Panamá se suma a la larga lista de países afectados por la depredación de minas canadienses. La concesión irregular de un yacimiento de cobre mantiene a los panameños en las calles y con su país en huelga

Por Alberto Nájar X@anajarnajar

Este 3 de noviembre Panamá cumple 120 años de haberse separado de Colombia. Pero difícilmente habrá festejos.

El país se encuentra paralizado por cientos de protestas callejeras y huelgas para exigir el cierre de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

La empresa concesionaria es Minera Panamá, propiedad de la canadiense Firsts Quantum Minerals.

La concesión fue entregada por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo de manera irregular: las comunidades afectadas no fueron consultadas y nunca se hicieron estudios de impacto ambiental.

No existen acciones para mitigar la contaminación, y el decreto para autorizar el funcionamiento de la mina se autorizó de forma exprés por la Asamblea Nacional panameña.

El centro de la polémica es un yacimiento de cobre ubicado en una reserva natural en el norte del país, que es explotado ilegalmente desde 1997.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la concesión entregada por las autoridades, pero a pesar de ello la mina nunca cerró.

Al contrario. En marzo pasado el gobierno de Cortizo renovó la concesión con un plazo de 20 años de operaciones, con posibilidad de extenderse por otros 40 años más.

La decisión causó una primera oleada de protestas. Para apaciguar los ánimos el gobierno panameño se comprometió a revisar el caso, pero en vez de cancelar la concesión como legalmente estaba obligado, sólo la modificó.

El nuevo acuerdo contempla la obligación para la minera canadiense de pagar impuestos de 375 millones de dólares al año, siempre y cuando las condiciones del mercado lo permitan.

No está claro a qué se refiere esta salvedad, pero lo cierto es que para la minera la obligación fiscal son cacahuates.

En 2014 Firsts Quantum pagó 60 millones de dólares por el derecho de explotar minerales en una reserva natural de casi 13 mil hectáreas.

El yacimiento concesionado es el más grande de Centroamérica. El año pasado de esa mina se extrajo cobre por un valor de dos mil 850 millones de dólares.

A la concesión entregada en marzo siguió la aprobación en la Asamblea Nacional, en unas cuantas horas, de la Ley 406 que ampara el permiso de explotación minera.

La inconformidad aumentó en los últimos meses hasta virtualmente paralizar las actividades de Panamá.

Laurentino Cortizo solicitó al Tribunal Electoral que organice una consulta popular para decidir el cierre de la mina, pero casi nadie le cree.

Una razón es que se trata de un presidente sumamente impopular: el 70 por ciento de los panameños reprueba a su gobierno, según una reciente encuesta de Gallup Panamá.

La otra es que legalmente no se puede hacer la consulta porque estaría fuera de tiempo.

De hecho, esa fue la respuesta del Tribunal Electoral al presidente quien, sin embargo, insiste en promover el plebiscito.

El movimiento Panamá sin minería, que promueve la mayor parte de las protestas, advierte además que la consulta pretende dejar a los ciudadanos la responsabilidad sobre una decisión que corresponde al gobierno.

Así, muchos panameños ven una estrategia electoral de Cortizo para apoyar a su partido, el Revolucionario Democrático, ante las próximas elecciones presidenciales en julio de 2024.

Por eso las protestas que cada vez son más nutridas y con riesgo de radicalizarse, aunque la indignación popular no importa a la empresa canadiense, que mantiene la explotación de cobre sin descanso.

Organizaciones ambientalistas documentan un daño irreversible en miles de hectáreas de bosques.

Las comunidades vecinas al yacimiento, en la provincia de Colón –a unos 120 kilómetros al norte de la capital- denuncian escasez de agua por la sobreexplotación de la mina.

Algo grave en Panamá, que enfrenta una inédita sequía que inclusive ha puesto en riesgo la operación del Canal transoceánico, la mayor fuente de ingresos del país.

Por lo pronto varias organizaciones civiles consiguieron que se analice en la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para declarar a Panamá en moratoria de minería metálica.

No está claro si la propuesta sea aprobada: los legisladores que la analizan son los mismos que aprobaron, fast track, la nueva concesión a la empresa canadiense.

Hasta ahora no se ve una solución pronta al conflicto. Firsts Quantum Minerals guarda silencio, a pesar de la caída en el precio de sus acciones en la bolsa de valores de Canadá.

Varios analistas panameños creen que existe un pacto extra legal de la empresa con el gobierno de Cortizo, que ha sido acusado de corrupción en los últimos años.

La idea es ganar tiempo a la espera de que se desvanezca la indignación en las calles, e inclusive algunos esperan presiones del gobierno canadiense para obligar a que se mantenga la concesión minera.

En todo caso, el tema rebasa las fronteras panameñas. El sitio donde se encuentra el yacimiento de cobre forma parte de uno de los corredores naturales más importantes de Centroamérica.

La explotación del mineral es a cielo abierto, que causa una profunda e irreversible devastación en la zona donde se practica.

Los ambientalistas panameños están prácticamente solos, pues no existe respaldo suficiente de las organizaciones de países vecinos, como Costa Rica que también resultaría afectada si la depredación minera se extiende.

El conflicto no es sólo de Centroamérica. La depredación de mineras canadienses es la misma en toda América Latina.

El escenario no es muy positivo, al menos por ahora. La empresa canadiense tiene explotaciones similares en África, donde ha logrado superar movimientos ciudadanos más fuertes.

Es muy probable que pretenda repetir la experiencia en Panamá, donde la resistencia civil hacia las potencias de América del Norte es grande.

Pero al mismo tiempo, la docilidad de sus gobiernos a esa misma región es igual de amplia.

La contradicción se resolverá en unas semanas.