Padres y madres de los normalistas desaparecidos pidieron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que intervenga en el caso Ayotzinapa y que pida al gobierno federal que se revisen las acciones  del Ejército

Texto: Jesús Guerrero / Amapola Periodismo
Fotos: Oscar Guerrero

TIXTLA, GUERRERO.- Joaquina García Velázquez es madre de Martín Getsemany Sánchez García, uno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Este jueves, dirigiéndose a los integrantes del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Joaquina les dijo que ella y los demás padres llevan siete años de dolor.

“Aquí están en la Normal de Ayotzinapa, aquí estamos desde hace siete años sufriendo”, dijo la madre a cuatro integrantes de esta delegación internacional.

Este jueves, integrantes del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU arribaron a las instalaciones de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde se reunieron con los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En la reunión también estuvieron presentes el asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Horacio Ravvena, vicepresidente del Comité de la ONU, agradeció con entusiasmo la bienvenida a los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Éstos por su parte le colocaban una cadena de cempasúchil en el cuello durante un acto inaugural.

Durante el acto, realizado en la explanada de la normal, Joaquina García Velázquez les dijo a los cuatro integrantes del Comité de Desapariciones Forzadas que espera que haya justicia.

Les pedimos que no nos dejen, que nos sigan acompañando y que nos ayuden a encontrar a nuestros hijos, porque este sufrimiento que llevamos hace siete años que cumplimos en septiembre; siete años de dejar la casa, de dejar a nuestros demás hijos”, agregó Joaquina García.

“Nosotros esperamos que nos apoyen en todo esto y muchas gracias por estar aquí”, comentó.

Ella, al igual que los demás padres, llevaba la imagen de su hijo desaparecido.

El gobierno nos da largas

Durante el acto, un grupo de 100 estudiantes se hicieron presentes. Demandaron justicia por sus compañeros.

“El Estado sigue sin hacernos justicia”, gritó un dirigente del Comité Estudiantil de Ayotzinapa.

“El gobierno no nos da nada concreto de lo que la pasó a nuestros compañeros, sólo nos da largas”, agregó el normalista.

La reunión entre los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y los padres de los 43 duró poco más de una hora. Al finalizar, el vocero de los padres, Melitón Ortega, informó que se le pidió a la delegación internacional que enviara una recomendación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que en verdad realice las investigaciones.

Acusaron que las investigaciones se encuentran estancadas, principalmente la línea que implica investigar al Ejército.

Les dijimos que efectivamente en este gobierno hay una voluntad política, pero también hay una lentitud en las detenciones de los responsables”.

Melitón Ortega

Ortega consideró importante que, después de 10 años, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU haya venido a México.

“Qué bueno que hayan venido para que se den cuenta de las mentiras, complicidades y simulaciones que tiene el gobierno hacia las víctimas de las personas desaparecidas”, expresó.

“Queremos que haya recomendaciones para el caso Ayotzinapa al Estado Mexicano, es lo que pedimos y los integrantes de la delegación nos dijeron qué si harán eso”.

Melitón Ortega es tío de Mauricio Ortega, uno de los normalista desaparecidos.

El vocero de los padres de familia agregó que, durante la reunión, pidió a los comisionados de la ONU que empujen al gobierno de López Obrador a cumplir con las cuatro líneas de investigación establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El GIEI estableció que debe investigarse al 27 Batallón de Infantería de Iguala, donde surgieron las llamadas telefónicas que recibieron varios de los normalistas después de su desaparición. Asimismo señaló que se debe investigar y detener a los policías federales que se encontraban en el hecho, así como a los policías municipales de Huitzuco. De igual forma pidió investigar el trasiego de la droga en el municipio de Iguala.

Que declare la verdad

En noviembre de 2020, José Martín Crespo fue detenido por su presunta vinculación en la desaparición de los 43 normalistas de Iguala.

Martín Crespo, en ese entonces, era capitán del ejército mexicano.

Ante esto, Meliton Ortega, vocero de los padres de los 43, contó que en la reunión que tuvieron con los miembros del Comité, las familias de los estudiantes denunciaron que el gobierno federal no ha obligado al ex capitán del ejército a declarar sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

“Los padres le dijeron a los del Comité que el tema duro es contra el Ejército, pero que el gobierno no le quiere entrar con todo”, afirmó.

Y agregó que los padres de familia ven “muy difícil que el gobierno (de Andrés Manuel López Obrador) vaya avanzando contra el Ejército, pero ojalá con estas recomendaciones que haga la ONU si lo haga”.

Desde el 15 de noviembre, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU comenzó su primer visita en el país. Por ello, al final de la reunión con los padres de los 43, Horacio Ravvena, vicepresidente de esta comisión, les recordó que el Comité rendirá un informe final en marzo de 2022.

Colectivos de búsqueda exigen atención 

Después de la visita, Ravvena y los demás integrantes de este Comité se trasladaron a Chilpancingo, donde se reunieron con colectivos de familiares de personas desaparecidas y asesinadas. La reunión fue en las instalaciones de la Parroquia Universitaria, ubicada al poniente de esta ciudad.

La presidenta del Colectivo Madres Igualtecas, Sandra Luz Román Jaimes, denunció que el gobierno les obstaculiza su labor para realizar la búsqueda de sus desaparecidos.

“Nosotros tenemos que llevar nuestras palas, carretillas y barretas para buscar a nuestros familiares en los cerros excavando fosas, el gobierno no nos da nada”, expresó.

Dice que lleva varios años buscando a su hijo desaparecido, ha recibido amenazas y por eso tiene medidas cautelares.

Las palabras de la mujer se escuchaban fuera del salón donde ocurría la reunión.

Con los colectivos estaban Vidiulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y Abel Barrera, director ejecutivo de Tlachinollan.

Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, contó que su hermano Vicente desapareció el 5 de agosto. Hasta la fecha siguen sin hallarlo.

“Esa Comisión de Búsqueda no sirve para nada, tardó para iniciar la búsqueda de mi hermano”, denunció.

Marco Antonio Suástegui Muñoz

Ante los integrantes de la delegación de la ONU, Suástegui Muñoz aseguró también que en la Fiscalía General del Estado (FGE) están los grupos crimen organizado.

Acusó que la Fiscalía tiene un grupo paramilitar que se llama Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg).

“El grupo de delincuentes que se llaman los rusos se llevaron a mi hermano y se lo entregaron a los dirigentes de la Upoeg”, denunció.

Una mujer de Acapulco que busca a un familiar desaparecido les dijo a los integrantes de la delegación internacional que, en el puerto, las autoridades permiten que ocurran secuestros, extorsiones y cobro de piso a los comerciantes.

“También se llevan a los jóvenes para emplearlos de halcones o sicarios”, acusó.

José Navarro Díaz, presidente del Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, mencionó que en los últimos 10 años, el grupo delictivo Los Ardillos, dirigido por Celso Ortega Jiménez, es responsable de la desaparición de 500 personas, así como de 500 asesinatos en este municipio de la Montaña baja.

En su caso, Navarro Díaz asegura que lo han amenazado de muerte en tres ocasiones, y aun cuando tiene medidas cautelares, el gobierno federal le retiró a un grupo de elementos de seguridad que lo protegían.

“Vine solo a Chilpancingo, y si me pasa algo hago responsable al presidente Andrés Manuel López Obrador y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernacion, Alejandro Encinas”, advirtió.

José Navarro Díaz

Al término de esta última reunión, la delegación internacional se trasladó a Acapulco, donde tendrán una reunión con el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Héctor Salvador Calleja Paniagua.

*Este trabajo fue realizado por AMAPOLA PERIODISMO, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original