El desalojo de tres barrios en la ciudad de Campeche se hará con total respeto de los derechos, según recomendaciones, principios y directrices de Naciones Unidas y de la Suprema Corte de Justicia, asegura ONU-Hábitat. La organización internacional recopilara información de los habitantes para su reubicación, quienes desconfían de la agencia

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Cortesía Guadalupe Gutiérrez Cáceres

No será la Fonatur, tampoco la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sino una agencia internacional de las Naciones Unidas la que se encargue de la reubicación, o relocalización, como dicen ellos, de la gente que vive sobre el derecho de vía de las líneas del Tren Maya. 

Hace unas semanas, Pie de Página reportó la historia de Guadalupe Gutiérrez Cáceres, quien forma parte de la organización Tres Barrios de Campeche. La agrupación incluye tres localidades de esta ciudad que no quieren dejar sus lugares de origenpara que pase este tren.

Guadalupe Gutiérrez Cáceres vive en el barrio del Camino Real. Recuerda cómo sus abuelos donaron parte de sus terrenos para la construcción de las vías del tren que pasan por atrás de su casa. 

ONU Hábitat es la agencia de la Organización de las Naciones UNidas que promueve ciudades y pueblos social y ecológicamente sustentables. Ahora serán los encargados de ver en dónde pone a la gente que vive en donde va a pasar el tren, uno de los proyectos de desarrollo más importantes del gobierno del presidente López Obrador. 

En una consulta hecha con ONU-Hábitat vía correo electrónico, Pie de Página obtuvo una explicación sobre cómo se planea la relocalización de las personas. 

Por ejemplo, ¿qué podría pasar en casos como el de Guadalupe Gutiérrez Cáceres, quien se niega a dejar su barrio? ONU-Hábitat no será el encargado de decidir qué pasa. Ellos solo proveerán el apoyo técnico para garantizar una negociación justa que responda a los intereses de las familias. 

En otras palabras, ONU-Habitat recopilará información y la compartirá con Fonatur, para después mediar y encontrar la solución más adecuada para cada habitante de la región. Al final de cuentas, será el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, quien decida y acuerde con las familias.

Con esta información, la organización internacional ayudará a determinar lo que llaman una “justa indemnización”.

“La adjudicación de una solución habitacional adecuada para cada grupo familiar afectado por la relocalización, así como una justa indemnización económica, que considere la situación económica previa y estimada como consecuencia de la mudanza”. 

Para desarrollar la estrategia de relocalización, ONU-Hábitat inició el levantamiento de un censo desde febrero hasta mediados de abril. Según la agencia internacional, después de ese mes, se suspendieron las visitas, aunque Guadalupe Gutiérrez Cáceres asegura que no fue así. 

“Ellos (ONU-Hábitat) vienen cuando estamos inermes”, dice sobre sus visitas durante el tiempo del Gran Encierro. Según cuenta la señora, que ha vivido toda su vida en esta colonia, durante la pandemia los agentes de la ONU llamaban a las casas de las personas del barrio, lo que consideró un hostigamiento. “No creo nada de lo que diga ONU Habitat”, asegura en entrevista telefónica. 

Según los planes de ONU-Hábitat, una vez que se apruebe el regreso a las actividades por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, volverán a realizar visitas a los pobladores. Verificarán la información aportada por las familias y los datos necesarios para complementar su censo. 

Guadalupe Gutiérrez asegura que desde febrero se habla de la relocalización. La mujer cree que el tiempo para que ONU-Hábitat haya presentado una propuesta de reubicación ya fue suficiente. A pesar de que ni ella ni sus vecinos confían en los planes de la agencia, ésta asegura que promoverá la participación de la comunidad para determinar las soluciones de vivienda idóneas.

Además, elaborará  un abanico de opciones de compensaciones consensuadas. Se trata de relocalización en barrios cercanos, compra de viviendas existentes, construcción de viviendas nuevas en conjuntos habitacionales intraurbanos. Además de compensaciones monetarias por daños y pérdidas, entre otras, en función de las condiciones y necesidades de las familias.