Mientras dos organizaciones criminales parecen disputarse el territorio de Aguascalientes, los actos violentos de alto impacto encienden alarmas en un estado que presume ser de los más seguros del país

Texto: Mónica Cerbón

AGUASCALIENTES.- Tras la ola de violencia registrada la semana pasada en Aguascalientes, que dejó como saldo ejecuciones, un bloqueo carretero, un empresario asesinado presuntamente por error y un agente ministerial herido, la estrategia de seguridad estatal se pone bajo la lupa cerca ya de la mitad de un sexenio en donde, de acuerdo con cifras oficiales, la violencia social se ha incrementado.

Desde la iniciativa privada, empresarios hicieron un llamado a investigar lo sucedido y exigieron una “versión creíble” del operativo en donde murió, a manos de agentes investigadores, el empresario Luis Aizpuru Marchetti, dedicado al desazolve, mantenimiento y reparación de tuberías

«Esperamos una versión creíble y no nada más para salir del paso y convencer de que no pasa nada. Tampoco se trata de pedir cabezas sino de esperar a que las autoridades hagan su trabajo y a la mayor brevedad posible se dé una explicación», declaró Antonio Robledo Sánchez, presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes.

Al mismo tiempo, desde el Congreso local, el diputado de oposición Cuauhtémoc Escobedo Tejada, demandó una reunión con Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

“El ambiente de inseguridad que sentimos es razón suficiente para solicitarle al diputado Maximiliano Ramírez, presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, gestione ante las autoridades competentes, así como las autoridades internas de este Congreso local, la celebración de una reunión de trabajo con Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, para que nos explique la situación que guarda la seguridad pública en el Estado en la actualidad”, dijo el legislador durante la sesión de la Diputación Permanente de este 10 de julio.

Para Edgar Guerra, sociólogo, especialista en seguridad y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), la estrategia de seguridad emprendida por el gobierno de la panista Teresa Jiménez, debe evaluarse con indicadores de resultados.

“Están ocurriendo eventos que nos llaman la atención, entonces creo que aquí es momento justo para reflexionar con mayor seriedad y honestidad si la estrategia está funcionando bien o mal, con indicadores públicos de esta estrategia que permitan al gobierno evaluar sus propias acciones”, consideró el especialista.

“Yo creo que la estrategia está mostrando sus grietas, es tiempo, y nos estamos pasando, de hacer una verdadera evaluación de lo que está ocurriendo, necesitamos ver resultados de impacto y no solamente acciones de gobierno para hacer esa evaluación. Por último, creo que a la luz de ya acercarnos al tercer año de gobierno es posible, deseable y legítimo que se hicieran algunos ajustes en esta estrategia de seguridad. El gobierno tiene que ser muy honesto y admitir cuando es necesario hacer algunos ajustes o cambios de rumbo en las políticas”, agregó Guerra.

Frente la problemática, el gobierno ha respondido con la formalización del modelo de Mando Coordinado en materia de seguridad entre el estado y sus once municipios, con miras a fortalecer a las policías locales.

“Es importante hacer esta alianza por la paz y la tranquilidad de Aguascalientes; tenemos que trabajar juntos todos los días, siempre con respeto a la autonomía de los Municipios”, dijo la gobernadora durante el evento oficial para la firma del convenio.

¿Una disputa por el territorio?

La mañana del sábado 25 de mayo, unas quince mantas colgadas en distintos puntos de la capital aguascalentense y del municipio conurbado de Jesús María movilizaron a policías y a agentes ministeriales, que las confiscaron con prisa tras recibir distintas llamadas al 911 de ciudadanos sorprendidos. En ellas, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) invitaban a miembros de otros grupos criminales a unirse a sus filas.

Los mensajes hicieron especial alusión a integrantes del Cártel de Sinaloa. Ambas organizaciones mantienen una sangrienta disputa por el territorio en diversas entidades del país, y Aguascalientes no parece ser la excepción. Cinco días después, el 30 de mayo, los de Sinaloa habrían respondido, también a través de mantas colgadas en distintos puntos, con mensajes amenazantes.

En aquél momento, Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), negó que dichos cárteles estén establecidos en la entidad.

La aparición de mantas y la presunta disputa entre ambos grupos registró mayor frecuencia desde mediados de 2023, pero se intensificó a partir de febrero de este año, cuando casi una decena de autos fueron incendiados, presuntamente como respuesta al fortalecimiento del CJNG en esta entidad.

La violencia desde entonces aumentó. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos contra la vida y la integridad corporal, que incluyen homicidios, lesiones y feminicidios, registraron un incremento a partir de marzo.

Mientras en enero y febrero se registraron 392 y 363 carpetas de investigación respectivamente, para marzo la cifra se incrementó a 515, en abril la cifra fue de 450 casos y para mayo –cuando sucedió el intercambio de mensajes entre los grupos del crimen organizado– volvió a incrementarse, con 520 carpetas abiertas, principalmente por homicidios y lesiones.

La disputa, sin embargo, no es una versión aceptable para la fiscalía del estado, cuyo titular, Jesús Figueroa Ortega, atribuyó las ejecuciones y actos de violencia sucedidos la semana pasada exclusivamente al CJNG.

“Todos estos elementos harían pensar, incluso al más despistado, que algo está ocurriendo en términos de células y grupos criminales. Sin embargo, el gobierno estatal ha mantenido esa lógica de decir que no tienen nada que ver con lo que ocurre en el Estado, y más bien ha aceptado que hay un problema de narcomenudeo, lo cual es cierto, pero trata de restringir estos eventos de violencia a disputas entre pequeños narcomenudistas”, analiza Edgar Guerra.

De acuerdo con un documento filtrado en los Guacamaya Leaks, y presuntamente dado a conocer a las autoridades aguascalentenses en febrero de 2022, un equipo de inteligencia de la Guardia Nacional identificó la presencia de al menos seis grupos del narcotráfico en la entidad, así como una red de policías locales coludidos.

Pese a tener mejores cifras de seguridad que estados vecinos, como Zacatecas y Jalisco, Aguascalientes no está fuera de las redes de macrocriminalidad que operan en el país, dice Guerra.

“Estamos ubicados en una región estratégica donde las redes de macrocriminalidad están presentes nos guste o no nos guste. Hay una clara franja que va desde Colima, donde llegan precursores para producir drogas como metanfetamina y se producen en Michoacán y Jalisco, y la carretera 45 es una ruta por supuesto interesante para que los grupos delictivos lleven sustancias ilícitas al norte del país. Creo que el diseño de la política estatal de seguridad, el hecho de que llamemos a la política estatal de seguridad blindaje a Aguascalientes, es una forma de admitir que en efecto estamos en medio de una situación de macrocriminalidad sumamente compleja”, explicó el especialista.

De acuerdo con las cifras del SESNSP, los delitos perpetrados con armas de fuego, la violencia familiar, el fraude y la extorsión, han registrado incrementos con respecto a años anteriores; mientras que los robos y el narcomenudeo han disminuido en los pasados meses.

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Hasta el cierre de este texto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no respondió a la solicitud de entrevista enviada por PopLab.