Verdades innegables. Por un México sin impunidad, es la segunda colección del informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que documenta una violencia de Estado para aniquilar proyectos políticos de transformación social

Texto: Kau Sirenio 

Foto: Daniela Pastrana y Edurne Uriarte

CIUDAD DE MÉXICO. – Fue el último mensaje de la tarde. Después de cuatro horas de discusión sobre un informe de más de 8 mil hojas y cinco años de trabajo, Tania Ramírez Hernández, hija y sobrina de personas desaparecidas durante los años de la contrainsurgencia, lanzó un llamado al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum:

“Necesitamos una 4T vibrante, que no crean (los funcionarios) que porque ya llegaron al poder esto ya se hizo. Que honren el trabajo que tienen, que no esperen aplausos y que sientan el enorme peso de la tarea que les fue encomendada (…) Y también, como dijeron aquí, que se puedan asomar a ese lugar que están ocupando porque lo abrieron los que ya no están”, dijo la activista.

Debajo del foro en el que hablaba, una gran manta con nombres de militantes desaparecidos por el Estado en el periodo conocido como la Guerra Sucia, enmarcaba la presentación del informe Verdades Innegables. Por un México sin impunidad.

Tania Ramírez, integrante de HIJOS México, hablaba de la urgencia de desinstalar la impunidad y enunciaba las tareas urgentes que siguen al trabajo de la Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador:

Que los informes presentados detonen investigaciones formales que conduzcan los hallazgos con diligencia y efectividad; citatorios a las cadenas de mando y a los perpetradores identificados; analizar los planes y tesis de inteligencia, así como los factores de persistencia; más allanamientos judiciales en instalaciones y archivos militares; garantías de no repetición, lo que implica detener los efectos de la militarización; establecer dispositivos para el procesamiento de niños y jóvenes de esta historia “que es larga y dolorosa”; desinstalar la impunidad y la construcción de una memoria en la que los únicos responsables fueron Luis Echeverría o Gustavo Díaz Ordaz, porque «las cadenas de mando siguen activas y necesitamos saber quienes siguen o han seguido en funciones».

“Que este informe se deshoje para sembrar el fruto de políticas públicas, que el Plan Nacional de Desarrollo se escriba con base en las recomendaciones de estos informes, que no quede esto como un libro de historia sino como un libro de acciones de las practicas políticas y programas del gobierno que entra, porque el pasado nos quedó a deber seriamente”, insistió la activista y se llevó un largo aplauso.

* * *

El jueves 10 de octubre, el equipo lidereado por la historiadora Eugenia Allier Montaño presentó la segunda colección del informe del del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad  sobre la guerra sucia (1965-1990).

Se titula Verdades Innegables, y ahí, un equipo de investigadores sistematizó las graves violaciones a derechos humanos contra militantes políticos y sociales, tales como la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria y desplazamiento forzado.

El trabajo es independiente a la investigación realizada por los comisionados del MEH, Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, en el que se registraron 8 mil 594 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la llamada Guerra Sucia y que fue presentado en agosto pasado.

Leer también

Mecanismo de Esclarecimiento Histórico contabiliza 8 mil 594 víctimas durante la llamada Guerra Sucia

El camino por la verdad, memoria y la justicia aún no acaba

El encuentro con sobrevivientes y familiares de víctimas, se realizó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ahí se reunieron también colectivos e investigadores; el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Froylán Enciso, sostuvo que el actual gobierno federal “seguirá trabajando en el largo camino por la verdad, la justicia y la memoria respecto de las violencias ocurridas durante la llamada guerra sucia”.

El funcionario federal reconoció los daños causados a los mexicanos hace más de medio siglo, ante los familiares de víctimas, luchadores y sobrevivientes, dijo “quienes han sido las personas pioneras del cambio democrático en nuestro país”.

La primera en hablar fue Allier Montaño. Primero pidió un minuto de silencio por las víctimas que dejó la violencia de Estado:  “Para las doñas, las madres, las esposas, las hermanas, los padres, los esposos y los hermanos que se han ido sin conocer el destino de sus seres queridos, y por los sobrevivientes que se fueron sin conocer justicia”.

Hizo un recuento sobre la violencia política que el Estado mexicano ejerció en contra de luchadores sociales y militantes políticos:

“Había sido negada y opacada por los poderes políticos y los medios de comunicación, con sus honrosas excepciones, pese a las décadas de lucha de familiares, sobrevivientes y colectivos de la guerra sucia. No permitamos que estos silencios perduren, que se deslegitimen sus justas demandas y que se invisibilice la dimensión política del daño que sufrieron”.

La integrante del equipo de investigación de la MEH, Soledad Lastra, afirmó que la reconstrucción del sistema represivo permite saber que en México existió una violencia de Estado coordinada y contó con la colaboración interinstitucional de distintos autores y que tenía como objetivo aniquilar proyectos políticos de transformación social y a las personas que los encarnaban.

Agregó: “El sistema represivo se construyo a partir de tres grandes pilares institucionales: las fuerzas armadas, con especial participación de la Sedena; la Secretaría de Gobernación y sus servicios de inteligencia la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales; y las policías que actuaron en distintas escalas y que fueron posibilitadoras de los distintos planes de contrainsurgencia”.

Castigo a los responsables 

Los relatos de los investigadores y de la propia excomisionada, Eugenia Allier apunta a varios sitios de interés para continuar la búsqueda de personas desaparecidas de 1965 a 1990; así como los planes de operaciones contra insurgentes durante la época de violencia de Estado mexicano. 

Las investigaciones iniciaron a partir de 2022, el año pasado y durante 2024 se analizaron los resultados obtenidos después de visitar 14 estados de la República: así como recopilar testimonios de 227 personas víctimas de crímenes cometido por militares, policías estatales y policías políticas de Segob; y contabilizar un listado de mil 103 personas desaparecidas por acción u omisión del Estado entre 1965 y 1990.

El representante del Comité 1968, Félix Hernández Gamundi, dijo:

”Este informe tiene que ser un punto de partida para que una vez conociendo cosas que no sabíamos, tengamos mejores herramientas y mejores elementos para que como dijera un 3 de octubre Rosario Castellanos: –Un día la justicia venga a sentarse a nuestras mesas–, ese es el reto”.

Agregó: “Tenemos que desmontar la idea de que solamente las Fuerzas Armadas nos pueden dar seguridad pública; tenemos que desmontar esa lógica y desmontar esas estrategias de seguridad pública basadas en Fuerzas Armadas que están preparadas para otra cosa, no para eso”.

Una victoria de las víctimas

El informe llega justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció los agravios cometidos por el Estado mexicano durante el periodo conocido como la «Guerra Sucia”; además se declaró heredera de los sobrevivientes de aquellos años oscuros en la historia de México. 

Sin embargo, Hernández Gamundi no quita el dedo en el renglón:

”La presencia de las fuerzas armadas en la calle significa sangre para la gente, significa riesgo de las libertades democráticas, de las libertades más elementales, y eso es lo que tenemos que desmantelar y para eso creo que un trabajo como el de esta naturaleza, tiene que ser un aporte fundamental”.

Mientras que el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña sostuvo:

“Solo la unión de voluntades y la alineación de propósitos hará posible transformar los largamente postergados y aún insatisfechos reclamos de justicia, verdad, búsqueda efectiva, memoria, reparación integral y garantías de no repetición; es fundamental recalcar que estas aspiraciones no son meros deseos, sino derechos humanos que se encuentran plasmados en las obligaciones jurídicas contenidas en tratados internacionales y otras fuentes del derecho internacional vinculante”.

Reconoció que la Comisión de la Verdad y sus cinco instrumentos son el triunfo de las personas sobrevivientes, de familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente y de los actores solidarios que acompañaron el proceso.

“La creación de la Comisión de la Verdad, en sí mismo, fue un factor que reconoció el poder de las víctimas y realzó su dignidad, así como una muestra de voluntad del Gobierno mexicano y parte de sus colaboradores de avanzar en una agenda históricamente soslayada por el Estado”.