Texto y foto: Arturo Contreras Camero

Este lunes 17 de septiembre inició sesiones el primer Congreso local de la capital del país y entró en vigor la nueva constitución de la Ciudad de México, que la reconoce como una entidad autónoma y capaz de gobernarse; el evento, emotivo para quienes pelearon años por ello, poco significó para una ciudadanía inserta en problemas cotidianos, con una crisis de seguridad que no se había visto y los saldos del sismo de hace un año todavía sin cubrirse. Esta es la crónica

Una hora después de la señalada, finalmente inicia la sesión solemne para instalar la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. La primera acción es designar al presidente de la mesa del primer congreso. En menos de 15 minutos, el pleno del congreso da como resultado un nombre: José de Jesús Martín del Campo Castañeda, exlíder del movimiento estudiantil del 68 y político de larga vida en la izquierda mexicana.

Martín del Campo recibe una copia de la constitución de la Ciudad de México de las manos de Alejandro Encinas, uno de los pocos legisladores que, además de formar parte de este grupo parlamentario, también fue parte del Congreso Constituyente, el encargado de redactar la primera ley que regirá a la ciudad como el estado 32.

“Ya no somos ciudadanos de segunda, aquí se ha hecho realidad el sueño de una ciudad de izquierda. Ahora la ciudad cuenta con una Constitución de avanzada que pone por delante los derechos de las personas”, asegura Martín del Campo

Después, con una voz vigorosa, que no refleja sus 70 años, rememora los movimientos civiles que se han gestado en la urbe para buscar mejores condiciones de vida para toda la República. Agradece a los “heroicos ciudadanos” que reconstruyeron la capital después de los sismos del 85 y del de 2017 y que, dice, ayudaron a recuperar un sentido de solidaridad entre los chilangos. A los estudiantes del 68, del 71 (donde fue asesinado su hermano Edmundo), del 86 y a los de hoy, que nos hacen recuperar la “fe laica” en el cambio que las juventudes impulsan. También a los movimientos sociales del médicos y ferrocarrileros en los años 50.

“Estamos aquí, porque el voto ciudadano decidió poner en su sitio a quienes durante años abandonaron a la gente para privilegiar los negocios propios y de sus favorecidos”, dice con sonoridad. Luego, sin mencionarlo, hace referencia a la administración saliente del gobierno de Miguel Ángel Mancera, en la que un ‘boom’ inmobiliario se apoderó de la ciudad y desarrolló centros comerciales por doquier.

Toca el turno del propio Encinas, quien, en calidad de constituyente, explica los alcances de la legislación:

“(La constitución) rompe con el centralismo del país y con el ciclo de las reformas neoliberales que hemos vivido en las últimas tres décadas —asegura—. Pone en el centro de la atención, como principio fundamental, la dignidad humana y los derechos de las personas. Prioriza el interés público sobre el privado y establece con nitidez el derecho a la ciudad”.

Después, agradece a los ciudadanos que hicieron posible el texto que ahora será el marco de referencia para la capital, pues durante la discusión los legisladores designados presentaron unas 520 iniciativas, mientras que los ciudadanos llegaron a presentar textos completos de la constitución y más de 970 iniciativas de ley.

La Constitución, dice, “establece nuevas modalidades en el ejercicio gubernamental, reforzando los mecanismos de la democracia representativa y fortaleciendo los mecanismos de la democracia directa. Además de reforzar figuras como la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y la eliminación del fuero”.

También, dice, establece reglas claras para las políticas de desarrollo urbano y ambiental, e introduce conceptos nuevos como el derecho al cuidado, el acceso a un mínimo vital, la no privatización del agua, el derecho a la identidad, a la muerte digna y a la autodeterminación.

Sin embargo, Encinas aclara que todavía falta para concluir este proceso: “Tenemos mucho trabajo en este congreso —dice, ignorando que a partir de diciembre se irá al gobierno federal—, pues faltan más de 150 leyes y reformas a las leyes existentes que darán el tramado constitucional e institucional necesario”.

Un pendiente más para una primera legislatura que tiene el plato colmado, pues, aún debe legislar todo el marco operativo bajo el que se aplicará la Constitución.

De acuerdo con Mayela Delgadillo, diputada constituyente por Morena, los legisladores que hoy integran el nuevo grupo parlamentario tendrán que reformar o crear otras 120 leyes y reglamentos operativos para lograrlo.

Y es ahí, donde, de acuerdo con Delgadillo, quien abanderó el “bando ciudadano” de la discusión constitucional, se puede perder el espíritu de la ley, que era deshacerse de la lucha voraz que existe por los espacios de la ciudad, entre lo que se ha llamado “cárteles inmobiliarios” y la gente de a pie.

“Lo importante es la consecución de leyes secundarias” que serán responsabilidad de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, dice Delgadillo.

Caos heredado

“¡Entérese de los cinco muertos que dejaron anoche! ¡Entérese de la balacera ayer en Garibaldi!” Con los tabloides en la mano, un voceador, como los que ya no se acostumbran camina sobre la calle de Tacuba, en frente del metro Allende, en el centro. Anuncia una tragedia, como las que se han empezado a hacer costumbre en la Ciudad de México: el sábado 15, tres personas disfrazadas de mariachi dispararon en la plaza Garibaldi, famosa por las bandas musicales que ofrecen melodías a los paseantes. Después huyeron en motocicletas. Atrás dejaron un saldo de 5 personas muertas y 8 heridas.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de recopilar las cifras de delitos en todo el país, reconocen que esta ha sido la administración de la capital con peores resultados en seguridad en los últimos tres años.

Aunque a inicios de este mes, Miguel Ángel Mancera, el exjefe de gobierno de la ciudad que dejó su puesto a inicios de este año para ser senador por el PAN, aseguró que heredaba una ciudad con niveles de seguridad “aceptables”, lo cierto es que desde que dejó en su cargo a José Ramón Amieva, la ciudad se ha visto envuelta en un conflicto entre bandas delincuenciales.

Apenas esta semana, la secretaría de seguridad pública reconoció que el centro de la ciudad de México está en disputa entre grupos delincuenciales.

Cadáveres, desmembrados y narcomensajes se han vuelto parte de una cotidianeidad vertiginosa que invisibiliza estos delitos, resultado de una supuesta pelea territorial entre La Unión de Tepito, y la Antiunión.

Esta es parte del saldo que deja un gobierno que fue testigo de la transformación de la capital del país, una megalópolis que este lunes 17 estrena su primera constitución política, la cual, auguran los involucrados, cambiará profundamente el funcionamiento del ejercicio gubernamental.

Es la tarea que le tocará encabezar a Claudia Sheimbaun, la primera mujer gobernante electa de la ciudad, y a esta primera legislatura del nuevo estado 32 de la federación.

Y como si eso no fuera suficiente quehacer, los nuevos diputados y el gobierno que entrará en funciones el próximo 5 de diciembre tienen otro saldo rojo que pagar, porque hace un año, los voceadores no anunciaban la tragedia de las balas, sino la de un sismo del que aún hoy la gente tiene miedo.

Aún no está claro cuánto dinero se ha destinado a la reconstrucción de los inmuebles de la capital, ni tampoco se tiene un saldo claro de personas damnificadas.

El equipo de Claudia Sheinbaum anunció un nuevo censo, nombró a un comisionado para la reconstrucción (César Cravioto, excoordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa saliente) y la jefa de gobierno electa hizo un recorrido de una semana por colonias damnificadas, pero tampoco ha dicho nada de los recursos para la reconstrucción.

El equipo entrante ha asegurado que no reconocerá a agrupaciones de damnificados para su atención, sino que esta se hará directamente con cada uno de los ciudadanos afectados. Pero son precisamente esas agrupaciones de damnificados, las que el pasado martes irrumpieron la última sesión de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Pedían, a gritos, que se reasignaran recursos del presupuesto para su atención.

Los enroques

Pero la primera legislatura emanada de la izquierda comienza con el pie izquierdo. Horas antes de la instalación del Congreso, Morena, el partido mayoritario, hizo un movimiento legislativo para burlar la ley que presumen los diputados y hacerse de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política.

La historia es así: originalmente, Morena tenía 37 diputados; el PAN, 11; el PRI y el PRD, seis cada una y el Partido del Trabajo, tres, lo que le impedía tener un grupo parlamentario propio.

Pero el fin de semana patrio sirvió para arreglar el problema, por lo que los diputados morenistas Lilia Sarmiento Gómez y Jesús Martín del Campo se pasaron al Partido del Trabajo; lo mismo hizo la priista Leonor Gómez Otegui y con seis diputados, el PT y Morena lograron una carambola de tres bandas: configuraron una bancada petista, que aseguró un espacio en la Mesa Directiva y propuso a Martín del Campo como presidente.

En tanto que Morena, al tener la mayoría, podría quedarse con la presidencia de la Junta de Coordinación Política (lo cual se definirá en los próximos días).

“Tenemos la Junta de Coordinación Política y la ley establece que no podemos ocupar las dos, pero nos sentimos representados con nuestros compañeros que están allí (en la mesa directiva)”, declaró Ernestina Godoy, la coordinadora de la bancada de Morena.

¿Y los ciudadanos?

Afuera del recinto legislativo la calle está cercada. Cuerpos policiales cuidan el área. Las vallas antiprotestas cercan las cuadras alrededor de Donceles, en el centro la de la Ciudad de México. Adentro, los 66 diputados locales electos el pasado 1 de julio se preparan la primera sesión del primer Congreso de la ciudad.

Este martes entró vigor la Constitución de la Ciudad de México, una que, de acuerdo con las palabras del diputado local, y antiguo jefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, ha costado casi 200 años conseguir. Sin embargo, pareciera que a los capitalinos poco les importa. A pesar del operativo, nadie se acerca a estas calles; no hay protestas, ni festejos ciudadanos.

Adentro, ni siquiera los trabajadores de limpieza del edificio legislativo saben del cambio fundamental para los habitantes de esta ciudad.

• ¿Qué opina del cambio que se va a dar hoy en la ciudad?
• No pues que este señor Obrador sí debe de acabar con la corrupción para que nos vaya mejor a todos

Para ellos, que la Ciudad de México obtenga su autonomía como entidad o que tenga una de las constituciones más progresistas de la historia, hasta ahora, ni siquiera es tema de conversación.

Apenas hace un año, ciudadanos y políticos compartían mesas de discusión en este mismo edificio. Debatían sobre temas como derecho a la ciudad y la autodeterminación de los pueblos que en ella habitan.

Sin embargo, en los palcos del pleno, el mismo que usó Porfirio Díaz para dar su último informe de gobierno, lo que faltan son ciudadanos. Afuera de ellos, sus oficiales de seguridad cuidan el paso solo para personal con la acreditación debida pueda entrar. Adentro, hay asientos vacíos

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