Las mujeres campesinas tienen un papel fundamental en la agricultura, pero son las que menos tierra tienen, de más baja calidad y no tienen la certeza de poder conservarla. El reconocimiento de la mujer rural como productora con derechos sigue condenado por prácticas patriarcales que la dejan fuera del manejo patrimonial, del reparto de los recursos e ingresos y de lo que produce la tierra

Por Arelhí Galicia*

La participación de las mujeres en todas las esferas de la vida es de suma importancia. Diversas conferencias, tratados internacionales e instituciones se han encargado de hacernos saber con datos y números la brecha de desigualdad imperante en la que nos encontramos y la mejora que habría en muchos aspectos de involucrar a la mujer de manera profunda en todos los aspectos: políticos, económicos, culturales, etcétera.

Los campos mexicanos no se escapan de esta brecha porque, aunque las mujeres tienen un papel fundamental en la agricultura especialmente en lo que se refiere en la seguridad alimentaria de sus hogares y comunidades, se enfrentan con una importante brecha: son las que menos tierra tienen, de más baja calidad y no tienen la certeza de poder conservarla. Además, su participación en los órganos de gobierno locales en los que pueden influir y opinar está muy por debajo de la media de participación nacional de las mujeres en la política.  

Es hasta 1992 que la Ley Agraria de México estableció igualdad de condiciones, derechos y obligaciones entre hombres y mujeres como titulares de derechos ejidales o comunales. Aunque esta modificación se hizo a la ley general, al no haber un artículo específico que garantizara esa incorporación, la representación de mujeres en los Órganos de Representación y Vigilancia, así como integrantes del Comisariado Ejidal en el Código Agrario, para el 2016 su representación era del 11%, según datos del Registro Agrario Nacional (RNA).

El 19 noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 37 de la Ley Agraria, en el que se especificó que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia del mismo deberían integrarse 50 por ciento de cada género. Además, en esa misma propuesta se mencionó que las comisiones y secretarios auxiliares con los que cuenta el comisariado ejidal se integrarán con un 50 por ciento de representación de mujeres.

También, de acuerdo con las cifras del RNA para este 2021, la participación de las mujeres en los Órganos de representación alcanzó el 21%. Sin embargo, cuando vemos de cerca los números de los cargos de representación, las mujeres siguen estando completamente subrepresentadas. Un ejemplo de ello es que las mujeres que ostentan el cargo de presidencia de los comisariados ejidales llegan al 7.5%, mientras que, como cabezas del Consejo de Vigilancia, llegan al 7.6%. Estos órganos de gobierno son de suma importancia en las comunidades ya que el enfoque de las problemáticas es determinado por ellos. 

El reconocimiento de la mujer rural como productora y su participación como ciudadana plena del ejercicio de sus derechos, sigue subsumido a las prácticas patriarcales que dejan a la mujer fuera del manejo patrimonial, del reparto de los recursos e ingresos y de lo que produce la tierra. La forma en la que está establecido el sistema oculta la participación y las contribuciones de la mujer al sustento familiar y no las reconoce como ciudadanas independientes con derechos iguales.

Como hemos relatado, aunque ha habido avances en algunas cuestiones muy puntuales y formales para la inclusión de las mujeres, todavía quedan grandes obstáculos para cerrar esta brecha más allá del discurso. Los programas de promoción, apoyo y desarrollo agropecuario y rural que proveen de servicios y créditos para la producción, asistencia técnica y entrenamiento se enfocan en agricultores hombres, ya que las mujeres no cuentan con tierra a su nombre. Por lo mismo, las mujeres que acceden a estos programas no llegan ni al 30%, según datos de Sembrando Vida o producción para el Bienestar.

La reforma del 30 de noviembre, aun cuando ya fue aprobada, no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación todavía. Es necesario que el proceso legislativo continúe para que esta reforma sea publicada y tener las herramientas para exigir que las mujeres puedan tener acceso real a los órganos de participación política que les permitirían acceder a las discusiones y decisiones en las que sean tomadas en cuenta. 

*Fundar, Centro de Análisis e Investigación, para la Alianza Campo Justo.

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