Ante la protesta de periodistas que se enteraron de último momento, se propuso una nueva reunión con el gremio periodístico para el día 23 de agosto para crear una Ley General para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas

Texto: Jaime Armendáriz / Raíchali

Foto: Espacio OSC

CHIHUAHUA.- Este martes iniciaron en Chihuahua las mesas de consulta para crear una Ley General para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, aunque llamó la atención la casi nula presencia de periodistas debido a la falta de invitación al gremio para participar.

Esa ausencia le fue reclamada por reporteras y reporteros directamente a Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para las personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El evento, organizado por Secretaría de Gobernación Federal y Gobierno del Estado de Chihuahua, fue realizado en Palacio de Gobierno. Integrantes del gremio periodístico estaban cubriendo una protesta realizada afuera de ese edificio gubernamental y ahí se enteraron que al interior se realizaba la consulta sin haberles invitado.

“Ahorita no le tengo respuesta”, dijo en varias ocasiones el funcionario federal ante el reclamo de periodistas por la falta de invitación y socialización del evento, aunque también dijo que se hicieron más de 180 invitaciones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Una de las principales críticas fue la realización de la consulta fue por la mañana, en horarios que se empalman con las actividades propias de periodistas ya que deben cumplir con la cobertura que les determinan sus medios de comunicación.

También se criticó que no se hayan utilizado los canales de Whatsapp que tienen varias dependencias de gobierno para hacer llegar la invitación a personas del gremio. Por ejemplo, existe un grupo creado por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del estado con poco más de 200 periodistas.  

De acuerdo con Irazoque, la convocatoria fue responsabilidad de la Secretaría de Gobierno del estado. El titular de esta dependencia, César Jáuregui, estuvo en la inauguración de la mesa, sin embargo se retiró de inmediato después de tomar la palabra.

Después de que el grupo de periodistas increpó a Irazoque y se retiró para continuar con su reporteo diario, el coordinador ejecutivo se comprometió a realizar el 23 de agosto una reunión con periodistas para hacer la consulta en un horario más conveniente.

Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se comprometió a hacer extensiva la invitación a este evento por medio de sus canales de Whatsapp con los que mantienen comunicación con el gremio.

Esos reclamos derivaron en otros similares desde organizaciones de la sociedad civil, pues tampoco recibieron invitación desde las autoridades y se dieron cuenta del evento por otras vías.

a Ley General, según aseguró Irazoque, es tener una base jurídica para que cada estado pueda legislar en la materia según su contexto y en su caso generar mecanismos locales de protección.

Sin embargo eso ha generado opiniones encontradas, por el riesgo que existe a que esos mecanismos sean manipulados por autoridades estatales y municipales, ya que desde éstas se han registrado ataques y agresiones a personas defensoras y periodistas.

Para el funcionario estatal, tener esa nueva ley permitirá una mejor articulación de los 3 órdenes de gobierno. “La ley general no soluciona las cosas por si sola, se necesita generar un marco robusto y lo más importante serán las iniciativas creadas desde lo local, con un enfoque diferenciado”, añadió.

Actualmente la ley que se encarga de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas data del año 2012. Con ella se generó el mecanismo federal de protección, que según organizaciones de periodistas y defensoras, se ha debilitado con el paso de los años y ha faltado voluntad política por aplicarla correctamente.

En 2018 había 798 personas incorporadas al mecanismo, y desde entonces se han sumado otras 830, para llegar a 1628. La integración a ese esquema representa algunas medidas como tener botones de asistencia, para alertar a las autoridades ante cualquier agresión o incidente grave, así como servicios de escolta, refugios de seguridad y domicilios con infraestructura de seguridad.

*Esta nota fue realizada por RAÍCHALI, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.