La II Reunión Interregional de TUED Sur demostró cómo la articulación y organización entre sectores de la sociedad pueden disputar el poder a las empresas privadas en la transición energética justa

Texto: Luciana Oliver y Camilo Ocampo
Foto: Radio SME y Andrea Amaya

CIUDAD DE MÉXICO.— Durante décadas, el Sur Global ha enfrentado problemáticas como la pobreza energética, la sobreexplotación de combustibles fósiles, los efectos del cambio climático, la escasez de recursos y entornos políticos represivos.

Frente a esto, articulaciones entre movimientos obreros, campesinos y sindicales han construido alternativas al capitalismo neoliberal, destacando el papel central de los sindicatos al vincular la lucha por empleos dignos con una transición energética justa.

Desde 2010, la red Trade Unions for Energy Democracy (TUED) ha sido un espacio clave para contrarrestar las políticas privatizadoras del sector energético.

Luchas contra la privatización, desde la clase trabajadora

En entrevista con Pie de Página, Lala Peñaranda, coordinadora de TUED para América Latina y el Caribe, explicó que la red surgió durante los debates de Río+20, donde se promovía «privatizar para descarbonizar» como solución única al cambio climático. Y afirmó:

«Esto debilita a los sindicatos, privatiza servicios públicos y trata la energía como mercancía, no como derecho humano. Con el lucro en la ecuación, jamás cumpliremos las metas climáticas».

En América Latina, la lucha contra la privatización es urgente. Según Peñaranda, la región históricamente ha exportado materias primas baratas e importado productos manufacturados, lo que exige repensar su papel en la economía global. Aquí, TUED Sur se consolida como red sindical para defender la propiedad pública y el control democrático de la energía, con México como referente en soberanía energética tras revertir las privatizaciones de sexenios anteriores.

Humberto Montes de Oca, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), destacó en la última reunión de TUED Sur —llevada a cabo en la Ciudad de México— que la privatización en México significó «un golpe a los trabajadores y sus derechos». Silvia Ramos, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, por su parte, denunció la Reforma Energética de Peña Nieto como «criminal», al ceder yacimientos a privados.

Aunque los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum avanzan en recuperar la soberanía, en este largo camino, mencionó Silvia Ramos, junto con una transición energética justa habrá que “defender la materia de trabajo y los derechos humanos laborales, así como las jubilaciones, la estabilidad en el empleo y los salarios justos”.

#Entérate 🔴 “La democratizacion de los trabajos tiene que darse con la democratización de la sociedad en su conjunto" -Seok Kim / KCTU / Corea del Sur 🇰🇷 @TUED_global
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— Pie de Página (@PdPagina) February 5, 2025

Además, otros retos persisten en nuestro país: la falta de diálogo entre movimientos sociales y gobierno, así como integrar las gestiones comunitarias. Un ejemplo es Colombia, donde han impulsado en conjunto “el gobierno y las organizaciones, no solamente la vía pública, sino también la vía comunitaria para la democracia energética”, como mencionó Camilo Lara en una intervención durante la reunión.

Los retos para el progresismo

Moisés Barón Cárdenas, del Movimiento Sindical Petrolero de Colombia, subrayó que los espacios de coalición entre movimientos populares, obreros, campesinos, indígenas y diversos sindicatos en Colombia provienen de antes del gobierno de Gustavo Petro, cuando “nos tocó tener espacios de coalición para poder resistir”, dijo Barón, y continuó: “y para enfrentar todas las embestidas que nos planteó el modelo capitalista y neoliberal”.

En este sentido, las coaliciones entre sectores populares, vigentes desde antes del gobierno Petro, han logrado que las demandas territoriales resuenen en la política. «Exigimos respeto a los planes de vida comunitarios, transformaciones socioeconómicas y proyectos energéticos arraigados en economías locales», señaló.

Durante casi tres décadas de un profundo modelo de privatizaciones, necesitaron resistir articulados, y estos esfuerzos fueron “un gran elemento que le da sentido a esa expresión del ejercicio democrático electoral”, dijo Moisés. Y confirmó: “empezamos también a tener una voz, los diferentes actores sociales, y una participación dentro del ejercicio de gobernabilidad y de la conducción del Estado”.

Ante la pregunta sobre los mecanismos que tienen las organizaciones para persistir en la arena política y ser escuchadas, Moisés respondió: “con el ejercicio de lo que ha sido la mesa de diálogo con el ELN desde la sociedad civil, se planteó tomar muy en serio el elemento de la participación de la sociedad en las transformaciones. (…) En esta nueva negociación se aperturó a que fuera la sociedad la que pudiera plantear cuáles son sus agendas de transformaciones, sean regionales, sectoriales, territoriales, y eso le da una riqueza muy importante”.

Agua y energía: ejes de la transición en Colombia

En la agenda colombiana, la transición energética no se entiende sin el agua. Barón explicó que entre las voces populares organizadas existe “una manifestación muy clara de que se pudiera reconocer el agua como un elemento transversal y vital para la vida, y que se garantizara que ellos también fueran sujetos de proyectos de transición energética y de energía renovable, pero anclados a economías productivas locales y regionales que dinamizaran sus modos de vida”.

Sin embargo, la lucha contra la oposición de derecha en Colombia aún sigue siendo un tema por resolver y ha dificultado las posibilidades de ocupar los espacios tradicionales de la política, abiertos por la voluntad de Petro.

Brasil: resistencia desde las bases

En Brasil, pese a un Congreso neoliberal que limita el avance en las pautas populares —incluso en temas como “la soberanía energética nacional”, dijo Fabiola Antezana de la Central Única de Trabajadores de Brasil—, articulaciones como la Plataforma Obrera, Campesina del Agua y la Energía (POCAE) promueven alternativas.

Se estableció una Plataforma Obrera Campesina de Energía, integrando a Petrobrás en este debate, y se convocó a la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación para apoyar en la formación de los y las integrantes de la plataforma.

Fabiola Antezana (CUT) mencionó iniciativas comunitarias, como plantas de biomasa en zonas sin acceso energético: «Debatimos un proyecto de desarrollo popular que integre energía y agua».

“Hay comunidades que producen coco, castaña de Pará o açaí. Entonces, a partir de estos productos, pensamos: ¿cómo hacer plantas de biomasa para que tengan energía? Porque no la tienen. Todo depende de generadores con diésel”.

En Brasil, como en el Sur Global, los sindicatos y los movimientos populares y campesinos, explicó Fabiola, han sido una articulación central en la reflexión sobre formas alternativas de generación de energía.

Transición pública y politización de la energía

El encuentro concluyó que la transición debe ser pública, con participación de consejos obreros y comunitarios. «No bastan empresas estatales: hay que crear mecanismos de rendición de cuentas», insistió Peñaranda. Además, se resaltó la necesidad de «politizar la energía», cuestionando su uso actual y priorizando sistemas que dignifiquen la vida.

Colombia ilustra los desafíos: aunque el 70% de su energía es hidroeléctrica, sufre sequías extremas. «La transición exige reforestación, cambios en transporte y agricultura», advirtieron participantes.

COP30: Una oportunidad para el Sur Global

La COP30 en Brasil se ve como una ventana para incluir voces sociales. Lala Peñaranda confía en que, al ser sede un gobierno progresista, se priorizarán las demandas populares. Jaira Ruiz, de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, destacó el trabajo con afiliados brasileños para consolidar agendas comunes.

En síntesis, TUED Sur evidencia que la justicia energética requiere articulación sindical, presión política y alianzas comunitarias, elementos clave para democratizar un sector históricamente secuestrado por intereses privados.