Organizaciones que luchan por una gestión del agua sustentable y equitativa, hicieron un llamado al gobierno entrante para que incorpore de forma prioritaria la atención a la crisis en la gestión del agua y su impacto en la salud 

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – Integrantes de “Redes del Agua México”, una organización dedicada a la promoción de la gestión de agua sustentable y equitativa en Latinoamérica, hicieron un llamado urgente  a Claudia Sheinbaum, presidenta electa, y a Alicia Bárcena, futura secretaria de Medio Ambiente, para que incorporen de forma prioritaria en su plan de gobierno la atención a la crisis en la gestión del agua y su impacto en la salud de la población.

Frente a Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre el derecho al agua y al saneamiento de la ONU, las activistas por la defensa del agua: Nathalie Seguin de Redes del Agua, América Latina; Mónica Olvera, de Cántaro Azul, Chiapas; Patricia Silva de Mudem, Oaxaca y Georgina Vidriales, de Sendas, Veracruz, presentaron 5 líneas  estratégicas  para el gobierno entrante en materia de gestión del agua.

En primer lugar, afirmó Georgina Vidriales:

 “El Estado mexicano debe garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento como política de Estado”. 

Para esto, dijo, es necesaria la construcción de una política gubernamental de largo plazo para asegurar una gestión equitativa y sustentable del agua. Lo cual requiere la actualización y/o generación de instrumentos jurídicos. 

Agua para el futuro 

“Esta política debe abordar el manejo del agua considerando su relación con otros derechos tales como la vida, la salud, el ambiente, la alimentación, la educación, la equidad entre géneros, entre zonas rurales y urbanas, estados del norte y sur, así como la igualdad de oportunidades desde la primera infancia”, afirmó Vidriales. 

Su petición la secundó Patricia Silva, quien precisó que es necesaria la “inversión prioritaria focalizada para cerrar la brecha de desigualdad en el acceso al agua y al saneamiento en hogares de comunidades rurales, indígenas, urbanas y periurbanas”. 

En este punto, añadió, se busca que se destinen recursos económicos y profesionales necesarios para el diseño de proyectos con base en diagnósticos participativos, así como la construcción de formación de capacidades como parte de los proyectos, para la operación y el mantenimiento de infraestructura, misma que debe ser adecuada a los contextos hidrogeológicos de las comunidades. 

En ese sentido, mencionó la activista oaxaqueña, “está documentado que cuando las familias de bajos recursos, con ingresos menores a cuatro mil pesos mensuales, tienen acceso al agua de calidad, destinan los recursos humanos y económicos a otros factores de bienestar como son alimentos, salud, educación y energía, por lo general se libera el tiempo de la mujer responsable de proveer el agua al hogar, lo que permite mayores oportunidades de ingresos o de  educación entre otras”.

Agua para la salud 

Como tercera línea de estrategia, Mónica Olivera señaló que se debe “garantizar la calidad del agua para proteger la salud de todas las personas”. 

Para esto, dijo, se debe poner especial atención a las comunidades expuestas a contaminantes de origen geológico, como el arsénico, el fluoruro, u otros componentes de origen orgánico como el E-coli:

“Esto implica desarrollar una estrategia interinstitucional con participación ciudadana, que active todos los mecanismos disponibles para garantizar la viabilidad de las fuentes de agua, abordar y prevenir las enfermedades asociadas a la mala calidad de agua. Es fundamental priorizar la inversión en la filtración y desinfección del agua, que no solo es cloración, para suministro, así como el monitoreo constante, efectivo y transparente de su calidad”.

La activista de Sendas, Veracruz, menciona como cuarto lugar que se debe “gestionar de forma circular el agua y de forma eficiente los servicios de agua y saneamiento incrementando el tratamiento del agua usada”. 

A la vez, indicó que “el manejo circular del agua implica reconocer el ciclo hidrológico asociado a las actividades sociales del agua, que contemplen, factores físicos como la deforestación, la contaminación, la pérdida de cobertura vegetal por cambio de uso de suelo, el clima, los flujos de agua (superficiales y subterráneos y la relación entre ambos), factores ambientales como la salud de los ecosistemas y todos los elementos relacionados con los patrones sociales, económicos y culturales que influyen sobre el agua”.

Agua para la ciudadanía

Como quinto punto, Nathalie Seguin refiere que se debe “fortalecer y/o renovar las instituciones públicas con vigilancia ciudadana ​ para asegurar el agua como bien común, de propiedad de la nación para beneficio social”.

Para eso, de acuerdo a la activista, el agua como bien común debe gestionarse en todos los niveles por entes públicos o comunitarios sin fines de lucro, además de la creación de un órgano regulador autónomo que garantice la disponibilidad y calidad del agua. 

Y especifica que “el Estado debe revisar y cancelar concesiones para la minería a cielo abierto en donde se incumpla la regulación o ya no se tenga agua suficiente para la población, debe prohibir el fracking por sus impactos irreversibles en fuentes de agua y subsanar los territorios ya impactados por esta actividad, como la Huasteca veracruzana, no entregar al sector privado los servicios de agua y saneamiento».

Y añadió:

«El paradigma neoliberal de la gestión y gobernanza del agua persiste y con graves consecuencias para la igualdad de género, la salud y el bienestar de la población mexicana».

Monica Olivera resaltó que, en México, «menos del 50% de la población tiene acceso a un suministro continuo de agua».

La responsabilidad de asegurar el agua para el hogar, recalcó, «recae principalmente en las mujeres y sus hijos».

«Las comunidades rurales, indígenas y periurbanas enfrentan las mayores dificultades para acceder al agua y a instalaciones sanitarias dignas, poblaciones que históricamente han sido marginadas por la falta de atención gubernamental».

De acuerdo con  los datos del Coneval, en 2020 la mayor parte de las localidades urbanas que tienen una población en situación de pobreza mayor al 80% se encuentra en el sureste mexicano.

Y pone sobre la mesa “la pobreza hídrica se exacerba en localidades rurales y periurbanas, siendo Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Guerrero los que cuentan con menor porcentaje de población con suministro diario de agua en la vivienda. Paradójicamente, estados como Chiapas cuentan con la mayor disponibilidad de agua, pero es de los que menos acceso tiene.”

Y concluyó que todo esto se originó con la firma del Tratado de Libre Comercio en México, el cual ha permitido el acaparamiento del agua por parte de particulares.

Actualmente el 22.3% del agua concesionada está en manos del 1.1% de los usuarios, mientras que usuarios privados cuentan con concesiones de hasta 1 hectómetro cúbico al año es decir mil millones de litros.