El general Alejandro Saavedra es uno de los 20 militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a los que ya se les giraron órdenes de aprehensión. Mientras tanto, el GIEI pidió acceso a fuentes e información que alimentaron el informe de la Comisión de la Verdad para su valoración

Texto: Kau Sirenio y Arturo Contreras

Foto: Diego Simón y Moisés Pablo / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue notificada por la Fiscalía General de la República (FRG) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los cuales deberán ser localizados por el área jurídica de la institución. El general de División Alejandro Saavedra Hernández encabeza la lista.

La notificación se dio luego de que el juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, autorizó las 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que, de acuerdo con la FGR, intervinieron en la investigación de los hechos.

El militar de más alto rango en la lista es el general Saavedra Hernández, quien fungía como comandante de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, el 26 de septiembre de 2014, el general tuvo acceso directo a las comunicaciones de inteligencia que en tiempo real tuvo el C-4 de todas las actividades de los estudiantes, desde las cinco de la tarde.

También está implicado su subordinado inmediato, el comandante del 27 Batallón de Iguala, José Rodríguez Pérez, quien entonces era coronel y hoy es general brigadier.

Según la Comisión, los mandos involucrados incumplieron su deber de intervenir para salvaguardar las vidas de los civiles desarmados, que estaban bajo ataque de criminales y policías municipales.

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El ascenso del general

El general Saavedra Hernández, quien -de acuerdo con versiones periodísticas que no han sido desmentidas- también habría intervenido con apoyo perimetral al Batallón 102 el día previo a la masacre de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fue nombrado comandante de la 35 Zona Militar el 2 de junio de 2014.

Después del ataque a los estudiantes, el 26 de septiembre de ese año, Saavedra no sólo no fue investigado, sino que recibió una serie de premios y ascensos que dejaron cerca de convertirse en secretario de la Defensa Nacional.

El 20 de noviembre de 2014, apenas dos meses después de la noche de Iguala, fue promovido de general de Brigada a general de División. Diez días después, se convirtió en comandante de la IX Región Militar, que abarca todo el estado de Guerrero. Once meses más tarde, en octubre de 2015, fue nombrado coordinador de la Estrategia Federal de Seguridad en el estado, lo que le dio el mando de todas las corporaciones policiacas de Guerreo. El 28 de noviembre de 2016 pasó a ser Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, y el 1 de diciembre de 2017 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Cuatro años después de la desaparición de los estudiantes, en septiembre de 2018, el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, propuso al presidente electo Andrés Manuel López Obrador dos posibles sucesores, el subsecretario Arturo Granados y el general Saavedra. López Obrador finalmente optó por Luis Crescencio Sandoval.

Saavedra Hernández fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta su retiro el 2 de marzo de 2021. Nadie investigó su participación en Ayotzinapa, a pesar de que el exalcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, declaró a la PGR que los jefes policiacos de su jurisdicción habían sido recomendados por el general Saavedra y actuaban de forma autónoma.

El Coronel

El general brigadier José Rodríguez Pérez, quien estaba a cargo del batallón 27 con sede en Iguala, es actualmente jefe de Operaciones de la Sedena. Pero su relación en el caso podría ser más que una omisión. En el informe de la Comisión de la Verdad se refieren una serie de mensajes de texto que indican una coordinación constante en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 entre El Chino y El Negro (dos integrantes de Guerreros Unidos) con El Coronel para “arreglar el problema” de los estudiantes que quedaban vivos; también hay reportes de actividades conjuntas entre El Negro y El Coronel, y que los restos de “la mayoría” de los estudiantes asesinados fueron trasladados “al Batallón”.

Una de las posibilidades consideradas en las investigaciones es que el Coronel referido en esas comunicaciones sea Rodríguez Pérez.

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GIEI pide acceso a las fuentes del informe

En un comunicado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha acompañado a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y que ha emitido tres informes sobre el caso, pidió que el gobierno federal le dé acceso a pruebas que respalden el informe presentado el jueves pasado.

Si bien hemos tenido acceso a la información y a los productos obtenidos por la comisión presidencial, no conocimos ni hemos accedido directamente ni examinado material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”.

Señala el GIEI en un comunicado. 

El Grupo de Expertos solicitó una copia de los mensajes y acceso a los celulares de los que fueron extraídos para evaluar la fiabilidad y calidad de la información señalada y analizar a profundidad el contenido del informe, sobre el que posteriormente compartirán sus valoraciones.

El GIEI enfatizó que no ha participado en la redacción del informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas ni ha señalado presuntos responsables. Insistieron en la importancia de la protección del debido proceso.

Dos caminos para la justicia

Durante su conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las investigaciones ahora se encaran a dos frentes: desenterrar la verdad de lo que sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, además de dar con los responsables de ocultar la verdad. 

En la mesa de análisis de Momentum, coproducción de RompevientoTV y Pie de Página, el abogado Federico Anaya señaló que ahí radica la nueva tragedia del caso: las investigaciones históricas van a tener pruebas y escenarios degradados. Tal vez por eso, ahora la administración se centre en juzgar a quienes impidieron conocer la verdad.

Pasado tanto tiempo, probablemente estos son los crímenes que vamos a procesar, investigar y castigar, porque ellos destruyeron las escenas del crimen previo. Esa es la nueva tragedia. ¿Había manera de que Murillo Karam no supiera lo que sucedía? No. Por eso es el responsable del encubrimiento, de haber realizado mal la investigación a propósito. No sabemos por qué, eso será algo que debe revelar el proceso judicial”, dijo Anaya.

Diferencias entre “verdad histórica” e Informe presidencial

El abogado David Peña señaló tres puntos esenciales que diferencian el informe de la Presidencia sobre el caso de la “verdad histórica” de Murillo Karam: 

* El informe del actual gobierno señala la responsabilidad no sólo de las autoridades municipales, sino estatales y federales, mientras que la “verdad histórica” sólo señaló a los agentes municipales. 

* El informe de la Presidencia  señala la operación de varios grupos que separaron a los estudiantes, bajo la misma instrucción, pero de forma distinta y en lugares diferentes. Mientras que la “verdad histórica” señala que todos fueron asesinados y llevados al basurero de Cocula donde fueron incinerados. 

* Presume que seis estudiantes permanecieron con vida cuatro o cinco días después de ser secuestrados, lo que refuta la idea de una operación única. 

Según dijo Peña, es posible que nunca se conozca la verdad completa sobre esa noche, pues desde el 7 de octubre de 2014, cuando iniciaron las intervenciones federales, se empezó a manipular la investigación, a alterar escenas y a torturar detenidos.

AMLO promete “etapa nueva” en la justicia

“Para hacer a un lado todo ese pasado lastimoso, bochornoso, todo eso que avergüenza, y vamos a inaugurar una etapa nueva”, dijo el presidente López Obrador al referirse a los avances en el caso Ayotzinapa. Aseguró que gracias a ellas el mismo exprocurador Murillo Karam,  detenido el viernes, se inculpa.

En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía. Lo que dijo el procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice, y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Zerón (entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal)”. 

Después mostró un pedazo del video del encuentro que sostuvo con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos el jueves pasado. En el video se ve al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, decir a los familiares que en ese entonces el Estado soslayó su responsabilidad ante un crimen desmesurado y adjudicó su responsabilidad solo a las autoridades municipales, pero el caso se salió de control y fue entonces cuando Murillo Karam se presentó ante medios de comunicación y dijo:

“Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación”. 

El presidente refrendó que en el informe se da muestra de qué funcionarios fraguaron y tramaron la confección de una versión de los hechos que nunca sucedieron, para la cual incluso torturaron personas. 

“Claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos (funcionarios), pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así”, dijo al aclarar que a partir del informe se desprenden dos listas, la de implicados y la de responsables.