“Nunca existió una muerte más anunciada que la de Ema Gabriela Molina Canto”, estableció la Fiscalía General del Estado de Yucatán, durante el juicio contra Martín Alberto Medina Sonda por el feminicidio de su exesposa, precedido por al menos una década de violencia feminicida cobijada por el poder político de Yucatán

Texto y fotos: Paul Antoine Matos

La audiencia final fue el jueves 5 de septiembre, en el Centro de Justicia Oral Penal de Mérida. Por un lado, estaban la fiscalía y los asesores de la víctima indirecta, Ligia Canto Vera, madre de Ema Gabriela y abuela de los tres hijos. Por otro, los seis abogados defensores de Medina Sonda. Él se encontraba a 500 kilómetros de ahí; observaba todo desde una pantalla. Y, por último, Juan Ramón Moreno Hernández, alias “El Cachorro”, con sus tres abogados.

Los hechos

Alrededor de las tres de la tarde del 27 de marzo, Ema Gabriela, quien trabajaba en el ayuntamiento de Mérida, llegó a su casa en el fraccionamiento San Luis de la capital yucateca. Cuando abría su puerta, dos hombres la mataron con un cuchillo. Adentro de su hogar estaban sus hijos.

Ema Gabriela se divorció de Medina Sonda en julio de 2016, tras años de litigar para lograrlo y por obtener la custodia de sus hijos. Fue a partir del divorcio que el asesinato se planeó.

El proceso de separación comenzó en octubre de 2010, cuando ella ingresó una demanda de divorcio. Tras ello, comenzó una disputa por el matrimonio, en el que Medina Sonda no quería terminarlo y, a raíz del proceso de divorcio, Ema Gabriela fue metida a la cárcel por dos crímenes de los que más tarde sería absuelta.

Toda la fuerza del poder contra Ema

También a su madre la imputaron por un delito de clonación de tarjetas que fue absuelto; Ligia Canto Vera fue llevada al penal de máxima seguridad de Puente Grande en agosto de 2014, liberada el 12 de ese mes.

En 2011, se fijó una pensión alimenticia y la custodia de los hijos a ella. En 2012, el 25 de mayo, Ema trasladaba a sus tres hijos a las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), del DIF estatal, para cumplir con la visita supervisada con Medina Sonda, cuando fue interceptada y detenida por policías ministeriales de Tabasco y Yucatán. (Los últimos fueron sancionados por tal acción.) 

Tras la detención, Ema Gabriela fue remitida al Centro de Reinserción Social de Tabasco (CRESET), la misma  donde hoy se encuentra Medina Sonda. Permaneció ahí hasta septiembre de aquel año en que se le liberó del proceso. Un año y dos meses después, en 2013, una nueva orden de aprehensión fue librada en su contra, ahora por parte de un tribunal en la Ciudad de México. Y de nueva cuenta no se le lograron imputar cargos.

La CNDH no logró protegerla

Por ello, en 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Yucatán para proteger a Ema Gabriela, dirigida a la entonces Procuraduría General de la República y los gobiernos de Tabasco y la Ciudad de México.

Durante los tres años siguientes vivió en su casa de Mérida, hasta que fue asesinada a sangre fría, por dos hombres que fueron contratados para el crimen. El 28 de marzo de 2017, un día después del feminicidio, la madre de Ema Gabriela recibió un mensaje en su celular en el que le decían: tú eres la siguiente.

El risitas y la estatua

Antes de iniciar la audiencia del jueves 5 de septiembre, “El Cachorro” sonreía. Jugaba con sus abogados y platicaba con ellos, reía. Se notaba relajado, usaba una playera marca Náutica, azul oscuro con detalles en rojo y blanco. Uno de los abogados le llevó agua embotellada y él la tomó, hasta que entró la jueza Fabiola Rodríguez Zurita.

En videoconferencia estaba Medina Sonda, desde el Centro de Reinserción Social de Tabasco (Creset), donde fue recluido desde 2014 y donde habría planificado el homicidio de Ema Gabriela. En ese entonces estaba sentenciado a 12 años por uso de recursos de procedencia ilícita, asociados con el exgobernador Andrés Granier –éste, liberado de todo cargo en mayo de 2019–.

Lavado de dinero y poder político

Medina Sonda fue vinculado a proceso por su participación en el uso de 8 millones de pesos que fueron incautados de una avioneta Cessna 340, que aterrizó en 2007 en el aeropuerto de Mérida. En aquel entonces estaba asociado con José Manuel Saiz Pineda, exsecretario de Administración y Finanzas de Tabasco durante el gobierno de Andrés Granier. Ese dinero se iba a destinar a la compra de bienes raíces en Yucatán. Por ese caso fue sentenciado a los 12 años y es el motivo por el que ingresó al Creset.

Inmóvil

En la pantalla se le veía todo el tiempo con el mismo semblante: serio, inmóvil, jugando con una pluma en una mano, le daba vueltas; se movía, si acaso, solamente para cambiar la pluma de mano. Y ya.

Durante la semana en la que se delimitó su culpabilidad, fiscales federales de Estados Unidos desecharon un caso que tenían contra él, por hechos distintos a los juzgados en México. El delito desechado: lavado de dinero. 

En Corpus Christi, Texas, los fiscales federales no pudieron continuar con el caso que lo vinculaba con Saiz Pineda. El caso apuntaba lavado de dinero y la adquisición de propiedades en Texas, Florida, Los Ángeles y Nueva York. Ambos quedaron impunes.

Tras una hora dentro de la audiencia, Medina Sonda cambió su semblante. Se plantó en la silla y cruzó sus brazos. Y quedó de nuevo como piedra.

Testigos y violencia: las pruebas

La fiscalía y el asesor de las víctimas indirectas revivían la evidencia que se aportó al caso durante agosto. La prueba más clara de la culpabilidad de Medina Sonda –declaró la fiscalía– es que todo el tiempo, tras el asesinato, estuvo callado, sin ningún interés en que se haga justicia a su ex esposa.

En realidad, la prueba más contundente fue el testigo César Reyes Barrueta, uno de los cinco implicados en el feminicidio, junto a Medina Sonda, “El Cachorro” y los dos autores materiales, ya sentenciados. De esos cuatro su única conexión con Ema Gabriela fue Medina Sonda, dijo la fiscalía. 

Reyes Barrueta se convirtió en testigo protegido del caso del feminicidio de Ema Gabriela. Sus declaraciones, durante su propio juicio en 2018, sepultaron a Medina Sonda y a Moreno Hernández. 

Reyes Barrueta, también conocido como “El Güero”, dijo ser chofer de Medina Sonda, y es quien habría contratado a Moreno Hernández para triangular el asesinato con los dos autores materiales. La intención era “dar un susto” a Ema Gabriela, pero “se les pasó de la mano”.

A cambio de su confesión, recibió libertad condicional, la cual también se justificó con su delicado estado de salud. Actualmente tiene que utilizar un brazalete electrónico y firmar dos veces por la semana en el centro estatal de medidas cautelares.

Asesinos que se ufanan

Los autores materiales, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, subieron un video en vivo a Facebook horas antes de cometer el crimen, en un hotel de Mérida en el que presumen que tenían dinero y que iban a cumplir con el trabajo.

Las pruebas judiciales –entre ellas las declaraciones de Reyes Barrueta– indicaron que fueron 60 mil pesos lo que Mézquita Ávalos y López Tobilla recibieron como pago. Ambos fueron condenados a 40 años por el homicidio de Ema Gabriela, más penas de tres y seis años, respectivamente, por delitos como la posesión de narcóticos al momento de la detención. Además, deberán pagar ocho millones de pesos como reparación del daño e indemnización. 

La defensa fue la prisión

La defensa durante el juicio fue que era imposible que Medina Sonda se comunicara al exterior desde prisión, por lo que era incapaz de haber maquinado el plan para asesinar a su ex esposa. Sus testigos fueron cuatro funcionarios del Centro de Reinserción Social de Tabasco.

Para rebatirles, la fiscalía y los asesores recurrieron a documentos de organizaciones como la CDNH que acreditaban, mediante jurisprudencia, que en México los reos ingresan celulares mediante contrabando y ni siquiera las señales de bloqueo impedían que se realicen llamadas desde los centros penitenciarios.

Los custodios, los elementos de seguridad y el ex director del penal “no iban a aceptar que sí hay teléfonos”, contragolpeó la fiscalía.

Historia de violencia hasta la muerte

Fueron 16 años de violencia económica, patrimonial y física ejercida por parte de Medina Sonda hacia Ema Gabriela, dijo Níger Pool Cab, miembro del Primer Tribunal de Juicio del Poder Judicial de Yucatán el viernes 6 de septiembre al emitir el veredicto del caso.

Martín Alberto Medina Sonda, culpable del delito de feminicidio agravado en contra de Ema Gabriela Molina Canto. Sentencia de 50 años, la pena máxima en Yucatán para feminicidio cuando se cometió el crimen. 

“Decidió culminar la historia de violencia que inició en 2001”, dijo el miembro del tribunal al emitir el veredicto.

Medina Sonda llamaba a Ema Gabriela “inútil”, “tonta”, “bruta”, le exigía comprobar todos los gastos. La espiral de violencia aumentó: la amenazaba verbalmente, la empujaba, la golpeaba. “Eres una cucaracha”, le decía. Escaló hasta 2010, cuando Ema Gabriela decidió divorciarse. Tardaría seis años en disolver su matrimonio.

Todos esos patrones, continuó diciendo Pool Cab en la sala número 8, eran misóginos; Medina Sonda creía en la superioridad del hombre. A Ema Gabriela la consideraba de su propiedad y asesinarla fue la máxima expresión de sometimiento que pudo tener, añadió.

Juan Ramón Moreno Hernández, El Cachorro, también fue declarado culpable, pero por el delito de homicidio calificado; sentenciado a 35 años de cárcel. Era el vínculo entre Medina Sonda y los ya sentenciados como autores materiales del homicidio.

La sentencia que esperaba

Los 50 años se decidieron por mayoría en el tribunal. La madre de Ema Gabriela consideró que era una sentencia que esperaba. 

“No deja de llamar la atención el hecho de que un elemento del tribunal, que no vio en uno, el Cachorro, la premeditación, y que no vio en el principal autor intelectual, Martín Alberto Medina Sonda,  el que haya pretendido establecer la relación infructuosa”. 

Se espera que la defensa apele con el Tribunal Superior de Justicia y se amparen contra la sentencia.

“Me preocupa si la sentencia se va con rendijas. Pero si la sentencia se va cerrada, ante cualquier tribunal colegiado federal que caiga, tengo la confianza de que esto sea confirmado hasta la última instancia, porque de lo contrario no sería justicia, sería una injusticia”, dijo Ligia Canto.

Ema Gabriela Molina Canto, tras años de vivir el odio de Martín Alberto Medina Sonda, de encontrarse en lo que los jueces denominaron “una espiral de violencia” que el propio Estado ignoró, tras ser asesinada, ser una víctima más de los feminicidios en México, recibió la justicia que en vida se le negó.