La CIDH demandó medidas cautelares para proteger la vida del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, amenazado de muerte por su anunciada cruzada contra la corrupción

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El plan para asesinar al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su compañera de fórmula, la vicepresidenta Karin Herrera, se llama “Operación Colosio”.

El caso fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó al gobierno guatemalteco medidas cautelares para proteger a los ganadores de las recientes elecciones presidenciales.

El equipo de Arévalo, advierte la Comisión, tiene “información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares”.

La versión fue confirmada de manera independiente por la CIDH, que advierte:

“Al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado ‘Colosio’, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario”.

La Comisión recabó datos muy creíbles sobre la amenaza contra Arévalo, y por eso determinó reunirse de urgencia este jueves.

En su resolución exigió al gobierno del todavía presidente Alejandro Giammattei que adopte “las medidas necesarias para proteger la vida y seguridad” de Arévalo y Herrera.

También demandó informes periódicos sobre las acciones emprendidas y la investigación sobre las amenazas comprobadas.

Las autoridades guatemaltecas guardan silencio sobre la petición de la CIDH, pero si lo hacen es muy poco probable que realmente protejan al presidente electo.

El gobierno de Giammattei, como los últimos de Guatemala, es alérgico a los organismos de derechos humanos, especialmente internacionales.

Hay ejemplos. En junio pasado un tribunal exoneró a los militares Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, sentenciados por cometer delitos de lesa humanidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) había ordenado que se mantuviera la sentencia en su contra, de entre 33 y 58 años de prisión.

Pero el gobierno guatemalteco desacató la resolución, a pesar de que legalmente está obligado a cumplirla.

También en junio la Comisión demandó revisar el encarcelamiento de José Zamora Marroquín, fundador y director del diario El Periódico.

El periodista había encabezado varias investigaciones sobre corrupción que involucraban al entonces candidato Alejandro Giammattei.

Su encarcelamiento y posterior sentencia a seis años de prisión se ha interpretado como una venganza política.

El presidente de Guatemala ignoró a la CIDH, a la que un año antes, en junio de 2022, acusó de extorsión, de amenazar a su país y seguir “una agenda pro aborto con sesgo ideológico”.

Sus antecesores adoptaron actitud parecida. Jimmy Morales, el comediante que gobernó Guatemala entre 2016 y 2020, expulsó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Antes, el expresidente Otto Pérez Molina emprendió una persecución política y legal contra la fiscal General Thelma Aldana, quien investigaba casos de corrupción del mandatario y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

La pesquisa derivó en la destitución y encarcelamiento de la pareja, sentenciados a 16 años de cárcel.

Alejandro Giammattei es parte del mismo grupo político. Vamos, el partido que lo postuló a la presidencia, fue creado en 2017 con el respaldo de empresarios y militares acusados de genocidio durante la Guerra Civil.

En los últimos meses sus colaboradores hicieron todo lo posible para impedir que en los recientes comicios participaran candidatos independientes o que pudieran investigar a su gobierno.

Fue el caso de Thelma Aldana, expulsada de la contienda por el Tribunal Electoral. Lo mismo se intentó hacer con Semillas, el partido que respalda a Arévalo.

De hecho, el fiscal Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchice, mantiene la amenaza de disolver a Semillas y detener a sus dirigentes.

El funcionario, junto con la fiscal General María Consuelo Porras, han sido acusados por el Departamento de Estado de Estados Unidos de ser promotores de la violencia y corrupción en Guatemala.

Paradójicamente, la fiscal Porras es la responsable de investigar las amenazas de muerte contra el presidente electo Bernardo Arévalo.

Teóricamente no debería ser muy complicado encontrar a los presuntos responsables, porque la CIDH ya los ha identificado.

En la resolución sobre medidas cautelares para el presidente y vicepresidenta electos, la Comisión encontró “vigilancias, seguimientos, campaña de desprestigio y amenazas de muerte que se habrían incrementado tras la segunda vuelta electoral del 25 de junio”.

Algunas evidencias presentadas ante la CIDH fueron mensajes en redes sociales publicados desde “netcenters”, conocidos en México como “granjas de bots”, en los que amenazaban a Bernardo Arévalo.

También se identificó al presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz quien amenazó al entonces candidato de Semilla de promover su encarcelamiento por supuestamente haber cometido “varios delitos graves”, como fraude.

Méndez, por cierto, fue señalado por el gobierno estadounidense por “socavar la democracia” en Guatemala.

Y una evidencia más presentada ante la CIDH es la información de agentes fiscales sobre un presunto plan de pandilleros para atacar al presidente electo.

El expediente con las pruebas será entregado por la CIDH al gobierno y Fiscalía de Guatemala, pero no está claro si servirá de algo.

Por el contexto político del país es difícil que el caso realmente se investigue. Por eso el nombre de Operación Colosio:

El magnicidio del candidato presidencial del PRI nunca se aclaró por completo. Casi 30 años después existen muchas dudas sobre el o los autores intelectuales del crimen.

Ésa, tal vez, es la esperanza de quienes fraguaron el plan para asesinar a Bernardo Arévalo.

Y probablemente se salgan con la suya.