La política migratoria del gobierno mexicano es cada vez más inhumana con los centroamericanos y caribeños, mientras que a la migración blanca los recibe con los brazos abiertos, aunque vengan con la máscara desarrollista, cuando son solo destructores del medio ambiente

Por Kau Sirenio @kausirenio

En los últimos meses, la Ciudad de México dejó de ser la “Ciudad Innovadora de Derecho” para convertirse en un obstáculo para la comunidad migrante que transita en sus calles todos los días. La política migratoria que ha asumido es la más atrasada, comparada con las ciudades racistas de Estados Unidos.

El uso de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México ya es una constante para desalojar a los migrantes centroamericanos, venezolanos y haitianos que instalan sus campamentos para realizar sus trámites migratorio ante el Instituto Nacional de Migración (INM).

La población más vulnerable, que entra de paso y pernoctan en las calles de la Ciudad de México, son de origen: cubano, haitiano, salvadoreño, hondureño, venezolano y hasta provenientes de Afganistán.

Hasta ahora, el INM asumió el papel antimigrante al recorrer a los refugios que los migrantes instalaron en diversos puntos de la ciudad con el fin de obtener del número real de personas que entraron al país, y de esta forma organizar una redada para expulsarlos del territorio mexicano.

Ante esto, albergues como Casa Tochán y Cafemin, y el Programa Casa Refugiado y Fundación Humano y Libre Venezuela Somos Todos, se encuentran a su tope de capacidad donde se contabiliza mil 500 refugiados, de los cuales alrededor de 300 son menores de edad.

En marzo, el gobierno de la Ciudad de México abrió un albergue en la alcaldía Tláhuac, pero pronto fue cerrado porque según funcionarios del gobierno capitalino, los migrantes no acudían a este refugio. Lo cierto es que no había condiciones para desplazarse de la Central de Autobuses del Norte a Tláhuac.

La falta de espacio digno para descansar, hizo que la comunidad migrante en tránsito optara por instalar su propio campamento a las afueras de los albergues. Un ejemplo, el caso del albergue Cafemin, que se encuentra en la alcaldía Gustavo A. Madero, que busca atender hasta 600 personas, cuando solo tiene una capacidad de 80.

Lejos de resolver el tortuguismo del INM, las autoridades mexicanas prefirieron usar la policía capitalina en una serie de operativos para dispersar o levantar los campamentos de los migrantes; el discurso del Instituto Nacional de Migración es tan trillada que ya no les creen.

El sábado 11 de noviembre, el INM realizó el primer desalojo durante el segundo operativo en el campamento localizado en Insurgentes Norte y calle La Fortuna, cerca de la estación Potrero de la Línea 3 (Indios Verdes-Universidad).

“Los vamos a llevar a otro albergue donde van a estar más cómodo y accesible para hacer su trámite” engañó un trabajador del INM el 20 de mayo de 2023, cuando se llevaron a los migrantes a base de mentira de la Plaza Giordano Bruno.

Ese día, Tatyi Savi preguntó a los funcionarios del INM: “Todos los refugiados, serán llevados a los estados de Chiapas y Tabasco en autobuses, para que estén más seguro y en condiciones favorable”.

En estos operativos, los migrantes desconfían del INM porque temen que las familias sean separadas.

El INM siempre repite el mismo lenguaje cuando desaloja a los migrantes: “No había que sentirse mal pues solo se trata de un rescate humanitario, porque el lugar donde estaban viviendo no está en condiciones decentes”.

Otro operativo antimigrante fue el de la Central de Autobuses del Norte, donde el INM llegó con la policía capitalina a desalojar al campamento de forma violenta. Los uniformados destruyeron las casas de campaña.

Hasta ahora, se desconoce el paradero de todos los migrantes que fueron desalojados de sus campamentos en la Ciudad de México, se presume que el INM los trasladó a Villahermosa, Tabasco.

Así las cosas, la política migratoria del gobierno mexicano es cada vez más inhumana con los centroamericanos y caribeños, mientras que a la migración blanca los recibe con los brazos abiertos, aunque vengan con la máscara desarrollista, cuando son solo destructores del medio ambiente.

Ante esta crisis, la sociedad civil tiene que salir a la calle a demandar una política migratoria más abierta y humana, para que nadie sea rechazado por su condición de piel, nacionalidad, lengua o religión. Pugnemos por una migración más justa.