Decenas de organizaciones conglomeradas bajo la campaña Sin maíz no hay país demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum fortalecer la propuesta constitucional que prohíbe la siembra de maíz transgénico en el país; temen que deje la puerta abierta a otros tipos de especies genéticamente modificadas

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Junior Akleichak / Pexels

CIUDAD DE MÉXICO.-  Desde la presidencia de la república se prepara una reforma constitucional que pretende prohibir la siembra del maíz transgénico en el país, un paso importante en la defensa del maíz nativo, piedra angular de la alimentación mexicana, sin embargo, organizaciones ciudadanas que desde hace décadas defienden el maíz mexicano advierten que la reforma podría no ser suficiente. 

Durante la administración del expresidente López Obrador se envió una propuesta similar al Congreso de la Unión en la que establece que la siembra de maíz para consumo humano debe estar libre de modificaciones genéticas: 

“El maíz, alimento básico y elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. El país se declara libre de cultivos de maíz genéticamente modificado. Debe priorizarse su manejo agroecológico”

decía la iniciativa enviada por López Obrador. 

Sin embargo, la nueva propuesta enviada por la presidenta solo se refiere a las especies de maíz transgénico: 

“El maíz es un elemento de identidad nacional cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos, priorizando su manejo agroecológico”.

dice la propuesta enviada por Shienbaum

“Esta reforma constitucional que está haciendo Sheinbaum, que mandó al legislativo tiene una diferencia muy marcada con la de López Obrador que es en cómo se enuncia lo que se está prohibiendo: Sí los transgénicos, no los organismos genéticamente modificados”, explica Érica Hagman, investigadora independiente y experta en bioseguridad. 

El martes 28 de marzo la presidenta fue cuestionada al respecto durante su conferencia diaria, a lo que aseguró que la especificación de las especies cuya siembra no se permitirá podría incluirse en las leyes secundarios que acompañarán la reforma constitucional. 

“El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural nos planteó que no necesariamente tendría que estar en la Constitución, que lo importante era la siembra y que esto otro esquema se podría trabajar tanto en la legislación secundaria como en las normas”, aseguró la presidenta. 

Una ley arriesgada

En 2020 el entonces presidente López Obrador promulgó un decreto para prohibir la importación de maíz transgénico para consumo humano, lo que derivó en un panel internacional promovido por Estados Unidos, amparándose en las reglas impuestas por el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mismo que fue resuelto en favor de el país del norte. En la resolución no se tomaron en consideración los argumentos científicos, de salud y de bioseguridad que motivaron su prohibición, sino que primó el libre comercio. 

“El hecho de enfocarnos únicamente al maíz transgénico deja la puerta abierta, precisamente, a las nuevas biotecnologías, o las nuevas técnicas de, así le llaman, mejoramiento genético. A las nuevas biotecnologías que es lo que viene y que alrededor del mundo por lo que está empujando el oligopolio de la agroindustria es para que se desregule”, añade Érica Hagman. 

Al hablar del oligopolio de la agroindustria, la experta en bioseguridad se refiere a las cuatro grandes empresas de desarrollo y venta de semillas genéticamente modificadas, Bayer-Monsanto, Syngenta, ChemChimna, BASF y Syngenta, Que desde hace cuatro décadas han dominado el mercado mundial de semillas con sus desarrollos transgénicos. Son este grupo de empresas que empezaron a desarrollar desde  2012 una nueva tecnología conocida como CRISPR-Cas9 (leído como crisper-cas)

“Hoy ya sabemos que un gen puede interactuar con varios genes y a su vez esto tener distintas consecuencias” añade la también investigadora. “Si tú modificas a través de CRISPR-Cas9 un gen específico, pues no puedes predecir todas las modificaciones que eso puede implicar.

Un pasito en la dirección correcta

“Debe de entenderse esta reforma constitucional como un avance en el sentido de la restricción a la siembra de maíz transgénico, que ha sido una de las demandas que vienen desde los movimientos sociales impulsados primordialmente por los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”, comenta la bióloga Hagman. 

Supuestamente, el maíz transgénico que llega al país no se destina al consumo humano, aún así hay estudios que demuestran la presencia de transgénicos o de glifosato, un agrotóxico que se usa para su cultivo, en la masa de maíz comercial que se suministra insumos a tortillerías en todo el país.

Esto ha llevado a organizaciones como la Alianza por Nuestra Tortilla a demandar regulaciones más fuertes, como explica Mercedes López Martínez, de Vía orgánica, una organización capitalina que promueve la buena alimentación. 

“Estamos demandando una tortilla de calidad; la tortilla que nos merecemos las personas en México,  considerando que es nuestro alimento principal. esto porque se hicieron investigaciones desde la UNAM y la Asociación de Consumidores Orgánicos y encontramos que muchas de las tortillas eh pues un porcentaje elevado, casi 90 por 100, de las masas que se analizaron y que son industriales pues contienen glifosato y transgénicos”, asegura la activista. 

“Hicimos pruebas específicamente desde la asociación de consumidores orgánicos y compramos en varios lugares del país, todo certificado, también una serie de masas de harina, específicamente de Maseca y de Minsa, para analizarlas estas se mandaron a un laboratorio certificado en Estados Unidos donde se encontraron restos de glifosato y de transgénicos”.