Este marzo se cumplieron 8 años de la desaparición de un joven en el metro de la Ciudad de México. Al menos, otras 153 personas han desaparecido los últimos cinco años, según datos de la Fiscalía
Texto: Lucia Joselin Muñoz
Fotos: Francisco Albavera Buscándote/ Facebook
Entrar al metro para ir a la escuela o el trabajo, puede convertirse en el viaje de ida a no volver a casa. Así le ocurrió a Francisco Albavera Trejo, un joven de 22 años, quien ingresó a la estación Pantitlán el 26 de marzo de 2012, y desde entonces, ni familiares ni amigos han vuelto a saber de él.
La desaparición de personas en el metro es un problema real. Según datos aportados por la Fiscalía al diario El País, desde el 2015 a la fecha se han registrado 153 casos de personas que desaparecieron luego de entrar a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y que pareciera que “se las tragó la tierra”.
Francisco era estudiante de séptimo semestre en Ingeniería en informática del Instituto Politécnico Nacional. De lunes a viernes asistía a clases en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA). Era un chico hogareño, los fines de semana los dedicaba mayoritariamente a pasar el tiempo con su familia y a estudiar.
Alicia Trejo, mamá de Francisco, recuerda que su hijo tenía una rutina muy marcada; No era habitual que saliera de fiesta; aunque ocasionalmente iba por “gomichelas” con los compañeros de la escuela. Para asistir a clases, sus padres lo dejaban a las 7 de la mañana sobre Río Churubusco. Él volvía a casa las 2 de la tarde. Siempre avisaba dónde andaba.
El día que desapareció Francisco, la rutina familiar cambió por un retraso, así que sus padres lo dejaron cerca del metro Pantitlán. Por la tarde, no llegó a su hogar a la hora habitual ni avisó, lo que puso en alerta a la Alicia, quien comenzó a mandarle mensajes sin obtener respuesta.
A las cuatro de la tarde Alicia llamó al celular de Francisco y la llamada entró a buzón de voz, le pidió a su otro hijo que revisara en Facebook. Fue entonces que contactaron con un compañero del joven, quien les dijo que él no sabía nada, pero que un colega suyo tenía un mensaje que quizá pudiera interesarles.
El mensaje, enviado a un amigo desde el celular de Francisco, decía: “a tu amigo Paquito lo tenemos guardadito, vamos a llamar a partir de las 12 para que empiecen a cooperar, no llamen a la policía, no la chinguen o se muere (sic)”.
Alicia cuestionó a Rodolfo, compañero de escuela de Francisco, que hubiera recibido el mensaje desde las dos de la tarde sin dar aviso a ella, a las autoridades o personal de la escuela.
Ahí comenzó el infierno.
Alicia y su esposo Francisco fueron a un Ministerio Público a realizar la denuncia, les indicaron que no los podían atender y los trasladaron en patrulla a la Fiscalía antisecuestros. A su llegada se les indicó que sólo iba a declarar la persona que tuviera más información, por lo que el señor Francisco quedó a la espera.
La ministerio público que atendió a la Alicia, según recuerda Alicia, le dijo que ahí no era como en las películas, que no iban a salir a buscar a Francisco sólo porque ella decía que desapareció. Le “sugirió” hacer un examen de conciencia sobre la relación que tenía con su hijo, porque igual se había ido de la casa porque “ya estaba hasta la madre de vivir con su familia”. Le dijo que mejor no los hicieran perder el tiempo, que lo analizara antes de hacer ningún trámite porque seguro “al rato va a aparecer”.
Alicia le explicó a la funcionaria que la relación con su hijo y en la familia no era problemática y que quería levantar la denuncia. La funcionaria indicó a Alicia que se le asignaría a un policía de investigación que le daría las indicaciones a seguir, entre las que se encontraban no comentar el asunto con nadie y no hacer difusión de ningún tipo sobre el caso, estar tranquila, irse a su casa y quedarse ahí, porque ellos la contactarían para darle información de su caso.
Al pasar un par de días sin ningún tipo de información, la familia de Francisco se presentó de vuelta en la Fiscalía Antisecuestros para confirmar que no había avances. Las autoridades insistieron en no difundir el caso “por la seguridad de Francisco” y que por el mensaje recibido lo único que podían hacer era esperar a que los contactaran.
La familia salió a buscarlo: realizó el recorrido que él hizo del punto donde lo dejaron al metro y después su posible trayecto hasta la escuela, preguntando en los comercios locales si no habían observado algo extraño, tratando de contactar a los compañeros de clase.
El papá de Francisco fue a las oficinas centrales del metro, donde le revisar las cámaras del día en que el joven desapareció. Tras seis días de trabajo ubicaron a Francisco en tres videos de las cámaras: en el primero entra a los pasillos de correspondencia hacia línea 1, en el segunda se le ve en la taquilla, en el tercer video se le observa bajar las escaleras y dirigirse al andén.
En esa toma se pierde la pista de Francisco, pues la cámara ya no lo alcanza a registrar entre tantos usuarios de la hora pico.
El ministerio público toma nota del hallazgo de la familia y solicita de manera oficial las grabaciones del metro y del C4, en estas últimas se observa a Francisco caminando solo y tranquilo hacia el metro, no hay algún dato que señale que él detectara o supiera que se encontraba en una situación de riesgo.
Las autoridades exhortan a la señora Alicia de “convencer” a Rodolfo, quien recibió el último mensaje enviado desde el celular de Francisco, a declarar. Alicia insistía en que eran las autoridades quienes deberían llamarle.
Doña Alicia se había acercado ya con autoridades del IPN para exponer el caso de Francisco, pero le dieron poco seguimiento, después ninguno.
Alicia narra que al principio el jurídico de la universidad se mantuvo en contacto con ella, que incluso tenía la libertad para poder entrar a UPIICSA y le dejaron colocar unas lonas de su hijo antes de terminar aquel semestre, pero eso cambió en poco tiempo.
La entrada a UPIICSA le fue negada, ya no podía hablar con los estudiantes ni podía entrar sin autorización explícita, también se le invitaba a no buscar ni hablar con Rodolfo, quien para ese momento se había amparado y se negaba a tener contacto con ella.
Posteriormente, las lonas de Francisco que se habían colocado al exterior de la escuela, fueron retiradas con el argumento de que su hijo “no podía ser la imagen que diera la institución”. También le fue negada la publicación de la ficha de búsqueda en la gaceta y la revista Conversus, de circulación interna del IPN, donde habían publicado con anterioridad un texto del joven, nuevamente otra negativa.
Finalmente, recuerda Alicia, le dijeron que la búsqueda de Francisco “era un asunto totalmente personal y familiar donde la institución no podía hacer nada”.
“He visto como otras universidades aunque sea hacen el llamado a las autoridades para que busquen a sus estudiantes desaparecidos, pero en este caso el Politécnico nunca me brindó ese acompañamiento”, dice Alicia, dolida por el rechazo de la escuela.
No habían pasado ni cuatro meses de la desaparición de Francisco cuando la Fiscalía antisecuestros se declaró incompetente y pasó el caso al entonces Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA), al no haber llamada de rescate no podían hacer nada.
Francisco quedó ya no como persona secuestrada, sino ausente no localizada, lo cual implicaba que su desaparición oficialmente se tomaba como voluntaria. Para Alicia no tiene sentido que, de tratarse de un secuestro, le escribieran al amigo de Rodolfo y no a ella, su mamá.
Según lo que le dijeron a la familia de Francisco, al revisar la sábana de llamadas del celular de Francisco no se encontraron más que llamadas y mensajes a su familia, no se siguió una línea de investigación hacia Rodolfo y otro compañero de él que fueron llamados a declarar, se determinó que “eran buenos muchachos” ya que habían afirmado estar en la escuela aquel día. A decir de las autoridades, las torres de telefonía celular confirmaban la ubicación de los jóvenes en la escuela lo cual fue suficiente para que la Fiscalía decidiera no interrogarlos más.
La última ubicación se rastrea a Lerma, Estado de México.
El ministerio público de CAPEA regresó el caso a Fiscalía, al encontrar inconsistencias en no haber seguido de manera adecuada la línea de investigación sobre Rodolfo y el mensaje recibido.
Fiscalía antisecuestros lo devolvió a CAPEA, que sólo envía oficios de colaboración a otros estados y dependencias, como Semefo o centros de reclusión.
“Se vuelve la bolita que nadie quiere”, dice Alicia.
“¿Cuándo supimos qué no te buscarían las autoridades? Cuando las mismas autoridades le preguntaron a tu mamá: ‘Sra, ¿ ya encontró a su hijo? Si lo encuentra nos avisa’. Y desde ahí sabemos que la sociedad es la única que puede otorgar datos verídicos para poder localizarte, saber qué pasó contigo. Te buscamos Fran. Resiste por favor.”
Así lo narra en sus redes Maricarmen, una amiga cercana a la familia.
Para Alicia la desaparición de su hijo es el primer infierno, pero el segundo es enfrentarse a las autoridades indolentes, insensibles y sin voluntad de buscar o ayudar en las búsquedas de los desaparecidos.
En el 2013 Alicia se fue nueve días a huelga de hambre junto con otras madres de hijos desaparecidos, afuera de la entonces Procuraduría General de la República. Levantaron la huelga cuando se anunció la creación de una Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a donde es atraído el caso de Francisco. Poco cambió.
El 31 de diciembre del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la Situación de los derechos humanos en México visibilizaba las violaciones a derechos humanos y la omisión por parte del Estado mexicano en el tema de desapariciones y desapariciones forzadas.
La CIDH señaló la revictimización de las familias en las instituciones del Estado, la situación de impunidad y corrupción que permeaba los casos, la falta de una tipificación adecuada en cuanto a desaparición y desaparición forzada, así como la negativa sistemática de las autoridades a levantar las denuncias por desaparición o su clasificación bajo otros delitos, lo cual dejaba las cifras oficiales de desaparecidos si acercarse a la realidad.
En 2018 CAPEA se transformó en la Fiscalía Especializada en Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, pero Francisco no ha sido buscado.
Alicia insiste en la falta de voluntad antes y ahora, incluso con el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. “Falta voluntad para hacer las cosas, para crear esos presupuestos, falta mucha voluntad de buscar, las autoridades no buscan a nuestros desaparecidos” reclama Alicia.
En estos años Alicia ha aprendido de leyes, se hizo experta en investigación, aprendió la importancia de no aislarse como familias, de trabajar en colectivo. Su reclamo es que las autoridades, si buscan, sólo buscan muertos.
Alicia encuentra nuevas fuerzas en la solidaridad de la sociedad y en la organización con otros familiares de desaparecidos. “Porque esto no se acaba hasta encontrarlos”, organizarse para buscar es una manera de resistir, una manera de sobrevivir, la única manera de poder seguir.
(Te buscamos, Fran. Resiste por favor).
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