Las prácticas mineras, así como la explotación del territorio en general, afecta a las mujeres en múltiples dimensiones. En los Valles Centrales de Oaxaca la Minera Cuzcatlán está atentando contra la vida de las defensoras y de la población civil

Texto: Laura Buconi

Foto: Santiago Navarro F. / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO:- En la praxis de las luchas contra los megaproyectos, las integrantes de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales han podido documentar cómo las mujeres sufren de forma diferenciada respecto a los hombres los impactos ambientales, con diferentes tipos de vulneración a sus derechos sobre todo en comunidades indígenas y campesinas.

Esta violencia de género a través de la explotación del territorio afecta a las mujeres en varias dimensiones: en la dimensión económica con pérdida de sus territorios, que muchas veces desemboca en migración o desplazamiento forzado y aumento de la precariedad; en la dimensión política cuando se verifican hostigamiento, persecución, criminalización e intimidación por condición de género y por ser defensoras, y en la  dimensión del territorio/cuerpo con afecciones en la salud, sobrecarga por las tareas del cuidado, violencia sexual y feminicidio territorial.

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales es una organización de mujeres nacida en 2005 y presente en 11 países de Latinoamérica, que incide en políticas, proyectos y prácticas que contribuyen a la defensa de los derechos de los pueblos, de la naturaleza y de los derechos sociales vulnerados por proyectos extractivos mineros, y que afectan directamente a las mujeres.

“Sabemos que,” denuncia la Red en una de sus infografías, “para explotar nuestros territorios, las grandes empresas también quieren dominar nuestros cuerpos. La minería llega para ofrecer a los hombres un trabajo de explotación y mayor precarización, a las mujeres las restringe a las labores domésticas y amenaza su integridad con diferentes formas de vulneración que muchas veces se materializa en violencia sexual y feminicida.”

En el caso de México, las agresiones, amenazas y desapariciones de defensoras del territorio han subido en los últimos años, y en la mayoría de los casos con total impunidad. 

En Oaxaca, la impunidad en delitos contra mujeres en los últimos años  tiene niveles muy elevados, y para las defensoras del territorio la situación no es diferente. En los Valles Centrales, el proyecto de la Minera Cuzcatlán es relevante por sus desarrollos violentos y de impactos a la sociedad civil.

La mina que dividió a un pueblo

El proyecto de la Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Mining, empezó convenios con los ejidatarios de San José del Progreso, en los Valles Centrales de Oaxaca, en 2006, para establecerse formalmente en el territorio en 2009. 

La comunidad de San José del Progreso, con la ayuda de grupos solidarios desde los pueblos cercanos, tomó la empresa minera en febrero de 2009. «No nos convenía adherir a ese programa porque su finalidad es privatizar las tierras que nos corresponden como pueblo» afirma una de las defensoras del territorio activa desde 2006 en la resistencia al proyecto minero,  en entrevista con Pie de Página.

El 6 de mayo del mismo año, a menos de tres meses de la toma, un fuerte operativo policial desalojó el plantón mediante represión, detenciones y cateos en casas particulares.

“A través de ese operativo se estableció la empresa minera, se desalojó el plantón y se quedó por aproximadamente un año un destacamento del ejército en las instalaciones de la empresa para garantizar su instalación del proyecto”, comparten integrantes de Articulación por la Vida, asociación en defensa del territorio, en entrevista a Pie de Página.

“Desde entonces ha habido mucha represión, dos de los activistas más visibles fueron asesinados, los hermanos Bernardo y Andrés Vásquez Sánchez, hubo confrontaciones donde también fueron asesinados un presidente municipal, y un regidor, esto entre 2011 al 2012, y todavía en el año 2016 fue asesinado un presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez”, nos comparten desde la organización.

Como en otros casos de México y de Latinoamérica en general, la llegada de las operaciones mineras generó graves fracturas en el tejido social y comunitario, ya que muchos habitantes de las comunidades cercanas fueron empleados por ella, mientras otras familias viven las afectaciones colaterales del proyecto extractivista generando significativos impactos sociales.

El primer derrame tóxico

En octubre de 2018 hubo un derrame de jales mineros en Cuzcatlán, que contaminó el Río Coyote con residuos tóxicos: el río desemboca a un costado del pozo de agua potable que abastece la comunidad. 

Pobladores de al menos seis municipios cercanos a la mina denunciaron contaminación en el agua en los años sucesivos a su instalación. En tres de ellos, varios ciudadanos resintieron brotes de hepatitis, enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirmó que estos padecimientos aumentaron desde que la minera comenzó su funcionamiento en 2010 y empezaron a bajar hasta 2016. En 2010 el 31.1 % de habitantes de San José del Progreso (2050 personas) tenían problemas para respirar, mientras que en 2008, dos años antes, la cifra era del 15 %. En 2006 hubo 73 casos de enfermedades gastrointestinales que llegaron a 322 en 2013, y en 2019, después del derrame, hubo brotes de hepatitis en San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y en Santa Lucía Ocotlán. El 90% de los enfermos fueron niños.

“El presidente municipal en ese entonces me dijo que no se iba a meter porque a él no le competía, y no quería problemas con la empresa. Hice varias denuncias ante Profepa y la Defensoría de Derechos Humanos y fue un largo proceso de denuncias, de señalamientos, a los que no hubo seguimiento”, señalan  integrantes de las organizaciones. 

Por medio de diversos estudios, se demostró la contaminación de las fuentes de agua posteriormente al derrame, y a raíz de su denuncia relata haber recibido amenazas, un intento de secuestro y de haber sido seguida por desconocidos en varias ocasiones entre 2018 y 2021.

Un segundo derrame, en impunidad

En septiembre de 2024 se verificó un segundo derrame de jales mineros tóxicos debido a las fuertes lluvias, debido a la continuidad de actividades en la mina. Ante esta situación las comunidades afectadas tienen diferentes posturas por el nivel de desinformación de la minera y aunque algunas han solicitado un amparo para frenar las operaciones, otras en cambio están de acuerdo con el proceso. Confirmándose una vez más el nivel de ruptura en el tejido social que genera el avance extractivo.

Ese mismo año, Natalia Méndez, defensora del territorio e integrante de Articulación por la Vida decidió participar en el proceso de elección para contender para la presidencia municipal: “Al estar ahí yo podía hacer declaratorias, documentación, investigación y estudios de calidad del agua y del aire en las comunidades. Ese fue mi objetivo primordial. En el transcurso de la campaña, se me acercaron tres veces integrantes de Cuzcatlán, y me propusieron financiar mi campaña a condición de que cuando yo llegara al poder, les diera todas las facilidades para que entraran a la comunidad sin problemas. Por supuesto rechacé la oferta, porque lo más importante para mí es luchar por la salud y la vida de mi comunidad.”

Natalia relata haber sufrido de violencia política en razón de género al interior del cabildo, que denunció ante el Instituto Electoral en marzo de este año. Le fueron otorgadas medidas de seguridad básicas, que no considera suficientes ya que en los últimos meses, las amenazas se han vuelto más violentas. Una autoridad municipal, en una mesa de diálogo con el gobierno del Estado, le comentó directamente que la tiene vigilada a través de los policías municipales, y que tiene grabaciones de ella en su casa con su hijo menor. 

La defensora añade que otro integrante del gobierno municipal amenazó con mandarla a matar “como había hecho con otros defensores”. Se siente asustada y en peligro de vida, relata a Pie de Página, pero afirma que se siente motivada a seguir con la lucha en defensa del territorio.

“Mi familia es campesina”, comparte, “mis abuelos han amado y cuidado la tierra, mis familiares no ocupan ni fertilizantes para su agricultura, siempre lo han hecho con respeto, responsabilidad y cuidando el medioambiente, y me han inculcado el amor por la tierra, la vida y la naturaleza. Hago un llamado a toda la población, a todo el país, a todo el mundo a que luchemos por nuestra tierra, por preservar un medioambiente sano, armónico y lleno de vida.”

Tanto Natalia, como integrantes de su famila y organización se encuentran en riesgo como consecuencia de los intereses asociados a la explotación minera, por lo que desde organizaciones internacionales de protección y defensa  de los Derechos Humanos, se ha realizado un llamamiento a garantizar condiciones de seguridad para la defensora. https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/natalia-mendez

Posible ampliación del proyecto minero

La empresa Fortuna Mining, antes llamada Fortuna Silver Mines, cuenta con minas en Burkina Faso, Costa de Marfil, Perú, Argentina, y México, ya en explotación. Después de un complejo proceso en el que inicialmente Semarnat negó otorgar a Fortuna Mining un permiso de ampliación en San José del Progreso, éste les fue otorgado en 2021 por una temporalidad de 10 años. 

En abril de este año la minera confirmó un acuerdo de compraventa con la empresa peruana JRC, y la comunidad teme por una posible ampliación de la mina al municipio de Magdalena Ocotitlán, donde hace dos años fue encontrado un yacimiento de oro y plata. 

El pasado 3 de julio, tras 26 días de tensión, habitantes del municipio Magdalena Ocotlán decidieron tomar el Ayuntamiento y bloquear la Carretera Federal Oaxaca-Puerto Ángel. Denuncian actos de corrupción, maltrato, omisión de información y abuso de poder por parte de las autoridades.