Este 29 de octubre se cumplen nueve años de la muerte de Karla Pontigo, una fecha relevante para las mujeres potosinas: la lucha de la señora Esperanza Luccioto ha trazado un camino hacia la verdad y la justicia de las víctimas de feminicidio y ha traído esperanza y acompañamiento a sus familias

Texto y foto: Marcela Del Muro

SAN LUIS POTOSÍ.- Recuerdo bien el feminicidio de Karla Pontigo. Yo también estudiaba en la universidad y trabajaba en un bar en la misma ciudad, en San Luis Potosí. La diferencia entre ella y yo fue que en mi caso tuve una red laboral segura que me protegió de las violencias que trae la vida nocturna. Karla no tuvo la misma suerte: fue acosada, hostigada y atacada, física y sexualmente, en su espacio de trabajo.

Hoy, 29 de octubre, se cumplen nueve años de su muerte. Es una fecha dolorosa y muy relevante para las mujeres potosinas: la lucha de su mamá, la señora Esperanza Luccioto, ha trazado un camino hacia la verdad y la justicia de las víctimas de feminicidio y ha traído esperanza y acompañamiento a sus familias. 

En 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la segunda sentencia en materia de feminicidio contra los servidores públicos involucrados en el caso de Karla, y dejó sin efecto el auto de formal prisión por homicidio culposo, es decir accidental. Así, reabrió la investigación y obligó a seguir rutas con perspectiva de género para llegar a la verdad y lograr una reparación integral por la muerte de la joven de 22 años. Ahora, por conflicto de interés al interior de la Fiscalía, el Juzgado Primero del Distrito en el estado ordena que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República. 

Karla y el ataque

A Karla le gustaba bailar, cantar, la música y el teatro, por eso disfrutó durante un tiempo el trabajar como animadora en el Play Club, una discoteca que para ese momento llevaba más de seis años en funcionamiento. Pero tenía semanas sintiéndose incómoda: su jefe, uno de los empresarios del entretenimiento más reconocidos en el estado, la acosaba y hostigaba continuamente. Karla se desahogaba con su hermano Fernando: el acoso traspasaba su espacio laboral e invadía su día a día. 

Era un comportamiento frecuente de dicho empresario. Cuando yo estaba en preparatoria, en los inicios del Play Club, era el antro de moda en la capital y el único lugar donde te dejaban entrar y te vendían alcohol siendo menor de edad. “El dueño terroreaba morras y hasta las jaloneaba. Había bebidas adulteradas, menores de edad, eran muy clasistas y ni porque hubiera balaceras afuera del lugar cerraban”, recuerda una amiga de la universidad. El dueño del antro siempre estaba en la entrada; elegía quién pasaba y quién no. El hombre de más de treinta años de edad coqueteaba hostilmente con las jovencitas de 16. Rumores de chicas desmayadas por tomar del bacacho adulterado del Play abundaban entre los círculos preparatorianos. Aún con toda la cadena de irregularidades, nunca cerraron ni clausuraron la discoteca.

Esperanza recuerda que todo el 28 de octubre de aquel año se sintió incómoda y su hija también, ese día la llamó más de lo normal para contarle hasta las situaciones más cotidianas, pero aun con su inquietud Karla fue a trabajar.

Fernando, como siempre, marcó al celular de su hermana para avisar que había llegado por ella, pero no recibió respuesta, así que se bajó y preguntó a los guardias que estaban en la entrada de la disco. Ellos le dijeron que Karla había tenido un accidente y se había cortado, pero estaba bien. Fernando se metió a la fuerza y encontró a su hermana recostada sobre un charco de sangre. Una compañera le dijo que ya venía la ambulancia, pero nunca llegó. Fernando la cargó y la llevó al Hospital Central, que queda a unas cuantas cuadras sobre la misma avenida Carranza. Karla solo le pudo pedir ayuda antes de quedar inconsciente. 

Esperanza llegó a los pocos minutos. Vio a su hijo que estaba en shock, pálido como el papel, y le preguntó: “¿qué pasó? Él solo me vio y me dijo que no sabía”.   

Muchas preguntas sin respuesta

Desesperada, Esperanza comenzó a preguntar por su hija. Entró a la sala y la vio: un montón de doctores estaban encima de ella. Inmediatamente, la sacaron y le dijeron que estaba estable, que esperara. A las pocas horas, un doctor le comunicó que la salud de Karla era delicada y necesitaban amputarle una de sus piernas, su artería femoral estaba cortada y había perdido mucha sangre. Esperanza le respondió: “Haga lo que tenga que hacer, pero regrésemela con vida”. Mientras esto pasaba, el abogado del Play llegó al hospital para ofrecer pagar los servicios funerarios de su trabajadora que aún luchaba por sobrevivir, nunca más volvieron a tener contacto frontal con alguien relacionado a la discoteca, aunque la familia ha sido amenazada y hostigada desde entonces. 

La colectiva Por ellas, por nosotras y por todas, integrada por siete familias cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, junto a mujeres solidarias y feministas colocaron un altar de muertos en el memorial en la ciudad de San Luis Potosí. 

Los doctores no lograron encontrar la herida por donde Karla seguía sangrando. Permitieron que Esperanza la viera para poder despedirse de ella. Esta imagen sigue lastimando y perturbando a la señora. En ese momento, ella supo que no había sido un accidente. Minutos después, Karla murió y su familia fue obligada por la entonces Procuraduría a donar sus órganos, a cambio de iniciar la investigación por homicidio. 

Durante esa madrugada, la señora Esperanza no dejó de preguntar ¿qué había pasado con su hija Karla? “Nunca llegó nadie para darme explicaciones. Yo les gritaba, yo les decía que alguien me tenía que dar una respuesta porque ha habido muchas preguntas y nunca he tenido respuestas. Hasta la fecha, las respuestas nunca han llegado”, dice la señora Esperanza en el documental Justicia para Karla Pontigo, del Colegio de San Luis.

“El Ministerio Público llegó 38 horas y media después al lugar de los hechos, cuando ya personal de la discoteca había limpiado una parte de la escena de muerte. La necropsia, realizada la madrugada del lunes, dictaminó 39 lesiones (en su cabeza, rostro, brazos, piernas, genitales y zonas cóncavas del cuerpo de difícil acceso)”, reportó la periodista Daniela Rea sobre el caso.

Los servidores públicos encargados bloquearon todas las posibilidades de tener una investigación diligente. “No solo le negaban a Esperanza el conocer la averiguación previa, también el hecho de recibir pruebas, testigos, elementos que ella consideraba importantes para la integración de la investigación. Derivado a esa negativa, la señora promovió el primer amparo para tener acceso al expediente. Según recuerdo fue a inicios del 2013. Ahí se enteró que se había consignado, es decir, ya se había dictado una orden de aprehensión por el delito de homicidio culposo, estableciendo que la muerte de Karla había sido un accidente por unas cortaduras en su pierna al atravesar una puerta de vidrio”, explica Yesenia Valdez, asesora jurídica del caso de Karla y parte de la asociación Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. El empresario pagó una fianza y fue liberado de toda culpa.

En abril de ese mismo año, se exhumó el cuerpo de la joven. La Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato fue la encargada de la valoración. “‘La forense de Guanajuato le dice a la de San Luis Potosí que la muerte de Karla no pudo ocurrir por accidente, pues es imposible que habiendo chocado con una superficie plana, tuviera heridas en zonas cóncavas como el cuello, las partes genitales. Si hubiera sido así, tendría heridas en la frente, en la nariz, en las rodillas o las manos’”, explicó (el abogado) Marco Barrera a la periodista Daniela Rea.

El inicio de la lucha

En ese momento, llena de coraje y de dolor, Esperanza buscó ayuda. No iba a permitir que la muerte de su hija quedara impune y el asesino siguiera violentando mujeres con total libertad y protección de las autoridades. 

“Ante esa barrabasada, se decide interponer un amparo en contra de la investigación hecha por el ministerio público y en contra del auto de formal prisión dictado por el Juez Segundo Penal del Estado (Julián Ruiz Contreras), que había determinado el homicidio culposo. Se inició todo el trámite para poder echar para atrás y poder revocar esa investigación porque, en realidad, no era una investigación. Era un cúmulo de elementos que nada más quería empañar, disfrazar, tapar que se trataba de un feminicidio”, relata Yesenia. 

Este fue el inicio de una batalla legal: amparos, negaciones, revisiones… Hasta que en 2015, se envió un recurso de revisión a la SCJN. La corte por unanimidad, en octubre de ese año, atrajo el caso para su estudio y el 13 de noviembre del 2019 dictó sentencia en contra de las autoridades que intervinieron en la investigación del asesinato de Karla. 

“Señala de manera clara que el Fiscal General no puede deslindarse de las irregularidades que se cometen en la investigación, independientemente de que no sea el encargado directo. Destaca la responsabilidad del Director de Servicios Periciales y del Jefe de la Policía y ordena iniciar las investigaciones administrativas y penales por las irregularidades cometidas (…), también marca un momento histórico de la investigación, al ordenar que el caso de Karla Pontigo tiene que volver a iniciarse pues se investigó de manera incorrecta, se violaron los derechos de las víctimas y se investigó sin perspectiva de género. La sentencia deja sin efectos la consignación por homicidio culposo, ordena el inicio de una investigación con perspectiva de género y ordena respetar y garantizar los derechos de los familiares como víctimas”, se lee en el comunicado realizado por la organización que representa legalmente a la familia Pontigo Luccioto. 

Esperanza recuerda que cuando llegó la resolución de la Corte se sintió escuchada. Ya tiene algo con que seguir luchando, pero las implicaciones de la sentencia -que es camino marcado para todas las investigaciones de feminicidio en el país- la hizo agregar nuevas causas a su lucha: la prevención y no repetición del feminicidio y la corrupción dentro del estado. 

Los alcance de la sentencia

Que la Fiscalía reiniciara la investigación ha sido por la constancia y presión que ha ejercido la señora Esperanza. El 3 abril del 2020 se creó una unidad especial que fue bautizada con un nombre larguísimo: Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, Investigación Persecución, Litigación y Concentración de Asuntos Relacionados con Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios (UEMI). Cuando lees el nombre de la unidad piensas que está enfocada a la investigación de todos los feminicidios que llegan a la Fiscalía, pero no, en su creación se puso un candado que la hace exclusiva para la investigación del caso de Karla. 

La UEMI reabrió la averiguación previa de la muerte e inició investigación contra todos los servidores públicos involucrados, sin importar el rango; también se iniciaron investigaciones sobre los ataques y amenazas que ha sufrido la familia de Karla. La unidad está conformada por cuatro especialistas, pero la falta de recursos: económicos, humanos e institucionales, han hecho más lento su funcionamiento. Aún así existen muchos avances que han trabajado de la mano de Esperanza y sus hijos. Candy Martell, titular de la unidad, ha buscado las formas de que la investigación sea diligente. Un ejemplo es la colaboración que se ha pedido al estado de Chihuahua, por la falta de capacidad e insumos en los servicios periciales del estado. 

Pero la batalla de Esperanza para llegar a la verdad no es un caso aislado. Ella y seis familias cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio se han ido acompañando, formaron la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas. Como su nombre lo dice, buscan el acceso a la justicia para todas, pero también quieren evitar que sigan existiendo feminicidios en San Luis Potosí. Para las familias, esto será posible únicamente con el fin de la impunidad y el acceso real y efectivo a la justicia, que cambiaría el mensaje de permisividad que existe ante la violencia contra las mujeres. 

La colectiva lleva unos meses pidiendo una unidad especializada o fiscalía especializada para la investigación de feminicidios y muerte violentas de mujeres.  

Hace unos días, el diputado panista Juan Francisco Aguilar propuso la creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios, pero no se puso en contacto con las víctimas. Poco se ha hablado del tema. Pie de Página solicitó una entrevista con el diputado para conocer las especificaciones de su propuesta, pero no se obtuvo respuesta. 

Pero la idea de Esperanza y la colectiva es distinta: pone énfasis en robustecer la estructura de la UEMI, que ya está funcionando, que tiene la voluntad y ha sido diligente en la investigación del caso de Karla. De esta forma evitarían que exista más simulación con la creación de una nueva institución.   

Atraer la investigación a FGR

Recientemente, la UEMI denunció conflictos de interés en la investigación. El vicefiscal jurídico y encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras,  es hermano del juez que emitió la sentencia por homicidio accidental, pero él también tenía un puesto en la entonces Procuraduría cuando sucedió el feminicidio, era el secretario particular del procurador Miguel Ángel Covarrubias. 

El Juzgado Primero de Distrito de San Luis Potosí determinó que “la investigación e integración de la averiguación previa se encuentran en una situación que impide estructuralmente la eficacia de la investigación por falta formal de independencia e imparcialidad debido a un conflicto de intereses” y ordenó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. 

Candy Martell explica que esta resolución no es un hecho. “Falta que se notifique, se valore y se acepte las facultad de atracción. Esto no quiere decir que la investigación se inicie de nuevo o esté mal hecha, será la misma y seguiremos complementando la averiguación previa, esto tiene que ver únicamente con cambiar de competencia. La orden del juzgado ya existe y es muy probable que sí se atraiga por la Fiscalía General”. 

Al preguntar a Candy sobre la idea de Esperanza y el grupo de madres y padres de feminicidios, sobre proveer a la UEMI de capacidades para que adquiera las responsabilidades que menciona en su largo nombre, comenta que: “En la unidad existe la voluntad y las ganas para hacer el trabajo, pero para que eso sea posible es necesario dotar a la unidad de recursos, no solo económicos, también humanos. Hacerla crecer porque ahora somos muy pocos, establecer un presupuesto para facilitar nuestro trabajo y declinar las carpetas a esta unidad. Lo repito: Ya está creada la unidad solo hace falta robustercela”. 

El mensaje de Esperanza es claro: No van a permitir más simulación en las investigaciones de feminicidios y muertes violentas de mujeres en el estado. “Karla y todas merecen justicia. Para que ninguna madre vuelva a vivir el dolor de algo así”.