Organizaciones civiles reiteraron que su trabajo a favor de los derechos humanos existe mucho antes que el proyecto del Tren Maya y exigen una disculpa al presidente López Obrador por las deslegitimación en sus señalamientos del pasado viernes

Texto: Daliri Oropeza

Foto: Cortesía CEMDA

Cinco Organizaciones de la Sociedad Civil exigieron una disculpa pública por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador después de que acusó a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación de recibir dinero de fundaciones y organizaciones extranjeras “para oponerse a la construcción del Tren Maya”.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) junto con el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Diálogo y Movimiento (DIMO), El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Indignación, Fundación para el Debido Proceso (FDP) y Amnistía Internacional (AI) reiteraron en una conferencia conjunta que su trabajo tiene más años que lo que lleva su proyecto de Proyecto de Tren Maya, y no sólo se enfocan en megaproyectos. 

Sara López del CRIPX aseguró que son defensoras campesinas e indígenas, que han defendido el territorio desde hace casi tres décadas. “Existimos antes del mal llamado Tren Maya. Las organizaciones hemos estado ahí asesorando a las comunidades indígenas y campesinas ante las agresiones del poder político, sobre todo ante el arrebato del territorio, despojo de recursos naturales, despojo de tierras, del agua, despojo de la vida”.

Reiteró que con o sin dinero, han trabajado durante estos años en la defensa del territorio, “contra las injusticias, en la defensa de los derechos humanos. Basta ya de criminalizar a las organizaciones sociales”, pidió en la conferencia Sara López, quien aseguró que antes que un tren, las comunidades en Campeche requieren hospitales. Aseguró que esto se suma a varias calumnias que han recibido a nivel local como organización. 

El CRIPX es lugar de encuentro de una veintena de comunidades campesinas, organizadas desde hace 30 años para evitar el coyotaje de productos del campo y dignificar su trabajo en el campo y la paga por sus cultivos en Campeche, como el maíz, el frijol, el chile jalapeño, la calabaza. Estas actividades, señalan, las hacen sin fines de lucro y con la convicción de que puede mejorar la vida de los indígenas campesinos.

También ha llevado proyectos educativos y de producción junto con las comunidades. En conferencia denunciaron que jamás han tenido apoyos del gobierno aunque han ingresado su solicitud. Además, denuncian, nunca han obtenido precios de garantía para los productos que siembran los campesinos de la región.

Gustavo Alanís, director CEMDA, aseguró que el presidente está muy mal informado.

“Estamos frente a una campaña muy sucia, orquestada desde el gobierno federal. Es inaceptable e inmoral usar el púlpito presidencial para golpear, como lo hace el presidente”, acusó.

CEMDA tiene 25 años trabajando sobre el cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental en México, de la mano de distintas comunidades, organizaciones locales o pueblos que defienden el territorio y el medio ambiente. A su vez, han marcado precedentes en distintos procesos legales como el de Wirikuta, donde impidieron que el cerro sagrado para los pobladores se convirtiera en basurero tóxico.

Alanís advirtió que las acciones presidenciales ponen en riesgo a los defensores del territorio al calificarlos de conservadores o montar cortinas de humo. Aseguró que el clima del país para quien disiente es de descalificación sin sustento. Advirtió que hay un patrón claro de agresiones a defensores del territorio, y recordó que en el sexenio de AMLO han asesinado a 18 personas. “Sus declaraciones son irresponsables, lo responsabilizamos directamente a él por cualquier cosa que le pase a nuestras organizaciones integrantes o familias”.

El activista dijo que el “el blanco de esta campaña son los defensores del territorio, indígenas campesinos ambientalistas, que luchan día con día por su territorio y en los últimos años en contra del cambio climático”, asegura Alanis. 

CEMDA, dijo, reporta anualmente a la Secretaría de Hacienda sus ingresos, todo conforme a la ley. Asegura que sus fuentes de ingreso han sido transparentes.

“Seguiremos alzando la voz cada vez que un ecosistema sea degradado o un defensor agredido”, advirtió.

Katya Salazar, directora de la FDP aseguró que lo hecho por la presidencia, es una táctica que utilizan gobiernos con tendencias autoritarias de derecha y de izquierda, visto len América Latina. “Conocemos los mensajes autoritarios”. La fundación nació después de la Comisión de la Verdad para El Salvador.

Sergio Madrid del CCMSS aseguró que atacar a las organizaciones “quiere invisibilidad para integrantes de comunidades y pueblos indígenas, que son los que se oponen a los megaproyectos”. 

Madrid aclaró que la información presentada por el gobierno federal es engañosa.

“Las cifras presentadas se refieren a ingresos acumulados en los últimos 14 años. Quieren desvirtuar lo que hacen lo organizaciones”.

El CCMSS ha trabajado en Oaxaca, Colima, Estado de México, Península de Yucatán, Veracruz. Sergio Madrid resaltó que, de la mano de las comunidades, han tenido logros en la regularizacion, excarcelación de presos, capacitación de traductores en lenguas indígenas, capacitación en defensa de derechos humanos, defensa contra la producción  agroindustrial, por el agua, o por el manejo sustentable de los bienes comunes, como bosques, selvas, aguas.

Este Consejo ha acompañado los procesos de comunidades forestales sustentables para manejar de manera autónoma los bosques propios de las comunidades.

En la conferencia, la titular de Amnistía Internacional acompañó la denuncia. Edith Olivares Ferreto, integrante de la organización destacó que las organizaciones civiles pueden estar favor o en contra de propuestas y obras del gobierno. 

“Nos resulta preocupante que el gobierno use recursos económicos, humanos, tecnológicos en un proceso de crisis (pandemia), a investigar cómo y por qué nos financiamos las OSC. Es preocupante que haya sido dirigida a un megaproyecto y a organizaciones en la zona del sureste”.

Artemia Fabre, directora de DEMI reiteró que lo primero que debe suceder es una disculpa pública del presidente, “si no, no podremos hacer un diálogo transparente”.