28 marzo, 2019
Organizaciones sociales denuncian que perdieron contacto con Gonzalo Molina y su familia cuando viajaban en un taxi por la noche, en su visita a la Ciudad de México para solicitar medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Texto por Kau Sirenio
Foto: cortesía Rompeviento TV
El promotor y vocero de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina y tres de sus familiares desaparecieron en la ciudad de México a las diez de la noche del miércoles 27 de marzo. Organizaciones sociales perdieron contacto con ellos cuando viajaban en un taxi por el rumbo de Martín Carrera.
Molina González viajó a la Ciudad de México para exigir medidas cautelares, para su integridad física y la de sus familiares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Subsecretaria de Derechos Humanos Población y Migración porque desde que abandonó el reclusorio de Chilpancingo ha recibido amenazas de muerte.
Organizaciones sociales denunciaron que Gonzalo venía solicitando protección ante el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que la solicitud fuera atendida: “No hubo compromiso ni profesionalismo por parte de RCU ni por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues hasta el momento su titular no ha concretado medidas efectivas para la protección de Gonzalo Molina y de su familia”.
En un comunicado El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero manifestaron que este lunes, después de participar en un conversatorio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gonzalo fue objeto de un intento de secuestro en las instalaciones de la máxima casa de estudio. Hecho que los propios universitarios lograron poner a salvo al promotor de la policía comunitaria.
“El día de ayer 26 de marzo del 2019, los criminales intensificaron sus patrullajes hacia la persona de Gonzalo e incrementaron el hostigamiento directo a su familia. Durante el transcurso de la marcha por la exigencia de la presentación con vida de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa, recibió amenazas de la señora Yazmín, alias la” Norteña”, conocida militar e integrante del grupo delictivo de los Viagras y quien opera en el territorio de Tierra Colorada y el Ocotito” describe el boletín de prensa de las organizaciones sociales.
“Ella sí gozó de total libertad e impunidad para trasladarse a esta ciudad y participar en la marcha, en la cual estuvo tomando fotos tranquilamente, hasta realizar la amenaza al compañero, tras lo cual ya no se le vio más. Posteriormente, un individuo que lo fotografiaba durante la marcha intentó ingresar al edificio al cual acudieron Gonzalo y sus acompañantes momentáneamente, para usar los sanitarios. El desconocido fue retenido en la entrada del edificio, y no pudo justificar su intención de ingreso a donde se encontraba Gonzalo Molina”, escriben.
El comité de presos políticos del estado de Guerrero dice que, cuando el promotor comunitario llegó al domicilio donde habría de pernoctar con su familia, detectaron que otra persona tomaba videos de la casa de seguridad: “Al confrontarlo nuevamente externó argumentos torpes al responder que buscaban departamentos en renta (a las 9 pm). Ante esto compañeros cercanos decidimos trasladar a Gonzalo y a sus acompañantes a otro lugar con menor riesgo donde tendrían acompañamiento constante”.
Los organizadores contrataron servicios de un taxi “seguro” y monitorearon el avance del vehículo hasta su destino, monitoreó que incluyó par de llamadas sin que se reportaran problema alguno.
No obstante, a cinco cuadras de su llegada al punto solicitado, la aplicación dio por terminado el servicio. “Esto ocurrió alrededor de las 10 de la noche por los rumbos de Martín Carrera. Hasta las doce de la noche compañeros de la brigada de Paz Marabunta recorrieron la zona sin encontrarlos. Desde entonces no se sabe nada del paradero de los compañeros y sus celulares se encuentran apagados”.
El promotor de la policía comunitaria en Ayutla y Tixtla fue detenido el 6 de noviembre de 2013, acusado de terrorismo, secuestro agravado y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, desde su detención fue recluido al penal de mediana seguridad de Oaxaca, de ahí a El Altiplano, Almoloya, Estado de México y en junio de 2015 fue trasladado al penal de Chilpancingo.
Después de permanecer cinco años y cuatro meses, Gonzalo Molina fue liberado el 1 de marzo de 2019. Tras recuperar su libertad el promotor comunitario dijo que prefirió la justicia antes que aceptar el indulto al que se le incluyó como preso político.
“Mi reclusión es una estrategia del gobierno para desaparecer la casa de justicia de El Paraíso; vieron que estaban en riesgo sus intereses, por eso vino la aprehensión. El gobierno se dio cuenta de que sus intereses estaba en peligro, por eso nos inventaron delitos federales para aislarnos de nuestra familia. La verdad no hay ni un delito, porque nos regimos conforme a nuestros derechos que reconoce la libre determinación de los pueblos en la Ley 701, el artículo 2 constitucional, el convenio 169 de la OIT; a pesar de eso, ellos nos mantendrán aquí porque aún tienen miedo”.
Lleva horas sentado en la cama. Cuando el cansancio lo somete, apoya los brazos en la pared para empujarse y ponerse de pie. Camina unos pasos, dos o tres cuando mucho, y regresa a su asiento. Desde allí cuenta sus vivencias en las cárceles (Oaxaca, Altiplano y Chilpancingo), sin omitir cómo fue torturado cuando la policía del Estado lo aprehendió en Tixtla.
Gonzalo Molina habla y habla con el reportero antes de que su memoria lo traicione y olvide por qué está allí, confinado en una celda de dos por tres metros, donde sólo cabe una cama, una silla, un garrafón de agua y una repisa donde tiene apilados sus archivos.
Al volver a su asiento, el ex promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, estira su brazo a la mesa para coger la bolsa de cacahuates que ofrece a sus visitas, con quienes platica de su reclusión.
“Cuando llegué a Oaxaca fui catalogado como reo de alta peligrosidad; por eso cuando había diligencia en los juzgados, el Ejército, la Marina y la Policía Federal montaron un operativo especial, no permitían que se acercaran mis familiares; además, me sacaban con chaleco antibalas, durante el traslado me hincaron sobre la carrocería de las patrullas, o tirado bocabajo con las esposas puestas”.
“Como era de alta peligrosidad, me tuvieron aislado durante dos meses; en ese tiempo estuve incomunicado, no podía hablar por teléfono; tampoco había comunicación con la población del penal. Después de dos meses me ingresaron con la población. Sentí que ahí recuperé mi libertad, porque la población me trataba bien, podía hablar por teléfono una vez cada 15 días; además, podía escribir, aunque era muy limitado porque apenas tenía derecho a dos hojas y cuatro timbres postales”.
Mientras platica, muestra las muñecas de sus brazos para enseñar las cicatrices que aún les quedan. De un estirón se levanta para extraer de la repisa una copia del amparo que sus abogados tramitaron en contra de su traslado al penal de mediana seguridad de Oaxaca, después a El Altiplano, Almoloya, en Estado de México.
Entre los recuerdos de su encarcelamiento, Gonzalo Molina revive las torturas a que fue sometido por la policía federal y su huelga de hambre en El Altiplano para demandar su traslado a Chilpancingo.
–Cuando decidí entrarle a la huelga de hambre, le pedí a mis compañeros en el penal que me apoyaran con la huelga. El apoyo que les pedí fue que de ninguna manera subieran comida, nada de eso porque si me sorprenden comiendo se viene abajo mi lucha.
–¿Qué pasó después de que tuvo el apoyo que pidió? –le pregunto.
–Sí. Ellos me apoyaron mucho, eso fue lo que me animó a seguir con mi demanda.
En la otra esquina de la celda, su esposa, Ausencia Honorato Vázquez, permanece en silencio. Ella lo visita desde que él llegó al reclusorio de Chilpancingo el 7 de junio.
Entre la plática, Molina evoca: “Estando con la población en Oaxaca, podía estar dos horas en el patio cada cinco días, una hora en la cancha cada 15 días; ahí estuve seis meses. Luego me trasladan a El Altiplano, donde estuve 14 meses. Ahí el trato es distinto: me dejan pintar, escribir y hacer ejercicio; además, la comida está mejor; podía hacer llamada telefónica de diez minutos cada nueve días”.
La conversación con Gonzalo cambia de tono, cuando los recuerdos son dolorosos. El ambiente se llena de silencio. Ni siquiera el zumbido de una mosca se escucha. Pero cuando hay relatos alegres, todos soltamos las carcajadas.
Cuando platiqué con Gonzalo en el reclusorio, aún no pasaban 24 horas de la fuga del capo más buscado en México y Estados Unidos: Joaquín Guzmán Loera (El Chapo Guzmán). Una semana antes, Molina, a través de un familiar, me hizo llegar una invitación para platicar con él en el penal. Llegamos con el normalista de Ayotzinapa José Ángel Sánchez Madero a mediodía. Allí, entre trámite y revisión en la aduana pudimos entrar, no sin que antes nos decomisaran una revista Proceso y el libro Operación masacre de Rodolfo Walsh, que le llevaba al preso político.
Así que la pregunta obligada en el conyugal 1 –donde se encuentra a fin de que su esposa pueda ir diario a cuidarlo de las secuelas de su huelga de hambre– fue la fuga del Chapo Guzmán. El Chapo no se fugó, él se salió con el apoyo desde dentro y fuera del penal, porque no es tan fácil escapar, por la seguridad que hay”, supone Molina.
–Gonzalo, estuviste con los narcos más buscados en México, ¿cómo fue el trato con ellos?
–lanzo otra pregunta.
–Por mi forma de pensar, siempre me respetaron, a pesar de que estuve con los cabecillas de los cárteles más peligrosos del país. Cuando platiqué con ellos les expliqué cómo es nuestro sistema de justicia comunitaria y que en el territorio comunitario queremos paz y tranquilidad. Eso lo vieron bien ellos.
Después de hablar de los narcos y de la violencia en Guerrero, volvimos a la plática sobre el sistema de readaptación social que el Estado ha implementado para contener la delincuencia organizada, pero que no ha resuelto nada.
Gonzalo dice: “No hay readaptación; el sistema de readaptación nunca se comparará con el de reeducación de los pueblos. Los que han sido encarcelado salen con más odio hacia la sociedad porque nunca interactuaron, cada quien en lo suyo; así no se puede”.
De ahí, Molina saltó a su reclusión. “Mi reclusión es una estrategia del gobierno para desaparecer la casa de justicia de El Paraíso; vieron que estaban en riesgo sus intereses, por eso vino la aprehensión. El gobierno se dio cuenta de que sus intereses estaba en peligro, por eso nos inventaron delitos federales para aislarnos de nuestra familia”.
Agrega: “La verdad no hay ni un delito, porque nos regimos conforme a nuestros derechos que reconoce la libre determinación de los pueblos en la Ley 701, el artículo 2 constitucional, el convenio 169 de la OIT; a pesar de eso, ellos nos mantendrán aquí porque aún tienen miedo”.
–Gonzalo, ¿confías en el sistema acusatorio penal mexicano?
–No. Por eso estamos exhibiendo a los jueces y magistrados, y no les quedará de otra que soltarnos porque todo el mundo sabe que en México se encarcela, asesina, persigue y desaparece, como el caso de los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Con este hecho se deja en claro que el gobierno es el que mata.
Luego explica el valor documental como institución comunitaria indígena:
“Nuestra pruebas son: las actas constitutivas de las asambleas, los nombramientos y acuerdos de la asamblea. El poder judicial no puede justificar nuestro encarcelamiento. Ellos creen que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) es una Asociación Civil (AC), cuando es una institución. Todo lo que me acusan no es probatorio, no hay delito que perseguir; lo que queremos es que el gobierno respete nuestra institución. Sólo queremos respeto del gobierno”.
Antes de que Gonzalo fuera encarcelado sabía de la existencia de varias órdenes de aprehensión en su contra, pero no se paró porque dijo que hacerlo era darle la razón al gobierno y se autoacusaría de haber cometidos los cargos que se le imputan.
“Sabía que había orden de aprehensión en mi contra, por eso no me escondí, porque queríamos desmontar al gobierno que no estamos fuera del marco legal. De hecho, un día antes de mi detención estuve en un acto en el palacio de gobierno, para recibir a un compañero comunitario que fue liberado”, agregó.
Gonzalo reveló que se cartea con sus compañeros presos: “Tenemos derechos que nos amparan, por eso estamos luchando para que se respete nuestra institución comunitaria. Estamos firmes con los compañeros Nestora y Arturo, porque con ellos nos carteamos por el amor a nuestro pueblo. Estar en la cárcel no nos dobló, al contrario confirmó nuestra convicción, porque estamos seguro que la reeducación es seguridad y justicia”.
–¿Le tienes rencor al exgobernador Ángel Aguirre? –aprieto a Gonzalo con otra pregunta.
–No. Porque la lucha no es con Aguirre. Él es parte de este sistema; ni siquiera contra quienes me acusaron.
“Los que me acusaron son los mismos que tienen relación con el poder de más alta de sistema corrompida. El sistema judicial del Estado está podrido, hay una clase dominante que lo mantiene controlado”, complementa.
–¿Reeducarías al exgobernador Aguirre?
–Sí. Es más, si el pueblo se queja ante la justicia comunitaria en contra de Ángel Aguirre, claro que sí se reeducaría conforme a nuestro sistema de justicia indígena, para que el día de mañana sea buena persona y no cometa los mismos daños.
Periodista ñuu savi originario de la Costa Chica de Guerrero. Fue reportero del periódico El Sur de Acapulco y La Jornada Guerrero, locutor de programa bilingüe Tatyi Savi (voz de la lluvia) en Radio y Televisión de Guerrero y Radio Universidad Autónoma de Guerrero XEUAG en lengua tu’un savi. Actualmente es reportero del semanario Trinchera.
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