Un año después de la primera masacre en la era de Andrés Manuel López Obrador (el asesinato de 13 personas en la palapa Los Potros, de Minatitlán, Veracruz) persiste la impunidad, abandono institucional y criminalización de las víctimas

Texto: Miguel Ángel León Carmona e Ignacio Carvajal

Fotos: Miguel León Carmona

MINATITLÁN, VERACRUZ- Se cumple el primer año de la masacre en la palapa Los Potros.  A 13 personas, entre ellas un bebé, les privaron la vida con el denominado tiro de gracia. La buena reputación de las víctimas fue sepultada con una versión oficial que hoy se sostiene con alfileres en tribunales: Que el ataque derivó de la venta de drogas.

La hipótesis de ese atentado — que representó uno de los hechos más traumatizantes para la sociedad en el sur de Veracruz — la ofreció el ex fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, hoy prófugo de la justicia por el delito de desaparición forzada de personas.

“(El multihomicidio) puede tener vinculación a dos bares que están siendo investigados, propiedad de una de las personas que perdió la vida. Tenemos un dato de que en esta zona primero se vendía droga de un grupo de la delincuencia organizada y luego en este lugar se comenzó a vender droga de un grupo distinto”, dijo Winckler, el 22 de abril de 2019.

Por estos hechos, solo una persona ha sido acusada formalmente: Adrián N, alias El Comandante Pelón, detenido en mayo de 2019 por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) por portación de arma de fuego y delincuencia organizada.

Detenidos y pruebas

En junio de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó nuevos cargos por homicidio doloso calificado. Las pruebas contra Adrián N son huellas dactilares y de balística, ya que presuntamente una de las armas que le aseguraron durante su detención coincide con una de las que se dispararon en la palapa Los Potros.

Poco después de la masacre, también resultó detenido Jesús N, alias El Lagarto, en Campeche, a quien la FGR lo acusó de delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Hasta ahora, no ha sido señalado de manera formal por lo ocurrido en Minatitlán.

Aunque su detención fue presumida en medios por el secretario de Gobierno, Erik Patrocinio Cisneros Burgos, desde la destitución de Jorge Winckler como fiscal (septiembre de 2019), su sucesora Verónica Hernández Giádans no ha rendido informes sobre el caso.

Tampoco ha reforzado la hipótesis de que la venta de droga fue el origen de la masacre.

“Tomo pastillas para olvidar todo”

“Ya la vida no tiene sentido, porque lo que se vivió fue muy feo. Eso no se lo desea uno a nadie. Fue una tragedia”, cuenta Fulvia Salinas Jiménez, una de las sobrevivientes al atentado en la palapa Los Potros.

Los recuerdos del 19 de abril perturban la mente de Fulvia como ratas que roen la madera. Le sucede en la cocina, de camino a su trabajo en la refinería de Minatitlán, o a la hora de acostarse. Le mataron a su sobrino, Leobardo Salinas Jiménez y a su cuñado, Heber Ricardo Reyes Martínez.

“Con el paso del tiempo uno se vuelve adicta a las pastillas. Yo a veces me tomo la mitad o un cuarto (de Clonazepam) para poder dormir. Tomo tranquilizantes porque de momento me entra la depresión”, dice la mujer, que también ha perdido unos ocho kilos.

Aquella noche, Fulvia festejaba su cumpleaños, el de su sobrina y de su cuñado, Heber. Eran unos 40 invitados –suspira–. Poco después de las 8 de la noche su hijo corrió hasta la cocina para decirle que habían llegado hombres encapuchados. Se encerraron en una habitación y bloquearon la entrada con muebles, mientras afuera armas largas causaban estruendo en toda la colonia Obrera.

“Mi hermana, la mamá de Leobardo, gritaba que mi sobrino ya estaba muerto. Yo al salir vi al señor Juan René (víctima) él iba a correr hacia la puerta pero ahí le dieron y ahí cayó. Quedé en shock. Mi hijo trató de zarandearme pero ya no pude hablar”.

Fulvia despertó nueve horas después sobre la cama de un hospital. Desde ese momento su llanto comenzó a controlarlo con pastillas.

— ¿Alguna vez había tomado sedantes para dormir?

“Nunca. Sí los necesito porque si no, no puedo dormir; me paro, voy al baño, quiero comer, a veces me pongo a buscar ropa para doblar”.  

Si no hay verdad, no hay sanación

Para Emanuel Santos Narváez, médico psiquiatra y consultor en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), víctimas indirectas como Fulvia, ante un evento como el de Minatitlán, buscarán la forma para mitigar el dolor con medicamentos como antidepresivos y ansiolíticos.

Pero aclara: “Van a controlar los síntomas, pero estos síntomas no están causados por un determinante biológico, llamémoslo así, los síntomas tienen una determinación biológica pero en este caso existe una determinación psicosocial, que es la más importante».

“Al no estar la atención en el ámbito de lo psicosocial, en donde se provean respuestas certeras (de autoridades judiciales), una explicación que permite reconstruir los hechos en Minatitlán, determinar con mayor objetividad los niveles de responsabilidad, eso determinará que los síntomas continúen y la respuesta con medicamentos u otras sustancias se perpetúe”, agrega Santos Narváez.

Pero Fulvia no es la única. Su hermana, Sugey —quien es viuda de Heber Ricardo Reyes— prefirió permanecer en una recámara de la vivienda que comparten. No tiene ánimos de dar entrevistas.

“A cada ratito se le sube la presión, apenas le pusieron suero porque la verdad está muy mal.  Hasta ahora no duerme, aun no quiere tomar pastillas porque la verdad con el paso del tiempo uno se vuelve adicta”, reconoce la mujer de 47 años.

Fulvia describe un reencuentro que recientemente que tuvo con otro sobreviviente: Marcos, quien apacigua sus secuelas con alcohol.  “Él recibió un disparo en la boca y otro en el abdomen. La boca no le quedó bien, todavía tiene la bala porque no se la pudieron sacar, dicen que solita la va a expulsar. Nos saludamos bien, me abrazó. Lloramos juntos”.

— ¿Hubo ayuda psicológica del gobierno? 

“No, nada. Cuando vinieron le dije que mi hijo no podía regresar a la escuela por el miedo. Una señorita me dejó un número de teléfono. Cuando le llamé me dijeron que estaba de vacaciones y de ahí se perdió la comunicación. Yo solita hice el trámite, me apoyó el director. A esa gente la mandó Cuitláhuac, de Atención a Víctimas, nos dijeron”, responde Fulvia.

La ayuda del gobierno: una tanda de 6 mil pesos

El 26 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a al sur de la entidad y dedicó unas palabras a las víctimas: “Vengo a Minatitlán a decirles no están solos. Tienen el respaldo entero, total de su gobierno”.

Pero el mensaje del ejecutivo no causó eco en sus colaboradores de Veracruz. El único apoyo que ofreció la Secretaría del Bienestar, que dirige el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, fue la entrega a algunos deudos de una tanda por 6 mil pesos, que hace poco terminaron de pagar.

“No ha pasado nada, nada bueno. Lo único que me ha pasado es la pérdida de mi madre. Ella estaba enferma, no veía bien, pero a raíz de lo que pasó dejó de comer, se la pasaba acostada en un mueble. La perdí a los 10 meses de la masacre”, cuenta María del Carmen, hermana de Julio César Vázquez López, quien murió a los 35 años.

“Mi mamá decía que Julio venía a platicar con ella y que le pedía que se la llevara. Era su hijo más pequeño, le lloraba todos los días.  Él comía todos los días con ella, la molestaba, la apachurraba. Mi madre tenía divertículos en los intestinos y no veía bien, pero no era para que se nos fuera tan rápido”, lamenta María del Carmen.

Su hermano menor, conocido entre sus amigos como Julio Paletita, era licenciado en Ciencias de la Educación. Sin una plaza de gobierno se abría pasado dando clases particulares, montaba vals a quinceañeras, vendía adornos para fiestas y sus ganancias las invertía en comida que repartían en su barrio.

Tras la muerte de Julio, María del Carmen asumió el rol de jefa de familia. Hacerlo parece difícil, pues lo demuestra al momento de dar una entrevista mientras vigila a su nieta que gatea por el patio.

—¿Ha recibido acompañamiento del gobierno? 

“Vinieron de la Comisión de Víctimas, nos ofrecieron ayuda psicológica, anotaron nuestros nombres y quedaron en regresar ya nunca vinieron”

A Carmen el pasado 2 de marzo la visitó un asesor jurídico, quien le notificó que además de sus labores en el hogar, deberá presentarse a una audiencia del presunto asesino de su hermano. El hombre trajinado le entregó 11 tomos de hojas y le recomendó leer sobre el caso. Le dijo que después de la contingencia por el coronavirus covid-19 la volvería a visitar.

El psicólogo Yehosua León Salgado, explica que en casos como el de María del Carmen, “con la muerte de una persona se reacomodan los roles familiares y ello provoca un daño psicosocial. Esta situación requiere un proceso de readaptación, en el cual es necesario el acompañamiento psicológico del estado”.

Y agrega: “pese a la obligación de las instituciones de reparar el daño de manera integral, estas dejan de lado el proceso terapéutico, que significa acompañar a la víctima a lo largo de su proceso penal, el cual suele estar plagado de acciones revictimizantes. La Comisión Estatal de Víctimas debería disponer de psicólogos que ayuden a cerrar los procesos de duelo de los deudos”.

La promesa incumplida de la Guardia Nacional

Entre las diversas acciones sociales para ayudar a la población afectada por el desempleo, el anunció más fuerte de la visita de López Obrador fue la instalación, en esta ciudad, de la primera coordinación regional de la Guardia Nacional.

Desde el parque Benito Juárez, el presidente prometió que desde ese momento, el sur de Veracruz contaría con mil 59 elementos de planta para labores de seguridad y prevención del delito, los que se repartirían en Minatitlán, Coatzacoalcos, Nanchital, Cosoleacaque y otros municipios flagelados por la violencia y el cobro de piso.

Incluso, el mismo día que el Ejecutivo federal hacía el anuncio, flanqueado por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, en los principales accesos a Minatitlán y a Coatzacoalcos se montaron retenes de la Guardia Nacional que comenzaron a revisar vehículos sospechosos y a generar una sensación de que el gobierno estaba comprometido con la seguridad para los habitantes del sur.

A un año de distancia, porras, aplausos y demás muestras de afecto que esa tarde se ofrecieron al gobernador y al presidente han quedado en el olvido, pues donde antes había retenes y puestos de revisión de la Guardia, solo hay basura, trincheras abandonadas y vendedores ambulantes que aprovechan el espacio para ganarse la vida.

Después del anuncio del presidente, en menos de 60 días, los efectivos militares regresaron a sus cuarteles y la violencia en las calles siguió avanzando de manera imparable; tanto, que a cuatro meses de esa primer masacre, se presentó el ataque al bar El Caballo Blanco, en la vecina ciudad de Coatzacoalcos.

En el ataque al bar perdieron la vida 30 personas, entre clientes, bailarinas y trabajadoras del centro nocturno, en medio de una disputa, dijeron autoridades estatales, por el cobro de cuotas por parte de los mismos grupos de la delincuencia organizada que son señalados por la masacre en Los Potros.

Damara Gómez Morales, regidora con la comisión de Policía del ayuntamiento de Minatitlán, confirmó que los elementos de la Guardia Nacional regresaron a sus cuarteles al poco tiempo, y si en un momento el gobierno federal mandó mil 59 elementos para la región, éstos también fueron retirados.

A la fecha, son menos de 40 efectivos de la GN los que han sido desplegados por la Federación para patrullar en los municipios del sur de Veracruz, aunque lo hacen sin patrullas de la dependencia federal, pues en el caso de Minatitlán, «les hemos prestado algunas para que hagan sus labores».

La regidora recordó que también se prometió la construcción de cuarteles y en Minatitlán, una coordinación regional que contaría con instalaciones tácticas, así como dormitorios para los efectivos lo que tampoco se cumplió a un año de la promesa presidencial.

La edil informó que actualmente, los pocos elementos de la Guardia Nacional que operan en el municipio pasan la noche en las instalaciones del C-2, donde comparten espacios con policías municipales, sin que hasta la fecha se tenga noticia sobre recursos del ayuntamiento para edificar dicho cuartel central o al menos noticias del terreno.

En el ejercicio fiscal 2019, el Ayuntamiento morenista regresó dos millones 100 mil pesos destinados a seguridad que no tuvieron capacidad de ejercer, pese a las grandes necesidades en la materia, dijo Gómez Morales, a quien, sostuvo, no le extraña que no haya noticias sobre el cuartel ofrecido por la Federación.

Percepción de inseguridad

La preocupación de la ciudadanía quedó constatado en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que ubica a la vecina ciudad de Coatzacoalcos entre las tres primeras con mayores índices de percepción de inseguridad a nivel nacional, disputándose con Ecatepec y Uruapan.

«Pusieron retenes después de la masacre, pero después los quitaron, esto no da garantías a la ciudadanía de mejoras en la seguridad… debe haber estrategia y que se den resultados».

Cirilo Vázquez Parissi, alcalde Cosoleacaque, municipio conurbado con Minatitlán y Coatzacoalcos, refirió que también ha visto un incremento notable en el nivel de ejecuciones, y reconoció que por el momento no hay una propuesta sólida sobre la ubicación de la coordinación regional para la Guardia Nacional, incluso, dijo, podría estar en Acayucan.

En su municipio, indicó, ya se donó una hectárea para la instalación de su cuartel, como ha sido estipulado por el plan del gobierno federal, pero aún no inicia su construcción.

El ayuntamiento de Coatzacoalcos igualmente donó un predio con las características adecuadas para las instalaciones de la GN, no obstante, a un año de ese anuncio presidencial, tampoco hay avance en sus obras.

Pobres resultados

Damara Gómez cuestionó que durante su estancia en el sur de Veracruz, la Guardia Nacional no ha dado resultados en materia de detenciones de criminales de alto perfil, por ejemplo.

Hasta ahora, no hay un informe relativo a las acciones de dicho cuerpo de policía desde su lanzamiento por el Presidente de la República.

Mediante la solicitud de información 0000700207719, se preguntó a la Secretaría de La Defensa Nacional si contaba con estadísticas sobre la captura de delincuentes por parte de la Guardia Nacioal desde que opera en el sur de Veracruz. La dependencia contestó que «no se localizó ningún documento que dé cuenta del informe detallado sobre acciones y resultados de la Guardia Nacional desde su lanzamiento en el sur de Veracruz».

La Sedena afirma que esto debe estar en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La realidad no cambia

El sur de Veracruz es un importante corredor para la delincuencia organizada, la ciudad más relevante, Coatzacoalcos, durante años operó bajo el control del Cártel del Golfo, incluso, conocido es que Osiel Cárdenas Guillén, capo del Golfo extraditado a Estados Unidos, vivió tranquilamente en este puerto durante una temporada cuando se escondía de la cacería en su contra.

Al romper el Golfo y Los Zetas, Coatza queda en manos de los ex militares sanguinarios, que durante años operaron a sangre y fuego el robo de hidrocarburos a Pemex, el secuestro, la extorsión, y algo que volvieron un negocio trasnacional, el secuestro y cobro de cuotas a extranjeros de Centroámerica.

En su primer informe sobre la situación de los derechos de los migrantes en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubicó a Coatzacoalcos como la capital del secuestro de centroamericanos.

Pero a mediados del 2017, resultó detenido  Hernán N, alias el Comandante H, supuesto jefe regional de Los Zetas que estaban asentados en Coatzacoalcos, con poder para controlar las actividades delicitivas de todo el sureste mexicano.

Su captura fue por delitos contra la salud y portación de armas de fuego, sin embargo, la cacería en su contra se activó presuntamente por haber dado la orden del multihomicidio contra una familia completa en la colonia Nueva Calzadas, de Coatzacoalcos. Cuatro niños y sus dos padres fueron masacrados posiblemente por una venganza ordenada por el capo, pero hasta ahora, no hay acusación formal en su contra por este delito.

Su captura generó una desarticulación en la estructura Z que dominaba el sur, y el surgimiento de otras células, como Zetas Vieja Escuela y la Espada Vengadora.

Ello alentó al Cártel de Jalisco Nueva Generación a buscar más posiciones en el corredor desde Las Choapas hasta Coatzacoalcos, lo que elevó exponencial mente los homicidios especialmente en Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

Actualmente las zona se encuentra en una dinámica muy marcada donde es el CJNG el que domina los territorios. Durante el 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz se ubicó a nivel nacional como el número uno en secuestros y feminicidios, gran parte de estos delitos se cometieron en ciudades del sur del estado.

Además, en Coatza y Minatitlán los dos grupos más fuertez, Zetas y CJNG, comenzaron a imponer cuotas a negocios de todo tipo, especialmente a giros negros, llegando al grado de asesinar a los dueños, atacar a su clientela o quemar el local, sino pagaban mensualmente.

En este contexto, se dio el surgimiento de grupos de autodefensas en ciudades periferias de Coatzacoalcos, especialmente municipios dedicados al a cría y venta de ganado, ya que eran blanco del secuestro y cuotas.

Desde Las Choapas, Agua Dulce, Minatitlán, Hidalgotitlán, Uxpanapa, San Juan Evangelista y Jesús Carranza, comenzaron a nacer grupos de autodefensas organizados contra la delincuencia que, en carabanas, comenzaron a exhibir los rostros de los jefes de la delincuencia, así como sus principales actividades.

El gobierno del estado ha lanzado diversas incursiones y operaciones especiales para diezmar a la delincuencia. Pero pocas han dado resultados.