes de distintas experiencias de lucha en una receta única, que frena –en contraste–, los impulsos de lucha y organización de las comunidades que la aceptan.

Ya que cada comunidad y región cuenta con un contexto e historia distintas, aunque a veces compartan lazos, procesos y vinculaciones, el intento gubernamental de homologar procesos de autonomía en un modelo que llama autogobierno no ha sido bien recibido por la propias comunidades y existe una amplia discusión al respecto.

En este sentido, la comunidad nahua de Ostula ha discutido profundamente sobre las ventajas o desventajas de este modelo externo, llegando a la conclusión de que no es conveniente asumirlo. El Consejo Comunal y los distintos espacios organizativos de Ostula, incluyendo la Asamblea General han rechazado este cuarto nivel de gobierno y han decidido continuar con sus estructuras y sobre todo con su Guardia Comunal.

A diferencia de lo que declaró el gobernador, en Ostula se tienen antecedentes históricos que datan del siglo XVII respecto a la organización comunal para la seguridad, específicamente la Compañía de Flecheros, documentada por la historiadora del Colegio de Michoacán (COLMICH) Carmen Ventura.

Tras poco más de una década, en la que se impuso la policía municipal en la comunidad nahua, Ostula decide reorganizar a su Guardia Comunal en junio de 2009 y emite el Manifiesto de Ostula, documento mediante el cual la comunidad se ampara en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales para recrear su institución de seguridad, misma que a pesar de los distintos ataques gubernamentales, castrenses y criminales, sigue vigente y llevando a cabo las tareas que le confiere el mando comunal.

Este acuerdo internacional fue ratificado por el gobierno federal mexicano y gracias a una reforma constitucional, llevada a cabo en 2012, este acuerdo internacional (como el resto de ellos) pasa a tener un carácter equiparable al constitucional. Es de esta forma que la Guardia Comunal de Ostula, no sólo tiene un respaldo en el marco jurídico internacional sino en el federal, además es preciso señalar que no se trata de una autodefensa o de un grupo de civiles armados que actúan al margen de la ley, como insiste en señalar Ramírez Bedolla.

Retos y descalificaciones sin sustento

Desde el inicio del gobierno morenista de Ramírez Bedolla se ha insistido en la necesidad de establecer el autogobierno como una única salida posible a las constantes experiencias de construcción de la autonomía en la entidad. Sin embargo, una medida impuesta desde el Estado que se cuestiona, bajo la forma de un modelo a seguir ha generado divisiones y cuestionamientos a pesar de las declaraciones oficiales: “Ya son casi 300 elementos de las rondas comunitarias de autogobierno que se acreditan, que se certifican, que pueden portar armas, de acuerdo a la ley que modificamos del Sistema de Seguridad Pública, sin embargo esa ronda de Aquila está fuera de la ley”.

A pesar de que la Guardia Comunal cuenta con el respaldo legal, de que se ha constituido como una institución de seguridad comunal y de que gobiernos anteriores la han reconocido, el gobierno actual de Michoacán continúa señalando que “cualquier grupo de personas armadas, la ley es muy clara, están cometiendo un delito y se les puede catalogar como banda de delincuentes. Punto”, concluyó el Ramírez Bedolla.

“En cuestión de las declaraciones del gobernador, la comunidad no va a seguir su juego perverso, nosotros tenemos asuntos y cosas más grandes que hacer, más importantes, mejor que se dedique a su trabajo y también aconsejarle a sus asesores que lean un poquito más para que lo aconsejen mejor, que lean, por ejemplo, el Acuerdo 169 de la OIT, ahí se van a dar cuenta de varias cosas”, señala un miembro del Consejo Comunal de Santa María Ostula.

Continúa el consejero: “No buscamos ninguna confrontación con el gobierno, queremos impulsar la cultura, el trabajo, la educación, el deporte, nos concentramos en que nuestra gente viva en paz y armonía, no buscamos ningún problema con el gobierno”.