La estrategia presidencial para dar al Ejército el control de la Guardia Nacional mediante cambios legales sienta un precedente para otras reformas, como la electoral, en las que no cuenta con los votos para cambios constitucionales 

Twitter: @chamanesco

La sesión duró más de 14 horas, aunque la decisión estaba cantada desde el principio: las leyes que otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional el control de la Guardia Nacional fueron aprobadas tal como las había enviado el presidente apenas tres días antes a la Cámara de Diputados.

Con 487 diputadas y diputados presentes, la mayoría oficialista -conformada por 264 legisladores de Morena, PT y PVEM- votaron a favor los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Votaron en contra 220 legisladores de oposición (113 del PAN, 67 del PRI, 25 de MC y 15 del PRD); además de la diputada de Morena Inés Parra Juárez.

Dos morenistas se abstuvieron en la votación en lo general: Manuel Vázquez Arellano -a quien se conoce también como “Omar García”, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa-, y el oaxaqueño Antonio Altamirano Carol.

Otros ocho morenistas estaban ausentes en la sesión, pero sus votos no fueron necesarios para que se aprobaran los cambios legales que concretan lo que ya se conoce como “la militarización de la Guardia Nacional”.

En contraste con el desacuerdo en este tema, en la misma sesión se votaron, casi por unanimidad, los cambios a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con 458 votos a favor, una abstención, 25 votos en contra -de la bancada de MC- y el sufragio en contra de la morenista Inés Parra.

Lo sucedido en la noche del viernes y la madrugada del sábado tendrá su impacto en la estrategia de seguridad, y es un indicativo importante de los tiempos que vienen en la relación entre el presidente y el Congreso.

La Guardia Nacional era uno de los tres temas en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado, desde el año pasado, las iniciativas de reforma constitucional con las que cerraría su sexenio.

La primera era la reforma en materia eléctrica, que le fue negada por la oposición en el periodo ordinario de febrero-abril pasados.

El fracaso en esa reforma generó gran molestia en Palacio Nacional y en las filas oficialistas, desde donde se lanzó una campaña de linchamiento a la oposición con el estigma de “traidores a la patria”.

Esto provocó un interesante cambio de estrategia en el titular del Ejecutivo, quien había anunciado originalmente que las reformas a la Guardia Nacional las buscaría en el año 2023.

Ante la “moratoria constitucional” anunciada por PRI, PAN y PRD -cuyos votos son necesarios para la mayoría calificada que requiere una reforma a la Constitución-, el presidente hizo dos cosas:

Por un lado, adelantó el tema de la Guardia Nacional al inicio del segundo año de la LXV Legislatura.

Y, por otro lado, descartó la reforma constitucional y envió al Congreso una iniciativa de cambios a cuatro leyes secundarias para lograr su objetivo: poner a la Guardia Nacional bajo control y tutela del Ejército.

Más allá de que esta reforma sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los partidos que durante el debate argumentaron que los cambios implicaban un atropello a la Constitución, la estrategia presidencial sienta un precedente de lo que podría venir en el otro gran tema donde López Obrador quiere cambios antes de concluir el sexenio.

Ese tema es el político-electoral, que López Obrador había anunciado como su prioridad para el año 2022.

El presidente ya presentó una iniciativa amplia en esta materia el pasado mes de abril. Una iniciativa redactada por dos altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda -Pablo Gómez, titular de la UIF, y Horacio Duarte, titular de Aduanas-, que pretende reformar 18 artículos de la Constitución, “suprimir” el Instituto Nacional Electoral y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), entre otras propuestas.

La reacción frente a esta iniciativa ha sido de rechazo por parte de la oposición y una buena parte de la opinión pública. 

Legisladores y dirigentes opositores, especialistas y diversas voces de la sociedad civil han advertido que esa iniciativa podría provocar el desmantelamiento del sistema electoral y el control de las elecciones por parte del Ejecutivo, como ocurría antes de la creación del IFE en 1990.    

El tema ha sido discutido ya en foros de “parlamento abierto” promovidos por Morena y convocados por la Junta de Coordinación Política, en cuyas mesas se cuestionó la viabilidad de las propuestas del presidente, principalmente la de elegir mediante voto popular a los consejeros del INEC y a los magistrados del Tribunal Electoral.

Pero más allá de lo sucedido en esos foros, la aritmética legislativa indica que el Ejecutivo no tendrá los votos para una reforma constitucional -tal como ocurrió con la reforma eléctrica y la de la Guardia Nacional.

Quizás por ello, en Morena ya se plantea la posibilidad de impulsar una reforma a leyes secundarias en materia electoral, dándole la vuelta al debate, la negociación, los acuerdos y los amplios consensos que requerirían una reforma constitucional en esta materia.

Así lo sugirió Pablo Gómez, uno de los autores de la iniciativa, en la plenaria de Morena previa al arranque del periodo ordinario, donde los llamó a “preparar un buen paquete de reformas legales, y no mortificarse por la reforma constitucional”.

Si ése será el método, habrá que encender las alertas: una reforma legal al sistema electoral impuesta por una mayoría de 264 votos, en una sesión de madrugada, no sería un buen precedente para lo que viene.

Por un lado, la renovación del Consejo General del INE, programada para abril de 2023 y cuya convocatoria deberá emitirse en febrero próximo. Y, por otro lado, el proceso electoral 2024, cuyo arranque formal está previsto para septiembre del próximo año. 

Cuidado: el mayoriteo, la exclusión y el albazo podrían dar como resultado una ley electoral parecida a lo que quiere López Obrador, pero sembrarían desde hoy la semilla del conflicto postelectoral de 2024.