Más de mil 500 personas y organizaciones civiles demandaron al gobierno mexicano no estigmatizar a agrupaciones no gubernamentales y a no criminalizar a periodistas

Texto: Redacción Pie de Página

Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

Organizaciones sociales, colectivos y personas llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a no estigmatizar a defensores de derechos humanos ni criminalizar la labor periodística.

Las organizaciones civiles señalaron las declaraciones presidenciales del pasado 28 de agosto «deslegitiman y estigmatizan públicamente el trabajo que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

En la conferencia, el gobierno federal acusó a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación de recibir dinero de fundaciones y organizaciones extranjeras “para oponerse a la construcción del Tren Maya”.

Por lo anterior, las organizaciones civiles pidieron una disculpa pública y rectificación de las declaraciones.

Las agrupaciones también solicitaron espacios para dialogar con las organizaciones de derechos humanos quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por la violación a sus derechos humanos debido a la realización de megaproyectos. 

Con la intención de favorecen la libertad de expresión y contribuir a la prevención de la violencia hacia periodistas, las agrupaciones llamaron a los gobiernos a posibilitar una discusión pública sobre temas de interés social y adoptar un discurso a favor del pluralismo y crítica.

Las agrupaciones señalan que en la conferencia del viernes pasado, se calificó de “benefactores y opositores” a las organizaicones civiles, así como a sus fuentes de financiamiento.

Las organizaciones llamaron a los gobiernos federal y estatales a generar un entorno seguro y propicio para defender los derechos humanos y ejercer la labor periodística.

Urgieron a López Obrador a reconocer públicamente el papel fundamental de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y a que condene las violaciones cometidas en su contra, así como cualquier intento por desacreditarles.

“Sin lugar a dudas, estos calificativos estigmatizan y criminalizan la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y su labor de defensa de derechos humanos, así como su ejercicio de libertad de expresión, son ilegítimas”, señalaron las organizaciones este domingo en un documento público.

El documento explica que las organizaciones mencionadas por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, están siendo difamadas y hostigadas por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio que se oponen a la construcción del Tren Maya, debido a que viola sus derechos  sociales, económicos, culturales y ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas. 

Entre las organizaciones señadas por el gobierno federal están el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).

“El medio Animal Político también fue señalado en el listado de organizaciones que recibieron fondos de ‘benefactores y opositores’, buscando generar un nexo causal entre el corte crítico del medio y los recursos que recibe. Calificar a dichas organizaciones y al medio como ‘opositores’, cuestionando la legitimidad de su labor por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto que criminaliza y desacredita la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión”, señalaron.

Las organizaciones recordaron al gobierno federal que, por sus actividades de interés público, los servidores públicos están sujetos a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica.

“El Ejecutivo Federal debe abstenerse a emitir declaraciones que deslegitimen y pongan en riesgo los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión”.

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, agregaron, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas. La organización internacional Global Witness colocó a México este año como el cuarto país más peligroso en el mundo para las personas defensoras del medio ambiente. 

Entre las organizaciones firmantes del comunicado se encuentran la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México, la Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Artículo 19.