El rechazo de taxistas a los conductores de Uber Cabify, Didi y otras aplicaciones se llevó a la calle. Después de 152 reuniones infructuosas entre autoridades de la Ciudad de México con líderes taxistas y de transporte concesionado, el gobierno federal se incorporó a las negociaciones
Texto: Arturo Contreras Camero y Ximena Natera
Fotografías: Ximena Natera
Los taxistas se empezaron a reunir antes del amanecer en el Zócalo capitalino, cuatro horas antes de su cita a las 10 de la mañana. A las ocho, con cientos de automóviles sobre la explanada, comenzaron a subir al templete frente a Palacio Nacional:
“Mis jornadas de trabajos son de 15 horas”, dice uno. “Pagamos por trabajar”, dice otro. “La cantidad de dinero que le damos al gobierno no para”, se queja uno más.
Abajo, sus compañeros gritan en apoyo, emocionados y alegres.
El domingo por la tarde se difundió en redes sociales que los conductores y concesionarios de taxis harían un paro masivo en la ciudad como protesta por la precarización de su trabajo y el auge de aplicaciones de transporte internacionales como Uber.
Poco antes del mediodía, uno de los manifestantes sube al templete e interrumpe al hombre con el micrófono en turno: “Nos acaban de informar que el gobierno federal nos va a recibir para dialogar, la cita es en Gobernación, vamos ahora para allá, muchas gracias a todos por estar aquí”, dice.
La plancha del Zócalo estalla en fiesta. Se oyen cumbias y claxonazos. Los taxistas se abrazan; hay selfies y bailadera.
Es un triunfo en una pelea que, explican, han vivido fuera del ojo público.
Después de 152 reuniones infructuosas entre líderes de uniones de taxistas y transporte concesionado con representantes del gobierno local, los operadores están felices de que las autoridades federales intervengan en la discusión. Para lograrlo, más de 8 mil transportistas en la Ciudad de México cerraron 25 calles y avenidas principales, entre ocho de la mañana y doce del día.
Piden que servicios de transporte por medio de aplicaciones, como Uber, Didi y Cabify, dejen las calles en definitiva. Los transportistas se aferran tanto a esa petición que los funcionarios de la secretarías de Gobierno y de Movilidad, con quienes han sostenido todas las reuniones anteriores, creen que la negociación no avanza.
«Nosotros estamos aferrados a que dejen de operar (los servicios por aplicaciones), y si no, nos vamos a seguir manifestando», asegura José Antonio Sánchez Escalante, presidente de Rutas Unidas una organización de taxistas y transportistas, luego de la reunión en la Secretaría de Gobernación.
“Este país ha vivido saqueado, robado, por extranjeros: nuestras aguas, el oro, el petróleo, todo lo llevan. Ahora con esto nos están robando hasta el pasaje nacional… Eso hace Uber, truena la competencia, explota a sus trabajadores y se lleva el 33% de la ganancia fuera del país”, dice indignado Jorge Aranda, taxista agremiado del aeropuerto. Para él, las empresas internacionales tienen que salir del país.
Entre los autos que ocupan la plancha del Zócalo se reúnen grupitos de taxistas que platican y bromean entre ellos. Parece insertos en su ambiente natural, como si estuvieran en su base esperando a que llegue pasaje. “¿Cuánto gastamos al año? ¡Uy, nombre! A ver, Negro, tú. ¿Cuánto le das al gobierno al año?”. le grita uno de los conductores a otro.
Entre los presentes hacen las cuentas, de todo, la cifra se va a poco más de 120 mil pesos, que incluyen el pase de revista dos veces al año, el seguro de la unidad, la tenencia, la verificación del taxímetro, la pintura de la cromática vigente, la concesión de las placas, el reemplacamiento, la verificación y el tarjetón.
“Y eso sin incluir el mantenimiento”, dice Alejandro Ramírez, taxista. “De eso, son otros 2 mil 500 pesos cada dos o tres meses”, asegura.
Pero las aplicaciones no son un mal omnipotente, dicen los taxistas. La precariedad laboral y el mal servicio son síntomas de un problema que engloba fallas en el sistema de transporte público, corrupción en las instituciones e incluso un problema cultural.
Jorge Aranda, Marcos Bringas e Israel López, todos taxistas desde hace años en el AICM, discuten sobre los matices. Aranda explica que las aplicaciones llegaron con precios con los que no se podían competir y que sobre todo no son justos ni los taxistas ni los conductores de aplicaciones como Uber.
“Cuando cobramos 270 pesos por un viaje de 40 minutos, hay que quitar los 70 pesos de cuota y la gasolina, pero indirectamente se descuenta la limpieza del coche, mi comida, el seguro, todas las cosas que nos permiten brindar un servicio de calidad y seguro al usuario, con Uber eso se vuelve opcional a cambio de precios baratos”, dice Aranda.
“Aunque parece que el usuario sale ganando, no es cierto porque terminas en manos de un conductor ocasional que no sabe como se debe manejar para transportar pasaje, que sin la aplicación no se sabe mover, es peligroso”, dice Bringas.
Los conductores responsabilizan también a los usuario, por aceptar precios bajos que, aseguran, no reflejan el valor del servicio, incluso si eso pone en riesgo a los trabajadores y ellos mismos.
“En lugar de apretar la competencia con los taxistas lo que (las aplicaciones) han logrado es que se bajen los estándares para todos, y lo notamos en la calidad de Uber ahora, dale tiempo y vas a terminar subiéndote a un coche inseguro, con alguien que no sabe, básicamente todo lo que ahuyentó al pasaje”, dice Israel Lopez.
Desde que Uber llegó a la Ciudad de México, en 2013, el descontento entre los taxistas fue tan alto que grupos de transportistas detenían autos de Uber para atacarlos a golpes cerca del aeropuerto de la capital.
Ante el añejo y permanente desconcierto, la nueva administración de la ciudad decidió tomar cartas en el asunto. El pasado 23 de abril la Secretaría de Movilidad creó una nueva licencia, la E1, que tendrán tramitar los choferes que manejen con aplicaciones de servicio, además de tener que pagar la revista como si fueran taxis. Dos requisitos frente a la docena de condiciones que deben sortear los taxistas.
Además, se anunció que el pase de la revista vehicular y de verificación de taxímetros y vehícular se iba a simplificar para los taxistas, por medio de una plataforma digital con un sistema de citas. Los taxistas no lo creen así.
“La revista ha sido más complicada, tengo un versa 2019, y no lo he podido dar de alta para hacerlo”, dice entre risas irónicas Martín Gutiérrez, otro de los taxistas que platican en el Zócalo. “Nos han cerrado trámites para el servicio público, nos ponen trabas, que no hay pagos o que no hay trámites. Yo creo que ya no quieren que te estén dando de alta tu carro”.
Para dejar un piso ‘más parejo’ entre ambos servicios, el gobierno propuso crear una aplicación para celulares que funcione con los taxis. Los líderes de los taxistas dicen que no han hablado del tema, sin embargo, no confían mucho en la propuesta.
Mientras la concentración en el Zócalo continuaba, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la marcha “no era necesaria” y que, si bien su gobierno respeta el derecho a manifestarse, no caerá en provocaciones.
El sexenio pasado, Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno, quiso implementar un sistema parecido con tabletas, pero fue rechazado. Principalmente porque representaba una carga financiera más a los taxistas, pues ellos tenían que pagar el uso de la aplicación y la tableta misma.
Desde la tarima del Zócalo, que apunta a Palacio Nacional, y no al edificio del gobierno local, otro líder de alguna unión de taxistas grita en el micrófono. “¡Si están sorprendidos, esperen más, que esta no es toda nuestra fuerza!”.
La disposición de seguir con marchas y bloqueos está sosegada por unas semanas. Después de movilizar a más de 8 mil transportistas por toda la urbe, los taxistas esperan tener una mesa de trabajo el próximo jueves 13 a la una de la tarde en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tratar un problema que, aseguran, es nacional.
Después, sostendrán otras dos mesas con las autoridades de transporte tanto del Estado de México y con el gobierno capitalino; y finalmente se reunirán, todos, con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación donde esperan tener una resolución a sus demandas.
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