El director general de Minas aseguró que lo único que hay son solicitudes en trámite, por lo que “ninguna de las empresas tiene derecho a sacar, explorar o cualquier cosa que tenga que ver con minería en esas comunidades”. Sostuvo que no se han dado concesiones nuevas, que son cambios de registro, y que sólo se entregará una concesión en los próximos años y será para facilitar el rescate de los mineros de Pasta de Conchos

Texto: Daniela Pastrana

Fotos: Cortesía colectivo Matzá

La Secretaría de Economía tiene tres solicitudes de la minera Gabriela para la concesión de 66 mil hectáreas en conjunto, principalmente en el municipio de San Miguel Chimalapa. Sin embargo, se trata de solicitudes en trámite, no de concesiones autorizadas. Una cuarta solicitud de Minaurim Corp, por 39 mil hectáreas, también está en trámite.

Sin embargo, aclaró Eduardo Enrique Flores Magón y López, director general de Minas de la Secretaría de Economía, no son concesiones.

“No existen concesiones ahí, está solamente trámite y con la dinámica que tenemos ahorita pues obviamente no se va a dar la concesión”, dijo el funcionario, durante su participación en la conferencia diaria de programas para la reactivación económica que se realizan en Palacio Nacional. 

“Entonces, hay que hablar con los compañeros zoques y decirles que no se preocupen que no existe ahí ninguna concesión. Ninguna de las empresas tiene ningún derecho a sacar, explorar o cualquier cosa que tenga que ver con minería en esas comunidades”

A eso, agregó la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín: “Si no tienen la concesión, mucho menos pueden tener una MIA”.

La Manifestación de Impacto Ambiental, conocida comúnmente como MIA, es la autorización que debe entregar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero eso sólo puede ocurrir cuando ya hay una concesión entregada. 

“El concesionario no va a poder sacar una piedra de la superficie si no tiene dos cosas: un uso de cambio de suelo y la MIA, que es lo que da la Semarnat.  Yo puedo tener una concesión, pero si no tengo MIA no puedo hacer nada”, explicó el funcionario.

El tema de las concesiones mineras ha sido recurrente, tanto en las conferencias diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha comprometido a no dar nuevas concesiones, como de las conferencias de economía, sobre todo en lo que se refiere a las violaciones de derechos humanos de las empresas sobre las comunidades.

Flores Magón expuso un cuadro con las concesiones mineras expedidas por sexenio, desde el de Miguel de la Madrid (1982-1988) y explicó que las concesiones no son estáticas, sino que son “sumamente dinámicas”. 

“Vamos a suponer que uno pidió 100 hectáreas, pero se comienzan a hacer labores de exploración y encuentran que solamente en 40 tienen una veta que permita sacar mineral. Entonces pueden ir a la Dirección minera y decir: ‘me desisto’. Entonces, la concesión que tenía 100 hectáreas ahora va a tener 60. La antigüedad de la concesión persiste, pero el número de concesión cambia porque es nueva”.

Esa es la explicación por la que, de acuerdo con el director general de minas, en el registro de concesiones aparezcan minas con fecha de 2019 o 2020. 

“Son concesiones que cambiaron el área que tenían y si antes eran la 1221 y ahora la 1232, pues en realidad es la misma en un área más pequeña. Pero en esta administración no se han dado ninguna concesión minera”, explicó.

Actualmente, dijo, están vigentes 24 mil concesiones, en alrededor de 17 millones de hectáreas que representan 9 del territorio nacional.

Ante la pregunta de la diferencia de las cifras que ha dado el presidente, quien ha dicho que se concesionó el 60 por ciento del territorio, la secretaria Márquez dijo que se trata de la suma de hectáreas que han sido concesionadas desde 1960, pero eso no significa que sean concesiones activas.

“Muchas se han cancelado por distintas razones, una es la falta de pago y otra el desistimiento de los propietarios”, dijo.

Flores Magón explicó que están trabajando en el desarrollo de una plataforma digital que permitirá que se conozca el estatus de cada trámite. También aclaró que hay varias instituciones involucradas en la regulación de las mineras: Sedena, por el uso de los explosivos; Hacienda, por el pago de derechos; Trabajo, por las garantías laborales; Conagua, por los derechos de uso de agua; Semarnat, para el cumplimiento de las normas ambientales. 

Dentro de las atribuciones de la Dirección General de Minas no están los convenios entre particulares, es decir, entre concesionarios y las comunidades.

“El problema es que para una minería moderna lo más importante es que la empresa que llega debe de estar de acuerdo con la comunidad a la que va a afectar. No es posible que llegue diciendo: ‘aquí se va a hacer lo que yo quiero’, porque no tiene ya sentido en un siglo 21”, dijo el funcionario.

Aseguró también que la decisión de no dar concesiones mineras probablemente va a tener repercusiones negativas en 10 años, pues “la tendencia es la electrificación del planeta y vamos a necesitar mucho más metales”.

Es, sin embargo, una decisión presidencial y no se va a entregar ninguna concesión, salvo una excepción: la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, para facilitar el rescate de los cuerpos de los mineros sepultados en la explosión de la mina en 2006.

 “En el caso de Pasta de Conchos se necesita un espacio para poder iniciar los trabajos de rescate. La empresa que estaba a cargo de esta concesión la cedió, entonces se está declarando la libertad de terreno que es el paso anterior a que alguien pide esa concesión. Y estamos esperando a que esa entidad que la va a recibir esté capacitada para poder recibirla”, explicó