Representantes de comunidades indígenas de los municipios de Urique, Uruachi y Bocoyna, aseguran que la unión entre ellas y la preservación de su cultura, son los elementos claves con los cuales resistir y luchar por la Sierra Tarahumara. Consideran que sus necesidades serían mejor atendidos si la persona a cargo de la Secretaría de Comunidades y Pueblos Indígenas fuera, precisamente, indígena

Texto y fotografías: Óscar Rosales / Raíchali

CHIHUAHUA. – “Si nos mantenemos organizados, si hay unión, eso nos hace fuertes”, es como Cruz Sanchéz Legarada, rarámuri desplazado de su hogar por la violencia, piensa que se le debe hacer frente a los problemas de tala clandestina, incendios, sequías, contaminación y falta de voluntad política que afectan a la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Sin embargo, no está solo y su ideal se suma a las denuncias y propuestas de un grupo de personas indígenas que durante dos días denunciaron ante los medios de comunicación y el poder legislativo en la ciudad de Chihuahua la serie de problemáticas.

En los encuentros que se dieron el pasado miércoles 26 y jueves 27 de junio, integrantes de las comunidades de Bacajípare, Huitosachi, Bosques San Elías Repechique y el Manzano, expusieron una serie de problemas que aseguran que, a pesar de su lucha, no terminan de resolverse por falta de voluntad política y por lo cual han tenido que acudir a los tribunales, lo cual ha desembocado en sentencias judiciales.

A su vez, plantean que la conservación de su cultura y el tejido comunitario son parte esencial de como han resistido en el territorio.

Indemnización pendiente por aeropuerto en Creel

De acuerdo con Teresa González Parra, de Bosques San Elías Repechique en el municipio de Bocoyna, no hay un acceso total a los recursos de la indemnización del Fideicomiso de 65 millones de pesos, ordenado por un juez federal como parte de la reparación de daños por no haber consultado a la comunidad indígena para la construcción del aeropuerto de Creel que afectó a 33 rancherías.

En cambio, el año pasado se presionó a integrantes del comité del fideicomiso para que se apruebe de manera exprés la construcción de una carretera sin consultar a la comunidad, a pesar de que la construcción de caminos es tarea de Obras Públicas.

Las autoridades fiscales han negado el acceso a los recursos debido a que la comunidad no contaba con un régimen fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo, aunque Bosques San Elías Repechique intentó integrarse como una cooperativa, parte del comité del fideicomiso les rechazó la idea.

Sumado a esto, a algunas personas indígenas que forman parte del comité les cuesta trabajo entender con totalidad los términos técnicos y los procedimientos necesarios para acceder al fideicomiso debido a que nadie les explica en su lengua.

“No nos han respetado, lo dicen a una forma de que nosotros no entendamos, como no hay un traductor de que nos traduzca lo que ellos digan entonces difícilmente los comprendemos”, afirmó Teresa durante la rueda de prensa del miércoles.

Dentro del mismo territorio, se construyó el taller de costura Bowe Najativo, aunque Teresa asegura que personas enviadas por el empresario Fernando Cuesta, quien demandó penalmente a la comunidad y perdió en los tribunales, siguen vigilando la zona.

Razers y complejos hoteleros, ejemplos de turismo irresponsable

Los incendios que en los últimos meses han consumido los bosques de la Sierra Tarahumara, no son los únicos que afectan al territorio indígena. Según Lorenzo Moreno, rarámuri de la comunidad de Bacajípare en el municipio de Urique, los hoteles construidos y administrados por mestizos, no procesan adecuadamente su basura y mucho menos la desechan de manera responsable.

Lorenzo exigió que haya revisiones por parte de las autoridades a todos los complejos hoteleros construidos en Barrancas del Cobre y se regulen los desechos que generan, los cuales terminan en los ríos.

“El relleno sanitario está colapsado (…) hay un tiradero por todos lados, hay mucha contaminación porque la están quemando”, afirmó Moreno.

En el mismo sentido, el representante rarámuri señaló que los hoteles acaparan la mayor parte del agua de la entidad y que la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) tampoco ha prestado atención a las  descargas de aguas residuales.

“Tienen que pensar bien como hacer turismo (…), es turismo, pero el agua es más importante que todo eso, porque sin agua no vivimos”, dijo Lorenzo.

Contrario a los hoteles, las comunidades indígenas tienen que pagar pipas de agua, cuyos costos se han elevado, denunció Isabel Monarca, mujer rarámuri de Huitosachi.

Además, la llegada de turistas a la sierra ha incrementado el uso de vehículos razers, los cuales perjudican el suelo de los bosques al momento de que tiran aceite y matan animales pequeños, incluso peces de los ríos, aseguró.

La suma de la contaminación, la sequía, el uso de los razers y los incendios en la Tarahumara, ha provocado que el agua “se aleje”, explica Isabel, ya que el liquido es un ser viviente y busca otros lugares donde existir.

Las comunidades han construido planes de desarrollo regional, como el de Nátiga Busuré para las personas indígenas del  municipio de Urique, presentado en julio del 2022, sin embargo, las autoridades estatales y municipales no han dado el seguimiento deseado a la iniciativa.

Desde el Congreso, denuncian falta de representación indígena

Como parte de su vigesimoquinto aniversario, la organización Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), reunió el miércoles a los representantes indígenas en el Congreso de Chihuahua para hablar de como han afrontado las problemáticas de sus comunidades.

Desde el edificio legislativo, las comunidades explicaron que la organización comunitaria y la preservación de sus tradiciones, como la celebración del Yumari (fiesta tradicional rarámuri) y el juego de ariweta, son formas de seguir luchando por su territorio y los seres vivos que lo habitan.

“No olvidar nuestra cultura, nuestro saber, en las comunidades, en todos lugares donde es sagrado”, compartió Eva Pérez, de Bosques San Elías Repechique.

Por su parte, Cruz Sanchéz contó como él y otras 36 personas han reconstruido una nueva comunidad muy lejos de su territorio, ya que desde el 2015 se vieron obligados a huir de la violencia de El Manzano, en el municipio de Uruachi.

Durante su estancia en la ciudad de Chihuahua, Cruz y un grupo de personas indígenas desplazadas de otros 13 municipios, han rentado un terreno para integrarse como una comunidad.

Han pasado nueve años desde su desplazamiento y Cruz asegura que las solicitudes que han realizado a la Secretaría de Comunidades y Pueblos Indígenas para impulsar el proyecto son ignoradas.

Al señalamiento se le unió Eva Pérez, quien detalló que hay comunidades que tienen hasta 12 años sin recibir apoyos del gobierno municipal y estatal. La falta de agua y láminas para algunas edificaciones afecta al menos a 53 niños de primaria.

Isabel Monarca de Huitosachi, apuntó que aún está pendiente de construirse una casa de salud para la comunidad, la cual solo es atendida a través de brigadas médicas de manera eventual.

Los representantes indígenas coinciden en que sus demandas serían atendidas con mayor rapidez y sensibilidad si la persona a cargo de la Secretaría fuera indígena y no un mestizo, como lo es Enrique Rascón, actual titular. Además, les parece necesario involcucrar a más personas indígenas, tanto rarámuri, ódami y pima, a los procesos de trabajo de las dependencias de gobierno.

“Necesitamos nuevas personas con nuevas ideas en la forma de atender a la gente que viene de las comunidades de la sierra (…) necesitamos esos cambios, que se hagan en las instituciones, ellos (los mestizos) no tienen esa visión no conocen cuál son las necesidades”, afirmó Cruz Sánchez.

Durante el foro, Jessica Vázquez, coordinadora del área jurídica de la Secretaría de Comunidades y Pueblos Indígenas, buscó desmentir algunos de los señalamientos de los representantes, como el de Cruz, a quien le aseguró que su comunidad no ha hecho más que una sola solicitud en la actual administración de gobierno.

Para la funcionaria, que la persona que este a cargo de su dependencia sea indígena o no, resulta indistinto. Afirmó que Enrique Rascón es sensible a las problemáticas de los pueblos de la Sierra Tarahumara.

La respuesta de Vázquez generó reacciones de inconformidad entre el público asistente, integrado por activistas y personas indígenas, quienes consideran que el organismo encabezado por Rascón carece de sensibilidad y compromiso.

Esta nota fue publicada originalmente en RAÍCHALI, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.