Este 22 de septiembre se cumplieron 8 meses de la masacre de 19 migrantes en Camargo y en días próximos tendrán seguimiento las audiencias del proceso judicial contra 12 policías señalados como responsables del crimen. En tanto, la familia de Santa Cristina, una de las víctimas, pide la reparación del daño al gobierno mexicano, pues a la pobreza que de por sí tenían, se suma la deuda con los coyotes

Texto: Daniela Rea

Foto: Johan Ordóñez / APG

Santa Cristina García Pérez tenía 19 años cuando fue asesinada en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero. Ella había emprendido el viaje porque quería ayudar a su familia con los gastos de operación de su hermana menor, Ángela, que tiene labio leporino. Desde que Ángela nació, la familia entera había tenido que hacer esfuerzos para pagar las revisiones médicas y la leche en polvo, pues no podía mamar pecho.

Apenas se supo mayor, Santa emprendió el viaje a Estados Unidos para apoyar a su familia. 

“Ella se marchó con una necesidad grande, tanto la necesidad de ella, como de su familia. Yo soy papá de Santa y papá de la nena con labio leporino. Santa se marchó para ayudarnos. Lo que pasó ya es un hecho, ya es cierto, a Santa me la mataron”.

Doce policías estatales de Tamaulipas son acusados por la Fiscalía de ese estado de haber asesinado a 19 personas, el 22 de enero en una brecha en el municipio de Camargo a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Entre esas 19 personas estaba Santa, otros 15 migrantes de Guatemala, dos mexicanos -se presume que fueron los polleros- y una persona no había sido identificada. Los migrantes fueron perseguidos en una brecha a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, fueron asesinados a tiros y después de esto, calcinaron sus cuerpos y las camionetas en donde viajaban, para ocultar pruebas. Se espera que las audiencias en contra de los 12 policías acusados continúen este 8 de octubre en Tamaulipas. 

Sin embargo, don Ricardo, el padre de Santa, afirma que la familia no ha sido informada del proceso judicial, de las acusaciones, de las audiencias. 

“No queremos que quede impune, no sabemos, nos han informado cómo va a quedar la situación allá. Nosotros no soñábamos la tumba, nosotros lo que soñábamos con nuestra finada hija era que nos superáramos todos como familia”, dice.

“Desde el momento que escuché la noticia me hinqué en mi casa, los perdoné a ellos, no tengo rencor con ellos. Quizá los que la mataron el cuerpo lo ganaron, sí, pero no el corazón. Ella nos está viendo en el cielo espiritualmente, ella está intercediendo por los delincuentes que la mataron, mi hija no guardaba rencor, no quería pleitos, pero no queremos que quede impune, queremos que se nos repare el daño, esta familia que somos sólo le queda sobrevivir”.

Don Ricardo dice que varias familias quedaron endeudadas por el pago a los coyotes y con hijos pequeños que mantener, por lo que esperan que el gobierno de México haga la reparación del daño para la suya y las demás familias.

“Mi hija, una luchadora”

Don Ricardo recuerda al teléfono desde su hogar, en un poblado del departamento de San Marcos, un poco de la vida de su hija.

“Yo sí me siento orgulloso porque mi finada hija la mataron por ser luchadora, eso es lo que me siento feliz, orgulloso y voy a seguir adelante con mi familia. Eso es lo que me da ánimo, la mataron por ser una muchacha trabajadora y luchadora amable, sonriente. ¿Por qué los mataron?, ¿por qué los quemaron?, ¿qué es lo que hicieron? Para mí, que todos tenemos derecho de inmigrar un lugar a otro”.

Santa tuvo una hermana gemela que murió al mes y medio de nacida. “Ahora se fueron las dos”, dice resignado don Ricardo. 

Desde los 9 años Santa pensó en trabajar para ayudar a su familia. “Cuando tenía sus 9 añitos de vida ella decía ‘papi, yo no voy a ser maestra ni doctora, yo voy a ser comerciante, quiero tener mi local, mis trabajadores, yo voy a luchar, no me voy a cansar hasta sacarlos adelante… yo estaba orgulloso de mi finada hija”.

Santa Cristina creció, sacó su DNI y cuando se supo una joven grande le dijo a la familia: voy a luchar por ustedes. Llegó al Departamento de Puerto Barrios a trabajar, donde estuvo un año, luego a Zacapa, donde estuvo dos años.

Con lo que ganaba mandaba para comprar las libras de leche en polvo, hasta que a finales del año 2020 consideró irse a Estados Unidos. Para costear el viaje, su padre debió conseguir alrededor de 50 mil pesos mexicanos para el pollero, que lo hizo empeñando las escrituras de su casa. El 12 de enero del 2021 llegaron a Comitancillo para iniciar su viaje al norte. Santa viajó también con sus primos  Anderson Marco Antulio Pablo, de 16 años de edad, e Iván Gudiel Pablo Tomás, de 22 años de edad.

“Nosotros queremos que los gobernadores se den cuenta qué es lo que están haciendo, porque en verdad me da tristeza si son policías los que mataron a nuestras hijas, tendrían que dar una explicación de por qué lo hicieron. Hay una razón, no es porque no hubo razón. El hecho ya está, nosotros ya llevamos 8 meses de vivir sin nuestras hijas, más o menos ya estamos recuperando de la tristeza. La ley tiene que actuar para que no vuelva a suceder y para la reparación de nuestras hijas, eso es lo más importante con nosotros. Nosotros no le pedimos, mismo ellos ofrecieron”.

Las investigaciones

Actualmente hay dos investigaciones por la masacre de 19 personas en Camargo. La primera se abrió en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas contra 12 policías por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas. Este proceso inició en febrero del 2021 con dos audiencias ese mes, que fueron a puerta cerrada, aunque medios como Vice y Animal Político han publicado parte de los hechos que se presentaron ante el Juez, publicaciones de las que se desprende que los 12 policías serían responsables de haber perseguido, disparado a los migrantes y quemado sus cuerpos. Se espera una siguiente audiencia este mes de octubre.

La segunda investigación está en la Fiscalía General de Justicia, a nivel federal. Distintas organizaciones de derechos humanos presentaron en marzo del 2021 una denuncia ante la FGR para que investigara los hechos, pero la Unidad de Migrantes respondió que no lo haría, pues se trataba de delitos del fuero local. Entonces la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho presentó una impugnación ante un juez federal que ordenó a la FGR iniciar una carpeta de investigación en un plazo de 3 días. La FGR investiga a 2 autoridades migratorias del del Instituto Nacional de Migración (INM) porque en el crimen de Camargo del 22 de enero fue encontrada una camioneta que había sido asegurada meses atrás en un operativo de INM contra migración sin documentos.