Texto: Diana Manzo / Página 3 y Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

Fotos: Lucía Vergara y Diana Manzo

En el Istmo de Oaxaca, una de las regiones más afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017, la reconstrucción es lenta y cara: familias han sido defraudadas por constructoras que no tuvieron ninguna supervisión estatal, estudiantes toman clases con lonas bajo los árboles. En Chiapas, la situación no es mejor: el gobierno presume avances que las organizaciones y los afectados nomás no encuentran, y miles de damnificados quedaron fuera de los censos

JUCHITÁN, OAXACA.- El 7 de septiembre de 2017, un terremoto de 8.2 grados pulverizó cerca de 14 mil viviendas en este municipio de Oaxaca. Desde entonces, Francisca Solórzano Toledo, de 80 años, y Rosalba Pérez López, de 70, no tienen casa ni dinero, porque las constructoras las defraudaron y nadie las supervisó.

Como ellas están otros damnificados de la región del Istmo: desesperados porque entregaron a empresas constructoras sus tarjetas de apoyo de Bansefi con valor de 120 mil pesos, 30 mil en efectivo y 90 mil para la compra de materiales. Y no lo hicieron.

Las empresas responsables son: Fevara Construcciones “Mi hogar tradicional”, propiedad del constructor juchiteco Felipe Valdivieso Rasgado; Construcciones Hiram Habif, propiedad del arquitecto Federico Iván Cabrera Verde; Constructores Fundación de Asistencia, Corgua y Dignificación Humana, y Solana Ingenieros.

Neiva Santiago Solórzano es hija de Francisca Solórzano, defraudada por Fevara “Mi hogar tradicional”. Cuenta que en diciembre su mamá firmó el contrato con la promesa de que su casa estaría terminada en 90 días; sin embargo, han pasado casi 6 meses y la obra quedó en 40 por ciento.

“Solo hicieron dos cajones que son los cuartos, pero no tiene piso y tampoco techo, ni puertas y ventanas, el ingeniero Felipe y su hijo también llamado Felipe nos prometieron una casa tradicional con techo de tejas, y por eso nos gustó, porque así era la casa de mi mamá que se desplomó con el terremoto, pero no nos cumplieron”, dice la mujer, quien asegura que la empresa defraudó a unas 40 personas de Juchitán, Ixtepec, Tapanatepec, El Espinal y Unión Hidalgo.

“Hemos ido a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el juez municipal, a las instancias de justicia de la fiscalía regional del Istmo, y nos dicen que se trata de una denuncia vía civil, estamos desesperados porque el ingeniero Felipe nos dice que tiene la vara alta con el PRI y que hagámosle como quisiéramos, que a él se le acabó el dinero y no tiene”.

En la misma situación se encuentran, Rosalba Pérez López y Petrona Pérez Guerra, quienes pusieron su confianza en Construcciones Hiram Habif. Ellas entregaron sus tarjetas Fonden con valor de 120 mil pesos al arquitecto Cabrera Verde en diciembre y ahora ha desaparecido, inclusive cerró la oficina ubicada en el centro de la ciudad de Juchitán.

“Nos la pintó muy bonito el arquitecto, llegó caminando pidiendo la oportunidad para reconstruir nuestra casa, le creímos porque nos presentó un plano y las especificaciones que tendría la casa, pero desde tres meses se fue y me dejó una obra en un 40 por ciento”, dijo Petrona Pérez.

El avance en la obra es de una construcción de dos cuartos sin repellos y sin piso, tampoco cuenta con instalación eléctrica y mucho menos puertas y ventanas, cuando el modelo original era de dos plantas con todos los servicios básicos.

Los damnificados defraudados acudieron a las instancias de justicia, al ministerio público de Juchitán sin embargo las autoridades les dicen que nada se puede hacer porque se trata de un “incumplimiento de contrato” y no de un fraude, y que debe ir ante los jueces civiles en materia mercantil.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca sólo tiene en sus archivos las 17 demandas interpuestas por los ciudadanos de Chicapa de Castro, contra el español Iván Mourriz Collado, quien a nombre de la supuesta Fundación Iberoamericana de Auxilio Social prometió construir casas por 280 mil pesos a cambio de dinero, tarjetas y materiales, logrando un fraude que asciende a un millón 800 mil pesos.

“Estamos en el abandono, no pudimos reconstruir porque una persona se llevó nuestro dinero, y eso no lo llaman fraude las autoridades, sino incumplimiento de contrato, eso es absurdo”, lamenta Petrona Pérez.

“Me siento muy triste y me duele esa situación, que personas lucren con nuestro dolor, porque no fue cualquier cosa perder una casa, era mi patrimonio familiar”, señaló Andrés Mendoza Valdivieso

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Juchitán, municipio zapoteca considerado la capital comercial del estado fue la localidad más afectada de los 41 municipios del Istmo de Tehuantepec, por el terremoto del 7 de septiembre. Aquí perdieron la vida 36 personas (84 en todo el estado) y unas 15 mil 087 viviendas colapsaron.

Un año después, la reconstrucción es lenta. Según datos de la presidencia municipal de Juchitán, unas 5 mil 200 personas esperan recibir el apoyo del segundo censo celebrado en marzo, por lo que aún no han podido iniciar la reconstrucción de sus viviendas.

Otras 100 personas; según datos de la Coordinadora General de Damnificados por el terremoto y de Mujeres Indígenas en Resistencia no han podido recibir su tarjeta de apoyo para la reconstrucción debido a que existe duplicidad de nombres y folios además de clonación de tarjetas. Es el caso de Rosa López Jiménez, de 74 años. Sedatu le dio un folio y Bansefi una tarjeta por daño total, sin embargo, en Juchitán hay dos personas llamadas “Rosa López Jiménez”, por lo que no pudo recibir el dinero y, a un año del sismo, vive en un refugio temporal.

“Mi casa se cayó por completo y tuve que pulverizarla. Posteriormente recibí mis tarjetas, pero nunca pude retirar un solo centavo, siempre me marcaba en ceros; fui a Bansefi y me dijeron que había duplicidad de nombres. A un año del terremoto no tengo casa, vivo en una galera que construí como refugio temporal entre todas mis pertenencias, esto no es vida”, agregó.

En las calles de la ciudad aún hay presencia de escombros, según el regidor de Obras del ayuntamiento, Germán Peralta, desde hace un mes y medio el gobierno estatal retiró la ayuda de volteos y retroexcavadora, por lo que la maquinaria del ayuntamiento no es suficiente para atender todas las peticiones. El funcionario atribuye la lentitud en los trabajos a que la mano de obra (albañiles y ayudantes), así como los materiales para la construcción, son escasos y aumentaron más de 40 por ciento. “La situación es preocupante, todo va lento, caro y sin avance”, dice. “A nuestras oficinas solo llegó la fundación Carso, de Carlos Slim y nos presentó su proyecto, lo que sabemos es que construirán 700 viviendas, en este primer año llevan un porcentaje mínimo, por eso pienso que en 5 años ya se podrá ver un gran avance en la reconstrucción”.

Los edificios públicos como el palacio municipal, la parroquia principal en honor a San Vicente Ferrer, y la Casa de Cultura que data de más de 50 años, están en proceso de reconstrucción a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sólo el mercado municipal 5 de septiembre, se tiene planeado entregar para noviembre.

Gloria Sánchez López, alcaldesa de Juchitán recalca que es necesario un verdadero “programa de reconstrucción” para las comunidades afectadas. A la lenta reconstrucción, la alcaldesa le suma el tema del drenaje sanitario colapsado, que se ha convertido en un problema de salud pública. «El ayuntamiento destinó 32 millones para el drenaje, pero no es suficiente, nuestro sistema de drenaje tiene más de 30 años y es obsoleto, requiere de una inversión mayor de cientos de millones de pesos», indica.

Clases debajo de lonas y arboles

Francisco Antonio Cuevas, representante de los directores afectados dice que la lenta reconstrucción afecta a unos 15 mil estudiantes y unos mil maestros en Juchitán, que tienen afectaciones físicas y emocionales debido a que muchos niños toman clases en aulas provisionales. Es el caso, por ejemplo, de los estudiantes de la secundaria técnica 50, que iniciaron el ciclo escolar 2018- 2019 tomando clases bajo la sombra de árboles y techos de lona.

El director de la secundaria, José Juan Carrasco López, informó que 800 estudiantes iniciaron clases en 24 grupos en dos turnos; de ellos, 14 grupos están tomando clases bajo una lona y un árbol y el resto en espacios improvisados, en el garaje y debajo de un domo de lámina.

“La reconstrucción es lenta; sin embargo, confiamos que pronto las aulas concluyan, los padres de familia nos han apoyado mucho, porque ellos han reconstruido los espacios”.

Chiapas, dejan a miles sin censar

En Chiapas, el terremoto del 7 de septiembre de 2017 dejó daños en 97 municipios. Según datos oficiales, más de 46 mil familias sufrieron daños en sus viviendas, principalmente en zonas rurales. También hubo afectaciones en más de 800 escuelas, 184 hospitales, clínicas, centros de salud y edificios públicos; y 462 iglesias y monumentos históricos.

Ante la magnitud de los daños, los gobiernos federal y estatal se comprometieron a llevar a cabo una “rápida reconstrucción”. Hoy, un año después, la realidad es otra.

La Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, los centros “Digna Ochoa”, “Fray Bartolomé de las Casas”, “Fray Matías de Córdova”, “Voces Mesoamericanas” y el Servicio y Asesoría para la Paz, realizaron un diagnóstico en 3 de los 97 los municipios afectados: Arriaga, Tonalá y Pijijiapan.

Esto fue lo que encontraron: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dejó a más de 4 mil personas fuera de los censos de daños, y sin posibilidad de recibir algún recurso para la reconstrucción.

Aproximadamente mil 200 familias damnificadas de Arriaga, mil 600 de Tonalá y 900 de Pijijiapan, sí fueron censados, pero no recibieron los recursos para la reconstrucción que se dieron vía tarjetas de Bansefi. A quienes obtuvieron tarjetas, sólo les han depositado el 70 por ciento de los recursos para la reconstrucción. El gobierno de Chiapas no ha depositado el 30 por ciento restante, que le corresponde aportar.

Más de 90 por ciento de las familias damnificadas continúan viviendo en condiciones adversas, bajo carpas y lonas, rentando o habitando aún en casas semidestruídas. Otras tuvieron que solicitar créditos a bancos para poder llevar a cabo la reconstrucción.

Ante este escenario, damnificados y organizaciones llaman a concluir de manera urgente la reconstrucción pendiente en viviendas, escuelas, centros de salud; y a investigar, resolver y evitar posibles actos de corrupción en el manejo de los recursos para la reconstrucción.

El pasado 30 de agosto, representantes de distintas instituciones de los gobiernos estatal y federal encargadas de la reconstrucción, se reunieron en la capital de Chiapas para realizar un balance del proceso. A través de un comunicado, dieron a conocer que, para ellos, “se cumple el compromiso del gobierno de apoyar a la población que perdió o vio afectada su vivienda por el sismo, otorgando la confianza en la responsabilidad y el compromiso de los damnificados del buen uso de los recursos para la reparación y/o reconstrucción de sus viviendas”.

Según sus datos, de miles de familias afectadas, sólo falta por entregar a mil 557 las tarjetas bancarias con los recursos para la reconstrucción; al resto ya se le habrían entregado, aunque no especifican en que porcentaje ni establecer mecanismos de verificación.

Dicen que para la reconstrucción de viviendas se han invertido mil 564 millones 892 mil pesos. De acuerdo con esta versión, solo mil 91 familias quedaron fuera del fondo de los recursos para la reconstrucción, a 516 ya se les consiguieron fondos adicionales, y al resto aún “se está gestionando recursos”.

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