Cinco años después del sismo de 2017, cientos de familias viven atrapadas por los escombros de la burocracia y la corrupción que les impiden acceder a una vivienda, aun cuando Morelos recibió más de 15 mil millones de pesos para su reconstrucción.

Texto: Concepción Peralta Silverio / Mexicanos contra la corrupción e impunidad vía Lado B

Aniceto Ramos Allende fue el velador y aseador de la Primaria 10 de abril y de la capilla de la Santa Cruz, en la colonia Emiliano Zapata de Jojutla, Morelos, considerada la zona cero del desastre. El sismo lo dejó sin casa, trabajo y muebles. Su máquina huarachera, con la que ganaba un peso más, quedó destrozada.

“Era como un cementerio. Se veía de lado a lado porque todas las casas se cayeron. En la noche no había luz, así como era Jojutla hace 50 años”, recuerda Aniceto, desde el cuarto prestado en el que vive.

Tampoco fue candidato para ninguna de las 20 fundaciones que construyeron casas en Jojutla. “Me decían ‘sí le hago su casa, pero dígame dónde’. Y cómo no había terreno, no hubo casa”.

A sus 63 años, Aniceto quedó fuera de los recursos que se distribuyeron en 2017 y 2018 del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del Plan Nacional de Reconstrucción de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en 2019 y 2020, y de la ayuda que otorgó el organismo estatal Unidos por Morelos (UxM), creado para apoyar a los que quedaran fuera del Fonden.

En 2017, las Reglas de Operación del Fonden dictaban que el apoyo de reconstrucción era para dueños o poseedores legítimos de la vivienda. Pero también decía que, de no disponer de suelo para la reubicación de las familias, las entidades adquirirían predios para el uso habitacional, debían aportar 90 por ciento de los recursos y 10 por ciento el Fonden.

Tanto el ex gobernador Graco Ramírez como el actual, Cuauhtémoc Blanco, omitieron comprar terrenos para atender a estas familias.

En 2021, Aniceto pudo hacerse de un terreno. Un vecino se lanzó como candidato y donó uno a ocho familias. “Pero cuando fui a solicitar la ayuda me dijeron que ya había pasado el tiempo y el dinero se había acabado”, dice desesperanzado.

Los Tinoco son 16 familias de hermanos, tíos y primos que vivían acomodados en un terreno. Tras el sismo sólo seis pudieron reponer su casa. El resto tuvo que repartirse con parientes o irse a rentar cuartos.

Sara García Tinoco y su nieto quedaron atrapados en el único triángulo de la vida que se formó en su casa. Le otorgaron la ayuda del Fonden para reconstruir su casa, pero no a sus hijos, Alfredo y Mariel, quienes habían construido su vivienda en la planta alta.

“Nos dijeron que necesitábamos comprar un terreno. ¿Y de dónde? Si está a mil pesos el metro cuadrado”, relata Yesenia Moreno, nuera de Sara.

En cinco años de ir y venir en busca de apoyos, a Mariel Tinoco sólo le ha tocado una cama. “Porque vieron que dormía en una tarima con mi bebé”. Su nuevo hogar se redujo a una habitación de la casa de sus padres. Tampoco es candidata para recibir ayuda.

“Que les aproveche su ayuda y que nunca se les acabe”, reprocha Mariel a las autoridades y a los vecinos que en repetidas ocasiones han recibido recursos, por encima de otras familias más necesitadas.

Fue posible porque no hay padrones confiables. El padrón de UxM presenta anomalías en 40 por ciento, aseguró el vicefiscal anticorrupción a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) informó que al padrón de beneficiarios de Jojutla y Zacatepec le faltó uno o todos los requisitos.

“Si hubieran censado bien y como las personas lo necesitábamos, no nos hubiéramos tenido que ir. Fue un cambio muy duro perder tu casa e irte a otro lado, sentirte arrimado, aunque sea con mi mamá”, dice molesta Yesenia.

Desde el terremoto de 1985 se les conoce como los desdoblados: familias que vivían en segundo o tercer piso y se les cayeron sus casas, pero sólo había un dueño, explica a MCCI Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde reelecto de Jojutla.

Su municipio tuvo 2 mil 900 familias afectadas y a la fecha 180 están sin vivienda por tres motivos principales: no quisieron o no hicieron trámites; no tienen manera de demostrar su propiedad; o vivían a las orillas del río Apatlaco, zona prohibida y de alto riesgo.

Para los desdoblados, el municipio compró y electrificó un terreno de 16 mil metros cuadrados en la colonia Emiliano Zapata y lo donó a la Fundación Échale, la cual construyó 89 casitas que están próximas a entregarse. El gobierno estatal por su parte puso el agua y el drenaje.

“Cuando mi esposo fue a preguntar le dijeron que ya estaban dadas. ¿Cuándo y cómo hicieron las listas? Ni supimos”, dice Yesenia.

Las autoridades transfirieron a un particular la responsabilidad de elegir a los beneficiarios. “La Fundación hizo las listas y decidió a qué familias incluir”, explica el alcalde.

Una diáspora de dinero perdido

Morelos fue elegido para este ejercicio de fiscalización por el elevado número de irregularidades que presentó en la Cuenta Pública 2018. La ASF originó 75 pliegos de observación –que es la acción previa a la denuncia penal y significa un posible daño al erario– por 4 mil 256 millones de pesos y cinco solicitudes de aclaración por 2 mil 614 millones de pesos. La suma de dinero no aclarado equivale al 80 por ciento de las participaciones federales que recibió ese año.

Un solo pliego de observación tiene recursos por 3 mil 474 millones de pesos por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido de 42 dependencias, entre éstas, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (mil 98 millones de pesos); el Congreso del Estado (427 millones de pesos); y el Instituto Morelense Electoral (252 millones de pesos).

En 2018, Morelos tuvo un Presupuesto de Egresos de 22 mil 792 millones de pesos. Recibió recursos extraordinarios para la reconstrucción por los daños del sismo y tuvo dinero adicional para la realización de sus elecciones estatales. Por otro lado, tenía daños económicos por 7 mil 322 millones de pesos: 15 mil 801 viviendas; mil 194 escuelas; 9 unidades de salud; y 5 mil 141 unidades económicas dañadas, según El Programa Nacional de Reconstrucción, Diagnóstico 2021.

Arturo Pérez, presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción en el Congreso de Morelos, desconoce cuánto dinero llegó al estado, cuántos recursos fueron desviados y cuántas familias aún necesitan vivienda. Estima que se recibieron alrededor de 8 mil millones de pesos por un informe del Cenapred.

Para conocer el origen y destino de los recursos destinados a la reconstrucción, MCCI revisó los documentos públicos de 2017 a 2019: cinco informes especiales, 15 auditorías y el Presupuesto de Egresos 2018, realizó 520 solicitudes de información. Pudo establecer que al estado llegaron 15 mil 884 millones de pesos, el doble del monto que maneja la clase política en el estado, a través de siete fuentes de dinero público.

De estos, 2 mil 637 millones de pesos se fueron perdiendo como la arena y están clasificados como posible daño al erario: 568.2 millones de pesos detectados por la ASF, mil 325.6 millones de pesos observados por la ESAF, y 743.5 millones de pesos quedaron en el limbo porque no fueron auditados y se desconoce su destino.

Con los recursos del Morebús, por ejemplo, se realizaron obras por 164 millones de pesos. MCCI pudo constatar que algunas de estas obras no existen, como la pavimentación de la calle Orquídeas y del callejón Benito Juárez, en las colonias Zapata y Vicente Guerrero, donde invirtieron 492 mil y 391 mil pesos. Ambas son de terracería y los vecinos nunca han sabido de un plan de pavimentación.

Rendición de cuentas, en escombros

“Me decían firme aquí y yo firmaba. Yo confié”, dice Antonio Valle Guzmán, damnificado de Jojutla.

Entregó sus documentos, llenó formularios y firmó un contrato para construir una vivienda, pero ésta nunca llegó.

“Es muy injusto porque quienes realmente necesitábamos ayuda para vivir no nos llegó nada. Ahora vivo con mi suegra, arreglo bicicletas y gano 300 pesos al día. Voy a tardar muchos años en construir mi casa”.

Sedatu pagó a Bansefi 85 millones de pesos por servicios bancarios para la dispersión de recursos a los beneficiarios en Morelos, sin que existieran los trabajos y las dispersiones. A la fecha, la ASF mantiene vigente un pliego de observación, pero no procede a la denuncia.

El 21 de septiembre de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto transfirió a la Sedatu de Rosario Robles la responsabilidad de censar, clasificar y entregar la ayuda a los damnificados. Sería de forma directa, del Fonden a los beneficiarios, a través de las tarjetas de Bansefi, cerrando el paso a la corrupción.

No fue así. Cientos de familias fueron desfalcadas con tarjetas vacías o ayuda incompleta. Quedaron fuera del censo o clasificaron su patrimonio con daño parcial, cuando era total. Muchos entregaron la tarjeta a constructores que nunca volvieron.

“La corrupción fue terrible”, dice el arquitecto José Luis Hernández, director del Proyecto Esperanza y maestro de la carrera de Arquitectura de la Universidad Anáhuac. Invitó a sus alumnos a construir casas en lugar de entregar una tesis tradicional. Logró levantar 25 viviendas, reparar 15 y acercar ayuda a unas 800 familias más.

“Fueron depredadores de la ignorancia de la gente. Rosario Robles estaba involucrada. Ella se daba muchas vueltas (por Morelos) y esas empresas que recomendó fueron las que saquearon y se robaron las tarjetas”, dice Hernández, galardonado por el Congreso local con el reconocimiento 19S.

“Yo caí con estas personas”. Una señora de una fundación lo invitó a realizar su proyecto en Oaxaca. La visitó en sus oficinas del World Trade Center de la Ciudad de México en donde, estima, vio unos 50 mil expedientes en cajas porque andaban por todo el país.

“Los presidentes municipales y la Secretaría de Obras les juntaban a las familias en la plaza. Les pidieron 3 mil pesos y luego no volvieron. (Hubo) una falta total de dirección. Después me preguntaban a mí por ellos y yo ni los conocía”.

Rodrigo Peña Zepeda era el delegado de Sedatu. En octubre de 2017 fue destituido. Su sucesora confirmó una investigación en su contra por el probable desfalco de 17 millones de pesos, sin resultados a la fecha.

“La corrupción ya estaba ahí desde antes del terremoto, el sismo sólo la evidenció. Las casas que se cayeron estaban construidas en terrenos ejidales y sobre ríos subterráneos, por eso se da el arroz en Jojutla”, reflexiona Hernández. “Sí se volvió a construir en el mismo lugar, pero ahora con cálculo estructural”.

Con el Programa Nacional de Reconstrucción las cosas no cambiaron sustancialmente. Los desdoblados nuevamente fueron rechazados, la ASF continuó hallando irregularidades millonarias, mil 894 intervenciones de vivienda se cancelaron y la Conavi no reintegró 225.2 millones de pesos a las arcas públicas (auditoría 190-DS), y las necesidades de los damnificados siguieron sin ser escuchadas.

Ariadna Aguirre Ávila, de 63 años, vivía en la casa que fue de sus abuelos en el centro de Jojutla: una pieza de ocho metros de altura, sin castillos ni varillas, que el día del sismo se desplomó. Su hija Martha Leticia y su nieto Daniel, de 1 año y 11 meses, fallecieron.

“Después de enterrar a mis muertos y ver a mis heridos, cuando volví a casa me la habían vaciado. Se robaron lo poquitito que me quedaba, mis vitrinas, la cama, la ropita planchada del bebé”, revive Ariadna con llanto.

Fue beneficiaria del Fonden y Conavi, ella se encargó de reconstruir su casa. Halló que todos los días subía la varilla, “de un día a otro costaban arriba de 200 pesos. Las casas de materiales encarecieron todo”. Los 120 mil pesos, “menos el famoso IVA”, aclara, le alcanzaron para dos cuartos. Faltaban puertas, ventanas, baño, agua, piso, luz.

En 2019 la visitó personal de la Conavi, vieron sus necesidades y le entregaron un proyecto a desarrollar. Le transfirieron los recursos por Elektra. Días después otros arquitectos le dijeron que su suelo requería refuerzo porque el río pasaba cerca. “Me hicieron comprar muchísima varilla y eso no me lo repusieron”. El dinero se esfumó.

Ariadna solo pidió una cosa: que le taparan los dos huecos de la loza que le dejaron como tragaluz porque los aguaceros nuevamente le dañaron sus poquitas cosas y temía que los rateros entraran por ahí. Pero no hubo oídos a sus necesidades. La respuesta del arquitecto fue: “Acepta el proyecto como se lo traemos o no le damos el apoyo”.

Enconos antes que justicia en Morelos

En Morelos las dos instancias encargadas de combatir la corrupción están enfrentadas, la ESAF está asociada al gobernador Cuauhtémoc Blanco y la Fiscalía Anticorrupción al ex gobernador Graco Ramírez ya que el actual fiscal Juan Salazar fue su consejero jurídico.

América López Rodríguez es la auditora, se mantiene en el cargo por un amparo que detuvo su destitución. La Fiscalía Anticorrupción le inició un proceso penal por presuntamente pagar 80 mil pesos en enseres de lujo con cargo al erario.

Por un punto de acuerdo del Congreso, la ESAF auditó los recursos de Unidos por Morelos (UXM). Los ex coordinadores Alexis Ayala Gutiérrez y Sergio Arturo Beltrán Toto no presentaron la documentación justificatoria de 410.1 millones de pesos de 2017 y 915.5 millones de pesos de 2018.

Entre las múltiples anomalías, no se comprobaron 25.6 millones de pesos destinados a proveedores y 4.2 millones de pesos de donaciones.

La revisión a la Cuenta Pública de 2018 incluyó el Fondo de Reconstrucción del Paquete Económico (507.7 millones de pesos), programas, fondos y fideicomisos estatales para la reconstrucción y modificaciones presupuestales del Ramo 28, que son recursos federales.

Y ésta será la principal “defensa” de Alexis Ayala Gutiérrez: que le imputan recursos federales que Unidos por Morelos nunca ejerció.

“Hicieron un revoltijo para perjudicarnos, esto es una persecución política”, afirma Ayala, actual diputado local suplente y primo del coordinador de la Comisión de Hacienda en el Congreso, en una breve llamada telefónica.

La directora de Responsabilidades de la Dirección General Jurídica de la ESAF, Yadira Ceballos, sostiene que no incurrieron en ilegalidad y cuidaron no fiscalizar recursos previamente auditados por la ASF.

Édgar Núñez Urquiza, vicefiscal anticorrupción de Morelos, rechaza que la suya sea una fiscalía “carnala”. “Esa opinión se da desde un punto de vista mediático”, responde en entrevista con MCCI.

Prueba de su compromiso con el combate a la corrupción es la judicialización de ex funcionarios de la pasada administración: la ex secretaria de Obras Públicas, acusada en 7 procesos, el ex secretario de Desarrollo Sustentable, el de Hacienda y el ex tesorero.

Se le pide un resumen: hay 34 carpetas de investigación por delitos cometidos con los recursos del sismo, tres vinculadas a proceso con nueve imputados, por un monto aproximado de 46.5 millones de pesos.

El diputado Arturo Pérez, cabeza visible en los trabajos de reconstrucción, dice que siguen “gestionando, tocando puertas para conseguir más recursos y atender esas necesidades”.

—¿Qué es más difícil: bajar más recursos o ir a recuperar lo desviado?

–Se nos ha hecho más fácil gestionar y tocar puertas que dar con lo que nos han observado las autoridades”.

—¿Por qué es tan difícil fincar responsabilidades?

–Es un tema multifactorial. (Hay) una herencia de viejos políticos que se prestaban a actos de corrupción, porcentajes, diezmos y tráfico de influencias, que nos cuesta trabajo acabar…”.

De este tamaño ha sido la acción de nuestras instituciones en un caso tan sensible como son los damnificados de un terremoto y la intención de llevarles ayuda y esperanza: Disposición de 15,887 millones de pesos de ayuda, 2 mil 637 millones posiblemente desviados, 46.5 millones en investigación estatal y 0 pesos en lo federal.

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.